Resumen Latinoamericano/ALBACIUDAD-AVN, 1 de Abril 2017.

TSJ elimina de las sentencias los párrafos que la oposición calificaba como “autogolpe”

Este sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está publicando “sendas sentencias aclaratorias”, con los números 157 y 158, en las que suprimen los puntos controversiales de las sentencias 155 y 156, emitidas el martes y miércoles pasado, respectivamente, que generaron una fuerte controversia en el país en torno a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, el otorgamiento de atribuciones especiales al Presidente de la República, y la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de asumir competencias del Parlamento en vista de su condición de desacato. La ficha de la sentencia indica que el punto 4.4 de la sentencia 156, la cautelar 5.1.1 de la sentencia 155 y el punto sobre la inmunidad parlamentaria quedan suprimidos.

Las sentencias aún no han sido publicadas en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, que para el momento de redactar esta nota se encontra en mantenimiento. Sin embargo, la ficha sí está publicada en la página historico.tsj.gob.ve.

En ella se señalan dos nuevas sentencias de la Sala Constitucional:

Nueva sentencia 158 sobre las competencias parlamentarias

La sentencia 158 “aclara de Oficio la sentencia N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime”.

El punto 4.4 que se suprimirá de la sentencia 156, es el que señala que:

“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Nueva sentencia 157 sobre inmunidad parlamentaria

El resumen de la sentencia 157 “aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo”.

El único párrafo de la sentencia 155 que menciona la inmunidad parlamentaria, señala que:

“Resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes)”.

Este párrafo sería suprimido.

Igualmente, se suprime la cautelar 5.1.1 de la sentencia 155, que “ordena”  al Presidente de la República:

“ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente”.

Estos puntos que se están eliminando, son los que numerosos sectores nacionales e internacionales han señalado de ser el causante de un supuesto “autogolpe” o “golpe de Estado”.

Comunicado

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, leyó este sábado al mediodía el siguiente comunicado, en el que reiteran que “no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado. Reconocen la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional”.

También explican que “es sólo responsabilidad del órgano legislativo” reasumir “el válido ejercicio legal y legítimo de sus competencias constitucionales, al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al estado de derecho”.

A continuación, el texto completo:

El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Junta Directiva, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica que lo rige, emite el presente comunicado a la opinión pública nacional e internacional:

El Tribunal Supremo de Justicia, apegado al principio constitucional de colaboración de las ramas del Poder Público en la realización de los fines del Estado, atiende el exhorto efectuado por el Consejo de Defensa de la Nación.

El Poder Judicial, en ejercicio de la función de la administración de justicia, que constituye potestad de emanación popular, garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, cumpliendo irreductiblemente con los mandatos previstos en los artículos 335 y 336 constitucional, que le atribuyen la facultad de ser el máximo y último interprete de la Constitución, correspondiéndole, entre otras atribuciones, resolver conflictos entre las distintas ramas del Poder Público y declarar la inconstitucionalidad de la omisión del poder legislativo municipal, estadal o nacional, para garantizar el funcionamiento del Estado.

El Tribunal Supremo de Justicia en su actuación jurisdiccional ha garantizado el Estado constitucional de derecho y el cumplimiento de los mandatos dados por la Carta Magna, y con ello contribuye a lograr el equilibrio entre las ramas del Poder Público, garantizando la gobernabilidad, el ejercicio de la soberanía nacional y la estabilidad democrática.

Las decisiones dictadas en resguardo del orden constitucional implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado venezolano y la protección del Pueblo Soberano, lo cual no puede verse afectado o alterado en ningún caso.

Las decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado. Reconocen la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional.

Es sólo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio legal y legítimo de sus competencias constitucionales, al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al estado de derecho.

El sistema de gobierno venezolano está formado por 5 poderes públicos nacionales, que funcionan de manera autónoma, y los conflictos que pudieran existir se resuelven atendiendo al ordenamiento constitucional.

Sin embargo, el Poder Judicial no mostrará pasividad ante los ataques que pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales, que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía nacional.

El TSJ, en consideración al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa Nacional, ha procedido a revisar las decisiones 155 y 156 mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, y en tal sentido, hoy son públicas y notorias sendas sentencias aclaratorias, que permiten sumar en lo didáctico y expresar cabalmente el espíritu democrático, constitucional, que sirve de fundamento a las decisiones de este máximo tribunal.

Desde el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en correspondencia con nuestro talante, ratificamos la disposición al diálogo nacional y la resolución de controversias entre las distintas ramas del Poder Público, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando la defensa de la Nación y la Constitución que el pueblo venezolano se dio para transitar el rumbo irrevocablemente que le corresponde a la Historia: ser soberana, libre e independiente.

Consejo de Defensa acuerda medidas para preservar la institucionalidad en el país

El Consejo de la Defensa de la Nación, convocado este viernes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, acordó una serie de acciones para preservar la institucionalidad de la República, tras un impasse entre el Poder Ciudadano y el Judicial.

“Hemos estado en sesión permanente del Consejo de Defensa de la Nación, fructífera sesión de deliberación, cumpliendo y haciendo cumplir el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 323, como mecanismo útil, pertinente, para el procesamiento de esta controversia que ha surgido, surgió y que rápidamente en la activación de este artículo hemos avanzado en importantes acuerdos y soluciones”, expresó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión.

El Consejo de Defensa de la Nación está conformado, además del jefe de Estado, por el vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, el ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, la ministra para el despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, así como el presidente del Poder Moral y Ciudadano, Tareck William Saab y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. También fue invitado el representante del Poder Legislativo, quien no acudió.

En su alocución, el Mandatario Nacional aclaró que estos acuerdos fueron alcanzados por unanimidad y en consulta con todos los integrantes del Poder Moral y Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República.

“Hemos llegado a un acuerdo de solución de esta controversia y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de la aclaratoria y las correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156 queda superado esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar por nuestra Constitución”, subrayó.

En el comunicado, leído por el vicepresidente El Aissami, el Consejo acordó lo siguiente:

El Consejo de Defensa de la Nación, debidamente convocado y presidido el día de hoy por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado, conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, en ocasión de la controversia surgida por la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido:

1. Ratificar que el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional es la sala competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes.

2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156, con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de Poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.

3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismo de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos.

4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda de soluciones para resolver, dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo, los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.

5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur, el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.

6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano.

La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto estado de derecho, no está discusión ni entredicho. Es muestra del Estado constitucional de derecho, de justicia social y paz, edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica, el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible.

En palabras de nuestro Libertador: “Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley”. Simón Bolívar

Canciller salvadoreño señala que secretario OEA “no tiene solvencia moral” para tratar el tema de Venezuela

Hugo Martínez acuerpó la decisión del Gobierno Sánchez Cerén de no intervenir en la crisis de Venezuela desde la OEA. Es “un asunto interno”, indicó el Canciller.

El ministro de Relaciones Exteriorex, Hugo Martínez, defendió la postura del Gobierno central de respetar la autonomía venezolana para resolver sus asuntos y de paso descalificó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por haber tomado partido en el tema.

Según Martínez, Almagro “no tiene solvencia moral” para llevar adelante la discusión, ya que se ha mostrado parcializado al momento de discutirse el tema dentro del organismo regional.

El canciller consideró que Almagro debe limitarse a su papel de “mediador”, para así garantizar el buen funcionamiento de la entidad que dirige.

Este martes, el Consejo Permanente de la OEA se reunió a petición de 18 países para evaluar la crisis en Venezuela. El Salvador -al igual que otras 10 naciones- mostró su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, primero negándose a abrir la orden del día y luego rechazando un informe de Almagro. Sin embargo, 20 países se mostraron a favor.

Este jueves, la situación en Venezuela dio un nuevo giro, luego que el máximo Tribunal de Justicia asumiera las responsabiliades del Congreso, luego que este fuera disuelto por Maduro.

Frente a esto, el secretario de la OEA reaccionó de form enérgica condenando la situación. Se refirió al tema como “el autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.

El titular del organismo indicó que la decisión del Tribunal Supremo de atribuirse las funciones del Poder Legislativo y la otra reciente de despojar la inmunidad a los parlamentarios son procedimientos que “no conocen de ninguna de las más elementales garantías de un debido proceso”.

Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció Almagro y resaltó que estas medidas “son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”.

Por ello, el uruguayo pidió con urgencia la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, resaltando que “se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017”.

Por ello, realizó un llamado a la región para asumir la restauración de la democracia. “Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política. La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo”, señaló.
Almagro también recordó que Venezuela, al adherirse a las normas internacionales regionales, está obligada a su cumplimiento. Entre ellas, repasó “el respeto a la separación de poderes como garantía ineludible para la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa del sistema democrático y del Estado de derecho”.

El argumento llega posterior al expuesto por el representante venezolano en la OEA, Samuel Moncada, quien había asegurado que la Constitución local está por encima de las normas del organismo.

Bolivia ratifica apoyo a Venezuela ante arremetida internacional de la derecha

El Estado Plurinacional de Bolivia se solidarizó este jueves con Venezuela ante la nueva arremetida internacional, promovida por ejes imperiales, que pretenden desestabilizar a la nación y acabar con la Revolución Bolivariana.

Mediante un comunicado, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en su portal web, el Gobierno de la nación suramericana manifestó que este tipo de acciones “atentan la unidad de Latinoamérica y El Caribe y responden a intereses extraterritoriales, con claros actos de injerencia que vulneran el Derecho Internacional y la convivencia pacífica entre países hermanos”.

En este sentido, la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, agradeció el apoyo y la solidaridad de Bolivia, ante los ataques imperiales, que pretende inmiscuirse en los asuntos internos del país.

A continuación el texto íntegro:

            ESTADO PLURINACIONAL
                                                                 DE BOLIVIA
                                         MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

                                                              COMUNICADO

                            Apoyo al Gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela  

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, expresa su solidaridad e incondicional apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela ante un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana.

Ese tipo de acciones solamente atentan la unidad de Latinoamérica y El Caribe y responden a intereses extraterritoriales, con claros actos de injerencia que vulneran el Derecho Internacional y la convivencia pacífica entre países hermanos.

Invitamos a todos los países de la Región y del mundo a trabajar juntos por la unidad de los venezolanos y que en dialogo entre las Partes puedan construir su futuro y desarrollo como país.

Bolivia hace votos para que los postulados y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el alto nivel de solidaridad entre Estados soberanos sean los que prevalezcan en nuestro relacionamiento como pueblos y naciones con historias comunes.

La Paz, 30 de marzo de 2017

Ecuador rechaza intentos de desestabilización en Venezuela

La República de Ecuador manifestó su solidaridad con Venezuela, ante la nueva arremetida de la derecha nacional e internacional, que atentan contra la estabilidad de la nación.

Mediante un comunicado, difundido este viernes por la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez; Ecuador ratificó, además, su apoyo al diálogo para solventar la coyuntura política en Venezuela.

En este sentido, la canciller Rodríguez agradeció el apoyo y la solidaridad que ha demostrado Ecuador en pro del diálogo nacional.

A continuación el texto íntegro:

  COMUNICADO OFICIAL

                                                         Acerca de la situación política en Venezuela

Ante los hechos suscitados en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela, que evidencian una profunda fractura entre el Gobierno y la oposición y un impasse entre poderes del Estado, el Gobierno del Ecuador reitera su posición a favor del diálogo.

En ese sentido, el Gobierno del Ecuador alienta a Gobierno y oposición a encauzar la situación a través del mecanismo de diálogo auspiciado por la Unasur.

Asimismo, el Gobierno del Ecuador rechaza cualquier intento de desestabilización en Venezuela promovido desde instancias internacionales.

 Quito, 30 de marzo de 2017