El delegado de los colectiveros de Córdoba, Marcelo Marín, reveló que el intendente Ramón Mestre, quien militarizó el conflicto, pertenece a la parte empresaria, según los datos que aportó el ministerio de Trabajo.
“Según lo que pudimos averiguar por el ministerio de Trabajo, Mestre es dueño de las empresas, es parte interesada del conflicto. Al ser parte de las empresas, él debe colaborar un poco con los trabajadores”, dijo en una entrevista Marín, a los conductores de “Maldita Suerte” de FMLa Patriada.
“Existe un audio dónde el ministro de Trabajo de Córdoba, el señor Omar Sereno y dice ‘hay empresas que son de Mestre, él trajo unidades de Corrientes y de Santa Fe. Perdonen pero yo no puedo hacer nada’“, amplió el delegado.
Los choferes del servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba realizan hoy el octavo día consecutivo de paro, en rechazo al acuerdo salarial nacional del 21%.
Mestre dispuso militarizar el transporte para reprimir la lucha de los trabajadores con el llamado “Plan de Emergencia” que comenzó a funcionar a las 7 de la mañana con unos 150 colectivos en los corredores troncales, alrededor de un 15% de los 800 coches que circulan los días normales.
Denuncian a las patotas de la UTA
“Estamos abiertos a la negociación. El otro día teníamos todo arreglado entre las partes y vino Roberto Fernandez de la UTA, como si fuera un patrón de estancia por la forma en la que se maneja y dijo: no voy a avalar cinco mil pesos de futuros aumentos, no los pagaba él, los pagaba la empresa. Ahí se truncó la negociación. A partir de esa fecha, hace tres días, nos ofrecen cosas peores a las que habíamos arreglado antes”, amplió el sindicalísta.
“Lo único que hace Fernandez es traer patotas de la UTA para que golpeen a los compañeros, no les importa nada. Lo único que le interesa es estar bien con los empresarios, tratar de conseguir más subsidios para los empresarios. Los empresarios aprovecharon siete mil millones de pesos en subsidios en Córdoba, y no son capaces de invertir en unidades nuevas, de volcar algo de esa parte para los trabajadores”, denució.
Marín consideró “demente” el plan de emergencia implementado por el municipio y ratificó las medidas de fuerza hasta tanto haya una propuesta que se acerque a sus reclamos, que puntualmente es el rechazo al 21% acordado por UTA nacional y exigen para Córdoba un 32,5% y la normalización de la UTA local que se encuentra intervenida desde el año pasado.
“Están tirando nafta al fuego. Van a salir a las calles 38 gremios que nos respaldan”, dijo Marín esta mañana y advirtió que la ciudad va a ser un “caos”, al redoblar la apuesta y dejando en claro que no van a ceder en sus reclamos.
El conflicto comenzó a gestarse el 2 de junio último con diversas asambleas y la madrugada del lunes 5 arrancó el paro total de actividades, que se continúa ininterrumpidamente desde entonces y alcanza a Aucor, Coniferal, Ersa y trolebuses Tamse, las cuatro empresas que prestan el servicio urbano de pasajeros en la capital cordobesa.
La complicidad de Schiaretti
El Gobierno provincial respaldó la decisión anunciada por el intendente capitalino, Ramón Mestre, de impulsar una consulta popular para que los ciudadanos se expidan si están de acuerdo o no con pagar un boleto más caro a partir del aumento salarial del 32,5% que están pidiendo los choferes, sin atender los argumentos sindicales sobre la capacidad de las empresas del sector para absorber el incremento.
Asimismo, se conoció que desde el Poder Ejecutivo provincial se elabora un proyecto de ley, que en el curso de esta semana podría ingresar a la Legislatura unicameral, para regular las huelgas en los servicios públicos, que incluye el transporte de pasajeros, a los efectos de establecer la obligatoriedad de las guardias mínimas en los conflictos gremiales.
Mientras tanto, la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), emitió un nuevo comunicado advirtiendo a los choferes que “quedarán fuera de la cobertura gremial” si persisten con el no acatamiento de las directivas del sindicato en deponer las medidas de fuerza, y también reiteró el “rechazo” a las medidas adoptada por el sector en Córdoba.
El gobierno elige la militarización de los servicios
Este lunes se implementó, además, el sistema de transporte alternativo gratuito en la ciudad de Córdoba, después de que la Municipalidad dispusiera un plan de contingencia para paliar los efectos del paro de transporte urbano de pasajeros.
Según Cadena3, esta mañana hubo al menos dos incidentes: un coche de la línea Ersa sufrió la pinchadura de un neumático y choferes que protestaban increparon a un conductor de un colectivo de Aucor. En este caso, intervino la Policía para calmar los ánimos.
El plan consiste en la circulación de alrededor de 160 colectivos, custodiados por fuerzas de seguridad, en los nueve corredores centrales y con viajes gratuitos.
El comisario Jorge Gómez dijo a Cadena 3: “Se dispusieron 600 efectivos de la Policía de Córdoba para el operativo; 400 gendarmes y 50 policías federales”.
“Trabajamos con un binomio de gendarmes arriba de los colectivos más una dupla de motos que acompañarán a líneas troncales”, indicó.
Y agregó: “Tendremos corredores seguros, habrá gente de Infantería y móviles no identificados con gente de Investigaciones para minimizar el vandalismo y las agresiones”.“Les pedimos responsabilidad a los dirigentes gremiales, queremos mantener la tranquilidad y la paz social”, expresó.
Por otra parte, la Municipalidad abrió un registro para quienes deseen poner a disposición sus vehículos para realizar los recorridos troncales. Los interesados deberán inscribirse en el cuarto piso del Palacio 6 de Julio, donde se les dará una identificación.
A su vez, los colectivos interurbanos estarán autorizados a parar en la ciudad y a subir pasajeros, pero cobrarán el boleto.
Cabe recordar que en la medianoche del viernes pasado, la UTA firmó un acuerdo con la Municipalidad y los empresarios para adelantarles el pago de un bono, para marcha atrás con los despidos y para que no les descuenten los días (unos 11.000 pesos). Pero los delegados entienden que todos los puntos son “a conversar” y los rechazan.
En medio de la crisis, los gremios de la CGT Rodríguez Peña, liderada por el kirchnerista Mauricio Saillén, analizan las claves para decretar un posible paro provincial.
Los choferes cordobeses reclaman la reapertura de la paritaria nacional, disconformes con el 21% acordado, pero la propuesta fue rechaza por la UTA nacional que sólo planteó la posibilidad del adelanto del pago del bono de 5800 pesos (les darían 350 pesos más). En octubre y en enero, la UTA nacional discute la cláusula gatillo.
El burócrata sindical Roberto Fernández, secretario de UTA nacional (muy criticado por la delegación cordobesa del gremio), se manifestó “muy angustiado” por la situación vivida en esta ciudad. Emitió un comunicado instando a acatar la conciliación obligatoria y respaldó al interventor de la filial local, Luis Arcando, y al secretario de Interior Jorge Kiener, quien actuó como mediador.
Respecto de los 82 choferes despedidos, indicó “sólo nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete la autoridad y la ley”.
Rubén “el Pollo” Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria, encabezó el viernes pasado un piquete en la puerta de la UTA cordobesa y acusó a la dirigencia gremial nacional de no querer llegar a un acuerdo y prometió regresar con más sindicatos.
# “Es el peor rostro de la política sumado a lo peor del gremialismo”
El intendente Ramón Mestre culpó a sectores gremiales, la izquierda y al kirchnerismo de alentar el “conflicto ilegal” del transporte urbano de pasajeros en Córdoba.
“Es el peor rostro de la política sumado a lo peor del gremialismo”, dijo Mestre a radio Mitre Córdoba, según publica La Voz.
El intendente anunció que se están sumando nuevos choferes al esquema de emergencia y que se incorporaron otras 40 unidades, con lo cual –según Mestre– ya son 200 los colectivos circulando.
Mestre reiteró que el conflicto es “ilegal” y ratificó los despidos. “Hemos sido muy respetuosos, le dijimos que vuelvan a trabajar, se cumplieron todos los pasos, insistimos en dialogar a pesar de la ilegalidad. Se dialogó todo el fin de semana y siguen en la ilegalidad”, explicó.
El intendente reiteró que la UTA Córdoba alcanzó un 120% de aumento salarial en tres años y que tiene una conducción “deslegitimada”.
“Necesitamos recuperar el estado de Derecho“, señaló. E insistió en la necesidad de una ley que declare al transporte urbano como servicio esencial.
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