por María Domínguez/ Resumen Latinoamericano/ 17 de mayo 2017 .-

Las estudiantes que se animan a denunciar a sus profesores se enfrentan a una trinidad de impunidad de Estado, Iglesia Católica y academia

El profesor insistía a Belén Whittingslow, su estudiante, para que se encontraran. Le sugería que se vistiera con un uniforme de jugadora de hockey para ir a verle. Decía que le parecía sexy. Whittingslow rechazaba los encuentros y le pedía que solo fueran amigos. «Ofrecerle amistad a quien pide amor es como solo darle un beso en la mejilla a quien quiere cogerte salvajemente contra la pared», le respondía Cristian Kriskovich, un abogado blindado con poder que enseña Derecho en la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» (UCA), una de las más prestigiosas de Paraguay y donde el acoso a las universitarias es un secreto a voces.

Este fue uno de los más de 1.600 mensajes de Whatsapp que Whittingslow recibió hasta octubre de 2014 de parte de Kriskovich. Sus mensajes se volvieron más insistentes cuando el docente le contó a Whittingslow que su nombre aparecía en una lista de alumnos acusados de haber pagado a sus profesores para obtener buenas calificaciones. Ella cuenta que fue Kriskovich quien alteró sus notas. «Yo no podía presentarme a los exámenes de las tres materias que me faltaban para terminar la carrera porque figuraba que ya las tenía aprobadas. Fue él quien firmó y pagó mi título de Licenciada en Derecho sin que yo lo supiera», dice.

Kriskovich le creaba problemas para después ofrecerle las soluciones. Pero Whittingslow le rehuía. «La verdad que creo que te escondiste hoy. ¿No te gustó verme? ¿Te latía más fuerte el corazón? Te diste la vuelta y te fuiste. Y yo quería saludarte. Estás más flaca. Linda. ¿Por qué me tenés miedo? Y digamos que los dos somos famosos. Y yo te protejo y vos no me amás», le escribió Kriskovich en agosto. Según la copia de los chats de Whatsapp entre ambos que Whittingslow conserva impresa.

Pese a que Kriskovich había admitido que envió mensajes a Belén Whittingslow, el fiscal decidió no hacer el peritaje de su teléfono celular. Para él, el docente «cortejó y galanteó» a la estudiante, y no había delito alguno que investigar.

Whittingslow lo denunció cuando se enteró de que en un claustro de profesores, él afirmó que ambos mantenían una relación. La Fiscalía, que tomó el testimonio de ella y los mensajes que había recibido, vio indicios de acoso sexual. Tras varios cambios de fiscales, el caso llegó al fiscal Fabián Centurión, quien desestimó la denuncia. Pese a que Kriskovich había admitido que envió mensajes a Whittingslow, el fiscal decidió no hacer el peritaje de su teléfono celular. Para él, el docente «cortejó y galanteó» a Whittingslow y no había delito alguno que investigar.

Un día después de que el fiscal Centurión desestimara la denuncia, Whittingslow fue imputada por presunta compra de notas. El resto de los estudiantes acusados por este hecho —que se convirtió en un escándalo mediático— habían sido imputados un año atrás.

Un total de 41 estudiantes acusados de pagar por sus calificaciones fueron expulsados de la UCA, incluida Whittingslow. La mayoría de ellos reconocieron los hechos, pidieron perdón, realizaron trabajos sociales y pudieron continuar sus estudios en la Universidad Americana. Ella fue la única que se negó a admitir algo que no había hecho. También fue la única que denunció a Kriskovich.

«Ya no pude matricularme en otra universidad, tuve que terminar la carrera en el interior. Perdí otros tres años. Durante mucho tiempo tuve miedo de salir a la calle, y ni siquiera ahora puedo leer algo que haya dicho Kriskovich. En este tiempo engordé 28 kilos y tuve un prolapso en una válvula del corazón. Ni a mi peor enemigo le deseo pasar por esto», cuenta Whittingslow.

Kriskovich le pide ahora 450.000 dólares por daños a su imagen. Ella dice que al menos tres de sus compañeras que también fueron expulsadas por el caso de compra de notas son inocentes, pero fueron imputadas tras negarse a tener sexo con Kriskovich. «Imaginate lo que cuesta pagar a los abogados durante todo este tiempo. Hay muchas compañeras que son del interior, que son becadas, y no van a tener la plata para ir a juicio», dice Whittingslow. También opina que ellas querían ahorrarse el martirio que vive Whittingslow por enfrentar en los juzgados a un hombre con el poder de Kriskovich.

ESTADO, IGLESIA Y ACADEMIA: UN PACTO DE IMPUNIDAD PARA EL ACOSO

Además de docente, Cristian Kriskovich tiene estrechos vínculos con la Iglesia Católica y es un abogado influyente en el Poder Judicial. Ha ejercido como asesor de la Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia (Fedavifa), que nuclea a grupos de presión católicos.

En el caso de Belén Whittingslow, la Iglesia cerró filas en torno a él. Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción y máxima autoridad de la UCA que ejerce como puente entre la Universidad y la jerarquía eclesiástica, fue el primero en proteger a Kriskovich. Ella cuenta cómo Valenzuela, en una reunión privada, la presionó para que retirara la demanda contra el profesor. A cambio de su silencio, le ofreció un acuerdo económico.

Kriskovich además forma parte del órgano encargado de juzgar a los jueces acusados de delitos o de mal desempeño de sus funciones: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; y es miembro del Consejo de la Magistratura, institución que elige jueces y fiscales en Paraguay.

Durante el juramento de Kriskovich en su cargo en dentro del Consejo de la Magistratura, a comienzos de marzo de este año, varios senadores abandonaron la sala de sesiones en repudio a las acusaciones por acoso sexual a Belén Whittingslow. Cinco días después, el Consejo de la UCA reiteró su respaldo a Kriskovich. Este Consejo está compuesto por varias figuras, entre ellas el arzobispo Valenzuela; el rector de la UCA, presbítero Narciso Velázquez; y tres consejeros asesores. Uno de estos es César Ruffinelli, socio de Kriskovich en el estudio jurídico de Marcelino Gauto.

«A la Iglesia le interesa tener a un representante dentro del Poder Judicial, a través de la Universidad Católica, para que no se juzguen delitos que involucran a curas, incluidos los casos de pedofilia y abusos sexuales. Por eso mantienen a Kriskovich en la Universidad», denuncia Juan Martín Barba, abogado de Whittingslow.

Los miembros del Consejo repitieron lo que ya había dicho la Fiscalía: que los hechos de supuesto acoso fueron investigados, que los mismos no constituyen delito y que la denuncia debía ser desestimada.

«A la Iglesia le interesa tener a un representante dentro del Poder Judicial, a través de la Universidad Católica, para que no se juzguen delitos que involucran a curas, incluidos los casos de pedofilia y abusos sexuales. Por eso mantienen a Kriskovich en la Universidad», denuncia Juan Martín Barba, abogado de Whittingslow.

Barba también cree que la presencia de Kriskovich en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento le garantiza la impunidad. «¿Qué fiscal o juez va a querer juzgar a su jefe?», dice.

Actualmente, Kriskovich es miembro del Consejo de la Magistratura, que tiene la atribución de elegir al nuevo Fiscal General del Estado.

UNA CUOTA DIARIA DE ACOSO PARA LAS UNIVERSITARIAS

En la UCA, el acoso a estudiantes es un secreto a voces. «A menudo no es percibido como violencia. Está naturalizado tanto por las víctimas como por los acosadores. Ellas perciben que acosar es parte de la cuota de poder que tienen los docentes», explica Ana Portillo, quien fue docente de un seminario de género en la UCA en 2016.

Portillo propuso a las estudiantes del seminario el ejercicio de identificar las situaciones sexistas que eran cotidianas en la universidad. Las estudiantes contaron que cada día, al ir a clase, escuchaban comentarios machistas de parte de los profesores, en clave de burlas e insultos.

«¿En qué se parece una mujer a un asado? En que las dos sangran, se les da vuelta, y se les come», dijo un profesor de Epistemología. «Hoy es mi alumna, mañana puede ser mi amiga, y pasado mañana quién sabe», comentó un docente de Filosofía. «Chicas, chicas, dejen de tocarse que me están dando ideas», lo dijo un profesor de Introducción a la Teoría Social. Este último también es autor de frases como «si querés damos clase con las luces apagadas», «vi un lindo culo rengueando», o «¿te pusiste a pensar qué lindos hijos podríamos tener nosotros?».

Portillo dice que hay muchas barreras que impiden a una estudiante reconocerse como víctima de acoso y denunciarlo: la idea de que la responsabilidad de «frenar» a los docentes es de las estudiantes, el temor a manchar su reputación, el escaso apoyo de los compañeros, o incluso el hecho de que la mayor parte de las autoridades universitarias sean varones, y que por tal pueden ser cómplices del docente denunciado.

DOCENTES ACOSADORES EN UNA UNIVERSIDAD CÓMPLICE

«Qué sexy viniste hoy», «Sos linda pero estás gorda», o «Te hace falta una rutina de ejercicios» son algunas de las frases que escuchaba María Lidia Báez, estudiante de Ciencias Políticas de la UCA, de su profesor José Nicolás Morínigo. Era el año 2015, y al menos una vez por semana durante meses fue acosada por el docente.

A veces le hacía estos comentarios frente a todos sus compañeros; a veces, estando a solas. «Me sentía muy incómoda y muy invadida, desprotegida», dice Báez. «A veces también le justificaba al profe. Pensaba: ‘bueno, es que está viejito, es que es de otra generación’. Pero después la situación empezó a afectar a mi desempeño como estudiante», cuenta

«Tenía todos mis apuntes incompletos, porque casi no iba a sus clases. Y empecé a cuidar mi forma de vestir. Me preguntaba si era apropiada para la universidad, si la blusa no era demasiado escotada o mi ropa demasiado ajustada. Lo que más me afectó fue que me hizo sentir insegura de mi cuerpo, de mi identidad al vestirme. Supongo que las mujeres somos más sensibles a eso, porque tenemos más presión», dice.

Báez decidió presentar una nota denunciando el acoso que sufría por parte de un profesor ante la Universidad Católica, pero nunca obtuvo respuesta.

Báez era por entonces delegada de su curso. Cuando el profesor le hacía algún comentario, ella miraba a sus compañeros, pero no parecían molestos o sorprendidos. «Venimos de una carrera con mucha formación crítica, muy comprometida con la realidad. Yo pensaba que si mis compañeros eran tan críticos como yo, ¿por qué no veían mal esos comentarios? ¿Por qué no les afectaba?», relata. Varias veces le dijo a Morínigo que le molestaban esos comentarios. Él respondía: «No te enojes, solo es una broma».

Báez decidió presentar una nota denunciando la situación ante las autoridades de la universidad. «Yo pensaba que siendo delegada algo tenía que hacer, porque eso mismo les podía estar pasando a mis compañeras», dice. La nota fue recibida y le dijeron que sería tratada en el claustro de profesores, pero Báez nunca obtuvo respuesta.

La denuncia no tuvo efecto alguno, pero el tema del acoso en la universidad estaba dejando de ser un tabú. Báez compartió su denuncia con el seminario sobre género. Los comentarios del profesor formaron parte de una exposición pública en la facultad junto con otras expresiones machistas que las estudiantes recopilaron. Un tiempo después, Báez y Morínigo se cruzaron en una dependencia de la facultad. «Sigues muy linda, pero estás gordita. No vayas a empapelar la facultad con lo que te digo», le dijo Morínigo en aquel entonces.

A pesar de la impunidad, Báez cree que el acoso debe ser denunciado. «Si no denunciamos, es más fácil esconderlos y que pasen desapercibidos», dice. Ella admite que se animó a denunciar solo cuando Morínigo dejó de ser su profesor. «Fue todo un conflicto interno, porque él es un profesor de renombre, que tiene trabajos muy válidos, mucha producción, y yo tenía miedo de quedar marcada, de que me bajaran las calificaciones o el promedio».

Ante la falta de respuesta a las denuncias realizadas y de herramientas para reaccionar contra el acoso dentro de la universidad, las integrantes de aquel seminario sobre género realizado en la UCA en 2016 redactaron un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género. El borrador del protocolo se basa en normativas que ya poseen otras universidades en diferentes países del mundo, como la Universidad de la República de Uruguay. De 63 universidades de Latinoamérica consultadas en 2016 por el medio Distintas Latitudes, solo 12 cuentan con protocolos contra la violencia sexual.

En otra encuesta realizada por el mismo medio a 173 universitarios de 14 países, el 67% de ellos dijo que conocía al menos un caso de acoso sexual en su universidad.

Las estudiantes del seminario sobre género realizado en la UCA presentaron el borrador del protocolo al Rectorado para su estudio. Siguen esperando respuestas.

Foto: El borrador de un protocolo de prevención y atención a los casos de violencia de género fue elaborado y presentado en 2016 por las estudiantes a las autoridades de la UCA. Aún no tuvieron respuesta • Juanjo Ivaldi