Argentina: Vigilia, conmemoración y pedido de libertad a 5 años de la masacre de Curuguaty (Paraguay)

Por Sebastián Polischuk, 15 junio 2017.-Este jueves 15 de junio se realizó en Buenos Aires un importante acto en conmemoración a las víctimas y pedido de libertad de las y los campesinos condenados por aquella masacre ocurrida hace 5 años en la que fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías en la “Masacre de Curuguaty” (Paraguay). Este grave hecho represivo fue utilizado como excusa para derrocar al cada vez más débil gobierno de Fernando Lugo.

El acto organizado por el Movimiento 138, el Partido Comunista Paraguayo y la Asamblea de Inmigrantes Paraguayos en Argentina, y bajo el apoyo de innumerables organizaciones y personalidades, contó con la presencia de Adalberto Castro, uno de los campesinos que fue condenado sin pruebas, a cuatro años de prisión (ya cumplidos) por aquel hecho.

En la actividad se realizó una obra teatral que ilustra aspectos de aquella masacre, además intervinieron artistas  comprometidos con las luchas sociales, y por último se efectuó una vigilia por este hecho tan cruel e injusto contra el pueblo paraguayo y latinoamericano.

¿Qué pasó en Curuguaty y cómo fue el juicio que condenó a las y los campesinos?

Por aquel entonces, cerca de 60 campesinos y campesinas se encontraban reclamando un derecho tan postergado como es el acceso a la tierra, que los llevó a ocupar los territorios de Marina Kue en Curuguaty que estaban destinados (según el propio Estado) para la reforma agraria, pero en donde uno de los mayores empresarios rurales de Paraguay y ex dirigente del Partido Colorado, Blas Riquelme se los adjudicaba. Riquelme contaba ya con un prontuario por ocupar tierras ilegales durante la dictadura de Alfredo Stroessner .

El 11 de julio del 2016 la justicia paraguaya los condenó con penas entre 4 y 35 años de prisión, bajo la hipótesis de que las y los 60 campesinos organizados en una comisión que para el tribunal es una organización criminal, le hicieron una emboscada a 320 policías que los habían cercado para intentar desalojarlos. Se los acusaba de ocupar un territorio que según el mismo tribunal que los condenó, le pertenecía a Campos Morombí (empresa de Blas Riquelme). Lo concreto es que según el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) -organismo a cargo de llevar la regulación y control de tierras- que ya se había pronunciado, afirmaba que los territorios de Marina Kue (Curuguaty) pertenecen al Estado y destinados a la reforma agraria e inclusive hay firmado un decreto (decreto N° 3.532) que confirma esto mismo.

El juicio desde el comienzo estuvo plagado de irregularidades, bajo la complicidad también estatal y empresarial de condenar a todo aquel o aquella que reclame por sus derechos a la vida y la tierra y cuestione el statu quo de la sociedad dominante, en un país que cuenta con una fuerte concentración de tierras, donde el 2,5% de la población tiene el 85% de del territorio y que se acentúa día a día debido al modelo agro exportador sojero.

En ningún momento la justicia paraguaya se dispuso a indagar sobre la pertenencia de esas tierras y jamás acusó a policías, empresarios y políticos,  solo se acusó y condenó de antemano a las y los campesinos que reclamaban por la tierra, intentando tramitarla hace ya varios años. En referencia a esto, se agrega que una vez concluida la masacre, fueron asesinados dos campesinos que tenían un rol central a la hora de llevar a cabo estudios sobre el origen de esas tierras en Curuguaty, con importante documentación y la realización de trámites para acceder a ellas en el marco de la tan postergada reforma agraria. Estos campesinos asesinados fueron Vidal Vega de la Comisión Vecinal Naranjaty y Sixto Pérez asesinados en septiembre y diciembre de ese año 2012.

Durante el juicio y antes del mismo la justicia se predispuso a rechazar todo tipo de pruebas que incriminen a la policía y empresarios. Ejemplo de ellos son  las fotografías que demostraban la presencia de un gran operativo en el que había hasta francotiradores, tampoco se pronunció sobre la gran cantidad de armas de guerra de las que solo podían tener acceso la propia policía, ni siquiera indagó o se predispuso a buscar las filmaciones del helicóptero que sobrevoló la zona durante la masacre. Y desde ya al momento de ir al lugar para reconstruir los hechos no se permitieron recolectar los numerosos casquillos de balas que todavía permanecían en ese sitio.

Además se constata que el operativo de 320 policías, fue llevado a cabo por las Fuerzas Públicas del Paraguay, entre ellas la GEO (Grupo Especial de Operaciones) y la FOPE (Fuerza Operativa Policial Especializada) y que contó con la presencia de francotiradores, que asesinaron a sus propios compañeros para iniciar la masacre, según lo constata las fotografías y hasta la contradicción de los propios testigos de las fuerzas.

Pero además la propia fiscalía jamás pudo mencionar y comprobar con nombres y apellidos qué campesinos mataron a tal o cual policía.

Jalil Rachid, es uno de los principales fiscales de este juicio. Este personaje, afin al gobierno que ejerció como viceministro de seguridad, recientemente se postuló para el cargo de Fiscal General de la Nación, Rachid ha tenido fuertes vínculos con la familia Blas Riquelme,  y su padre Bader junto con Riquelme fueron denunciados por apropiarse de tierras fiscales durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

En cuanto a los jueces del tribunal de la causa, uno de ellos es Ramón Trinidad Zeleya, que tiene un prontuario de denuncias por corrupción, ya que liberó a narcotraficantes y recibió coimas en 2007.

Como si esto no bastase, el presidente Horacio Cartes y varios congresistas avalaron la maniobra hecha ley en la que se acepta una supuesta donación de esas tierras de Marina Kué, por parte de la empresa Campos Morombi, para que se destinen a la creación de una reserva forestal, medida cuya intención es adueñarse de las mismas y evitar su reconocimiento para la reforma agraria.

A pesar de tantas injusticia la lucha por la tierra, igualdad y libertad continúa

Todo lo ocurrido es una muestra más de la realidad que vive el pueblo paraguayo, al igual que las penurias que soportan las presas y presos, como es el caso de Rubén Villalba (preso por Curuguaty) o  los 6 campesinos que fueron extraditados desde Argentina.  Ninguno de ellos o ellas, en las peores condiciones carcelarias, jamás se rinden y bajan los brazos. Siguen creyendo en la necesidad de dar la batalla  por la igualdad social, la libertad de nuestro pueblos y una verdadera y real distribución de la tierra.

 

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login