Estado español. Salarios pierden, empresas ganan

Resumen Latinoamericano / Alberto del Pozo Sen. Miembro de Economistas Frente a la Crisis / 21 de abril de 2017

El titular resume muy sintéticamente la conclusión que puede extraerse del análisis de la distribución primaria de la renta a partir de los datos de la Contabilidad Nacional y de Eurostat, de manera muy clara desde el inicio de la crisis, pero apreciable desde algunos años antes. El impacto conjunto de la pérdida de empleo asalariado de 2009 a 2013 y de la devaluación salarial sufrida de 2010 a 2013 ha hecho que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país sean los perdedores de la crisis. Las empresas han aprovechado su capacidad de decisión -exacerbada por las medidas de la reforma laboral de 2012, que desequilibraron decisivamente la negociación colectiva a su favor- para trasladar buena parte de sus costes extraordinarios y la reducción de sus ingresos a sus empleados y empleadas.

Esto se ha traducido en un cuantioso trasvase de recursos de los asalariados a las empresas, que han aprovechado para reducir su elevado endeudamiento, mantener un notable flujo de reparto de dividendos y, en suma, recuperar de manera acelerada su nivel de beneficios anterior a la crisis (2008), superándolos incluso, mientras que la remuneración de los asalariados continúa bastante por debajo. Desde 2008 a 2016, las rentas de los asalariados han caído en 33.679 millones de euros (un 6,1%), mientras que los excedentes empresariales (de sociedades y de trabajadores por cuenta propia) han aumentado en 7.850 millones de euros (1,7%).

Este flujo monetario de las asalariadas y los asalariados a las empresas se refleja en la participación de cada renta sobre el conjunto de la renta nacional (PIB a coste de los factores), es decir, el reparto del valor de todo lo que se produce en España en un año entre empresas y trabajadores.

En los años de la crisis (2008 a 2013), con una fuerte destrucción de empleo y rebaja de salarios, los trabajadores perdieron 2,2 puntos de PIB, que ganaron los beneficios de las empresas[1]. Pero quizá resulta más llamativo lo que ha sucedido en los últimos tres años (2014-2016), en los que, a pesar de que el PIB ha crecido 8,6 puntos porcentuales en términos acumulados y el empleo asalariado ha aumentado en 1,2 millones de personas, la remuneración de asalariados apenas ha ganado participación en el reparto de la tarta de la riqueza nacional (solo tres décimas, del 52,4% al 52,7%). En 2016, incluso, el trozo de los asalariados y asalariadas ha vuelto a reducirse, en tres décimas de PIB. Esto se ha debido a que, aunque la remuneración de asalariados ha crecido un 3,1 en términos nominales, los excedentes empresariales lo han hecho aún más, un 4,4%. Parece que, cuando la economía va mal, las empresas se llevan más parte de la tarta, y cuando van bien… también. En total, de 2008 a 2016 los salarios han perdido 2,9 puntos porcentuales de peso sobre la Renta Nacional, del 54,6% al 52,7%).

Observando lo sucedido solo en las Sociedades No Financieras, aquellas empresas del sector privado con mayor relación con la economía real, y dejando aparte a empresarios o trabajadores autónomos, los resultados son similares. Incluso la pérdida de peso de las rentas salariales se extiende a un período mayor, y es más intensa. De 2008 a 2015 [2] la remuneración de los asalariados de estas sociedades ha caído en 44.699 millones de euros. En el mismo período, los beneficios de estas empresas no financieras han aumentado en 9.559 millones.

También se aprecia que los beneficios de estas empresas han ido apropiándose de una mayor parte de la riqueza nacional desde hace más años, comenzando su expansión ya en los años finales de la anterior fase expansiva: de 2006 a 2013 los beneficios de las sociedades pasaron de acaparar el 36,5% del Valor Añadido Bruto Total que generaban al 43,4%, casi siete puntos más. De 2013 a 2015, y a pesar de la creación de empleo en ambos años, la remuneración de asalariados tan solo ha recuperado medio punto porcentual (57,1%), pero su participación sigue estando 5,6 puntos porcentuales por debajo de la que tenía en 2006 (63,5%).

Según los datos de Eurostat, las sociedades no financieras españolas han sido las segundas de toda la UE que más han aumentado su participación en el valor añadido bruto que generan en el período 2007-2015, pasando de absorber el 37,7% al 42,6% (es decir, un aumento de 4,9 puntos porcentuales, que han perdido las rentas salariales).

El peso de los beneficios de estas empresas en España (42,6%) está por encima del que tienen en la media de la zona euro (40,6%) y en los principales países de la UE.

La Contabilidad Nacional también ofrece información sobre el reparto de dividendos en las sociedades no financieras, mostrando cómo se han mantenido en unos niveles muy notables incluso durante los peores años de la pasada crisis: el 43,1% del Excedente de Explotación Neto (EEN) de las empresas de media en el período 2008-2013. Incluso en 2013, el segundo peor año de la recesión tras 2009, el reparto de dividendos de las empresas supuso casi la mitad de su excedente neto, el 48,1%.

Es decir, que mientras las empresas llevaban a cabo un intenso ajuste de los costes laborales en nuestro país, (abaratamiento del factor trabajo) con el argumento de salvar la actividad y el empleo (algo que, a la vista de los datos, no lograron), los administradores, gestores y propietarios de esas mismas sociedades no consideraron oportuno renunciar a sus retribuciones y capitalizar más las empresas para poder afrontar en mejores condiciones las dificultades y los retos a los que se estaban enfrentando, como la lógica económica dictaba. Un comportamiento que se compadece mal con la rimbombante denominación de “emprendedores” que ahora se suele dar al empresariado, y que sin embargo encaja mejor con lo que se siempre se ha conocido como “rentistas”.

Los datos apuntan a que el recorte de los costes laborales se utilizó en parte para sostener el reparto de dividendos en las empresas, confirmando también por esta vía lo que muestran el resto de cifras: que las políticas de ajuste durante la crisis auspiciaron un cuantioso trasvase de rentas de los asalariados y asalariadas a los empresarios.

En los dos últimos años (2014 y 2015), ya con crecimiento económico, se ha elevado el porcentaje repartido por las empresas para retribuir a sus propietarios, superando la mitad de su beneficio neto.

En coherencia con todo lo anterior, la renta disponible de los hogares ha caído en España desde 2009, confirmando que la devaluación salarial y la precariedad laboral están teniendo un impacto decisivo sobre la renta de las familias, que son el motor esencial del crecimiento económico y una de las variables que mejor explican la evolución de la pobreza y la exclusión social del país. Según los datos de Eurostat, la renta disponible bruta per cápita en nuestro país ha descendido un 10,5% en términos reales de 2009 a 2015, la tercera mayor caída de toda la UE, tras las registradas en Grecia y Chipre.

La cuantiosa transferencia de rentas que se ha producido de la clase trabajadora asalariada a las empresas, sobre todo desde 2009, se ha debido a la gestión que se ha hecho de la crisis, y especialmente a dos circunstancias que se han superpuesto al impacto de la misma, pero que van más allá, y forman parte de las grandes disfunciones estructurales que posee nuestro país:

  • En primer lugar, la mala calidad del empleo, cada vez más precario, y los bajos salarios que lleva aparejado ese empleo inestable y de baja productividad. A la elevada temporalidad del empleo que ha caracterizado el marcado laboral español desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, las sucesivas reformas laborales han ido incrementando los grados de precariedad, hasta que definitivamente la reforma del Gobierno del PP de 2012 ha desquiciado las relaciones laborales de nuestro país, elevando hasta niveles desconocidos antes esa precariedad del empleo, y ha otorgado un poder desmesurado a los empresarios, deteriorando las condiciones de trabajo y degradando el salario.
  • En segundo lugar, un tradicional comportamiento de buena parte de las empresas de nuestro país centrado en la obtención de importantes beneficios a corto plazo y con una preocupante aversión al riesgo y a la innovación, amparado, de un lado, en situaciones de mercado con excesos de demanda o protegidos de la competencia, y de otro, en el bajo coste de la mano de obra y la excesiva flexibilidad de su uso, primando el recurso al despido y la rescisión de contratos como primera forma de ajuste en cuanto llegaban situaciones de dificultad económica o financiera.

Estas disfunciones estructurales hacen prever que el crecimiento económico actual, por sí solo, no vaya a lograr un reparto más equilibrado de la renta, muy necesario para consolidar el consumo de las familias y promover una mejora generalizada del nivel de bienestar de la ciudadanía. Se necesita del estímulo añadido de dos factores: de un lado, la actuación decidida del sector público, impulsando las condiciones idóneas para lograr un cambio de modelo productivo generador de empleo de calidad, mejorando la cobertura del sistema de protección social y reformando el sistema fiscal para hacerlo más redistributivo; de otro lado, reequilibrando las fuerzas de empresas y sindicatos en negociación colectiva, para posibilitar que los salarios determinados en la misma logren ganancias de poder de compra y se beneficien de los aumentos de productividad generados cuando la economía crece, como ahora.

[1] El PIB a coste de factores se reparte entre la Remuneración de Asalariados y el Excedente de Explotación Bruto (de empresas)/Rentas mixtas (de trabajadores por cuenta propia), con lo que las variaciones de una de las rentas supone una variación igual en magnitud y de signo contrario de la otra.

[2] A cierre de estas notas, los datos de 2016 solo están disponibles hasta el tercer trimestre del año.

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