Lógicamente no se ha conseguido todo, nadie podría pensar eso después de diez años de disputar una nueva forma de hacer política económica. Por ejemplo, entre los retos económicos para el nuevo Gobierno está superar el modelo primario exportador, así como diversificar la producción y los medios de producción. Esto nos deja aún a merced de la restricción externa, una economía sin soberanía monetaria y muy vivos los intereses rentistas hacia la importación. En este escenario, los objetivos a corto plazo del nuevo gobierno son dos: (I) alcanzar un delicado equilibrio fiscal que precautele la inversión social y no contraiga la economía y (II) dinamizar la inversión privada para impulsar el empleo y la generación de actividad económica.
Para alcanzar estos objetivos hay dos caminos posibles: asumir que el Estado es el problema o, por el contrario, convencerse, nuevamente, de que éste es la solución. La elección del camino marcará la ruta de soluciones. Hay que estar convencido que la ambivalencia (la tercera vía) no es la mejor opción; la supuesta solución salomónica, que se suele alcanzar cuando se buscan acuerdos amplios con todos los sectores, corre el riesgo de terminar siendo una economía diseñada para aquellos que ostentan el poder económico. La economía es un juego de suma cero, y por tanto, las líneas rojas deben ser planteadas antes de sentarse a la mesa a negociar.
Objetivo I: solvencia fiscal
El objetivo consta de dos pasos. En forma de preguntas a responder se debe dilucidar, en primer lugar, cómo generar suficientes ingresos para garantizar un equilibrio de largo plazo que frene el endeudamiento externo; y , en segundo lugar, cómo hacer más efectivo al gasto para no caer en la austeridad que nos arrastre al círculo vicioso de ajuste, desaceleración, mayor déficit y por ende mayor ajuste.
Este difícil equilibrio se logrará si dejamos de crear un enemigo ficticio como lo han hecho con los impuestos. Durante diez años, los impuestos han sido el centro del ataque mediático, siendo los últimos tres años en los que más se han recrudecido los ataques. Es cierto que el número de reformas han inducido un ambiente de zozobra, pues se pudieron hacer los mismos cambios recurriendo menos veces a la Asamblea. Sin embargo, la falaz afirmación que los impuestos frenan la inversión y que si reducimos impuestos la actividad económica florecerá, es una postura ideológica disfrazada de un fuselaje supuestamente científico. Resulta dramático ver como reviven anacrónicas teorías, como la Curva de Laffer, para argumentar la necesidad de una reducción de los impuestos. Lo único cierto es que están disfrazando ideología detrás de supuesta ciencia. No existe evidencia práctica que confirme la realidad inducida de tal teoría. De hecho, los expertos internacionales cada vez más ven a la Curva de Laffer como una teoría caduca que se usa todavía en un terreno ideológico, mas no en el campo científico.
En todo caso, si tal Curva fuese representación de la realidad, entonces Ecuador y América Latina deberían ser los países más industrializados del mundo. Históricamente la región mantiene una presión tributaria notoriamente inferior a los países desarrollados, por ende, si la Curva de Laffer fuese cierta, América Latina debería estar capturando las inversiones que se dirigen a los países centrales de la economía-mundo y experimentando tasas de crecimiento del producto notoriamente superiores a las registradas.
Por ejemplo, Ecuador durante los años 80 y 90 vivió la desregulación financiera, laboral y ambiental. A pesar de esto, la inversión extranjera nunca ingresó y la inversión doméstica no transformó la matriz productiva. Entre los años ’70 y ’90 la capacidad de erosionar al sistema tributario dejaba a Ecuador como un país de baja o nula imposición, sin embargo ¿dónde están las inversiones fruto de los regímenes tributarios “propicios” para la inversión?. De hecho, toda la inversión se dirigió a sectores de explotación de recursos naturales, tal cual como la teoría keynesiana del acelerador lo predice: la inversión se dirige donde existe una tasa de rentabilidad adecuada con un conjunto de condiciones de mercado (demanda agregada robusta) que favorecen las expectativas de los empresarios.
En este sentido, el petróleo es rentable -demanda internacional- y por ende históricamente la IED que ingresó a Ecuador está focalizada en ese sector. Incluso, no todo ha sido réditos positivos para el país, las inversiones petroleras ahondaron la matriz extractivista, favorecieron el rentismo importador y se convirtieron en una especie de pesticida para otro tipo de inversión productiva en sectores industriales. Sin embargo, los analistas siguen invocando a la inversión extranjera directa como una deidad que sólo espera nuestro buen comportamiento para aparecer milagrosamente. Basta de falacias entorno a los impuestos y la inversión, los impuestos son el único camino verdadero a la prosperidad. En términos contables, los impuestos que recolecta el Estado y los regresa al torrente económico tienen un efecto multiplicador mucho más grande que lo que en el corto plazo puede estar generando la ganancia privada, la cual, históricamente ha sido destinada a la importación o a la acumulación de capitales ecuatorianos en bancos extranjeros.
La otra vertiente del ataque es la denuncia sistemática al Estado obeso como el artífice de la crisis. En un informe previo en CELAG[1] demostramos como desde un enfoque netamente contable el gasto público tiene dos posibles receptores: el sector privado (doméstico) y/o el sector externo (el resto del mundo) que se benefician de nuestro déficit/superávit comercial. Es decir, el tan satanizado déficit fiscal no es más que el superávit del sector privado. Si llevamos esta identidad contable al plano de la economía política, lo que ocurre es que los que se quejan del gasto y la inversión pública, en realidad son aquellos que se han beneficiado de él. Lógicamente existe un interés de fondo: el gasto público debe ser pagado con impuestos, que por primera vez fueron pagados por los más ricos. De ahí el gran ataque a los impuestos y la debilidad que enfrenta el nuevo gobierno en materia fiscal.
Las líneas rojas están expuestas, la negociación debe centrarse en aspectos que sin duda pueden ser mejorados. Es necesario una apuesta por la simplificación, la facilitación de trámites y el apoyo a inversiones conjuntas para reducir la presión fiscal indirecta o costo de cumplimiento de la regulación.
Objetivo II: dinamizar la inversión
Este segundo objetivo se articula con los argumentos ya expuestos. Si el gobierno se distrae y considera que la reducción de impuestos estimulará la inversión y el empleo, entonces podremos caer en una economía del desastre social. Por el contrario, si se buscan planes para apuntalar los ingresos públicos y el Estado lleva a cabo una política fiscal contracíclica que fortalezca la demanda agregada y con ello mejoren las expectativas de los empresarios, entonces el Estado demostrará de nuevo que es la solución.
Por el lado de los ingresos se debe atacar la evasión de impuestos y el contrabando como los principales escollos en el desbalance de la brecha fiscal y la brecha comercial. Un plan integral de lucha contra la evasión entre las dos admiraciones de tributos debe ser parte de la solución que recupere ingresos públicos para ser canalizados nuevamente a la inversión pública
Es fundamental estudiar qué gasto público es el que mayores encadenamientos genera para construir una apuesta de inversión pública de corto plazo. Con los ingresos garantizados y con una apuesta por el gasto más dinamizador, se debe apalancar un plan de inversiones públicas que mantengan el empleo. La obra pública es un camino ya transitado que debe ser redefinido: pasar de infraestructura básica (carreteras, hidroeléctricas, refinerías, etc.), hacia obra que facilite la producción agrícola y la pequeña y mediana empresa. La agenda de producción debe romper con la lógica de subsidios -incentivos- tributarios y pensar en gasto público directo. No hay evidencia internacional que demuestre que los incentivos tributarios estén dinamizando la inversión. Después de diez años hay suficiente evidencia que confirma la poca o nula efectividad de esta política en Ecuador. Es importante incurrir en gasto público directo que, en términos contables, es equivalente a un subsidio tributario (también conocido como Gasto Tributario).
La inversión privada necesita crédito verdaderamente barato, no a las tasas a las que prestan hoy la banca a pequeños y medianos emprendedores. Las empresas buscan para invertir una rentabilidad esperada, la cual no es una realidad para muchas empresas en el país. El costo financiero de los créditos traslada la rentabilidad de la empresa al sistema financiero, estrangulado la inversión y el empleo. ¿Por qué los gremios empresariales no atacan el verdadero problema del crédito y, por el contrario, dirigen todo su esfuerzo a desprestigiar a los impuestos? Una verdadera agenda de inversión consiste en garantizar rentabilidad reduciendo los costos financieros, no exoneración de impuestos para alimentar ganancias rentistas.
Nota:
[1] Oliva, N. (2017). Desmitificando el ahorro: hacia una economía del Pleno Empleo http://www.celag.org/informe-celag-desmitificando-el-ahorro-hacia-una-economia-del-pleno-empleo/
Acerca del autor Nicolás Oliva:
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