Miles y miles de personas colmaron la Plaza de Mayo, continúan movilizándose por la Avenida de Mayo desde el Congreso y por las calles paralelas, reunidas por la consigna “Son 30 mil”. Los organismos de Derechos Humanos denunciaron “la miseria planificada” por el Gobierno nacional y advirtieron: “A 41 años, denunciamos el mismo plan económico”.
Desde el palco central en la Plaza de Mayo, exigieron poner fin a la represión y a la persecución gremial y política, y denunciaron que “los discursos negacionistas” de los funcionarios del Gobierno nacional operan sobre el sector del Poder Judicial, poniendo en riesgo la continuidad de los juicios.
En el documento, los organismos también renovaron el pedido de libertad a Milagro Sala y los presos políticos de la Tupac Amaru y el pedido de justicia por Luciano Arruga, Julio López y militantes de las organizaciones sociales. También se pronunció un fuerte respaldo a la lucha docente por la educación pública.
“El gobierno intentó mover este feriado para que sea un día de paseo y reducir la movilización, pero nuevamente somos miles en las calles y plazas. El 24 de marzo es un día en el que el pueblo reivindica la lucha”, sentenciaron los organismos para recordar “la lucha de los 30 mil”.
Los organismos lamentaron los discursos negacionistas del presidente Mauricio Macri y funcionarios como Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión; y denunciaron el cierre y el vaciamiento de varios programas destinos a impulsar las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
“Los juicios son parte del pueblo argentino. Vamos a seguir luchando por más memoria verdad y justicia”, reivindicaron y destacaron los 750 condenados desde el reinicio de los juicios, pero advirtieron que “los discursos negacionistas operan sobre un sector del poder judicial” y exigieron a la Corte Suprema que tome la “responsabilidad” frente a la maniobras dilatorias, además de la apertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad previos a la dictadura y los cometidos contra los combatientes de las Islas Malvinas. Con el mismo tono, celebraron el avance de la causa contra el extitular del Ejército César Milani.
La lectura del documento de los organismos comenzó poco después de las 16, cuando miles ya habían marchado por Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, cuando otro miles continuaban haciéndolo, y cuando las Madres y Abuelas ya habían ingresado a la histórica plaza con la bandera con los rostros de los 30 mil detenidos-desaparecidos.
Como lo anticipaba la consigna de la convocatoria, el documento fue muy crítico de la gestión de Cambiemos desde las declaraciones negacionistas de sus funcionarios hasta el plan económico. “Han reinstalado un sistema económico en el que los trabajadores vuelven a ser los perjudicados. Los despedidos se cuentan de a miles, mientras intentan que regresemos a tiempos de flexibilización”, advertía el documento.
En ese tono, se sostuvo que “el plan económico se completa con la persecución” a trabajadores, sindicatos y organización sociales, y que “los planes económicos de hambre tienen como condiciones necesaria la represión”, por lo que se pronunció uno de los varios respaldos a los gremios docentes, en medio de “un marzo de movilizaciones”, y a “la lucha por el derecho al trabajo”.
El documento hizo énfasis en los conflictos que mantienen los trabajadores de la imprenta AGR del Grupo Clarín, Textil Neuquén, Atanor y la Cooperativa del Bauen; para luego repudiar las nuevas amenazas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de aplicar “un protocolo de represión de las protestas sociales”.
“Esa es su respuesta ante un pueblo organizado”, sentenciaron y recordaron la persecución y represión a las mujeres que participaron del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y del paro y la marcha mundial del 8 de marzo. En otro tramo, se denunció al “Poder Judicial patriarcal que revictimiza a las victimas y “los funcionarios que por acción u omisión son parte del delito”.
Cada organización, cada grupo de trabajadores que se mencionaba en el documento, continuaba en la Avenidad de Mayo con sus banderas, con sus reivindicaciones. Los trabajadores de la imprenta AGR repartían su revista “Viva, las luchas obreras”, La Garganta Poderosa reivindicaba decenas de esquinas a los 30 mil, vestidos de guardapolvos blancos; los que marchaban junto a su sindicato, movimiento político u organización social; cantaban, filmaban, renovaban las consignas de lucha.
En el palco, los organismos también recordaron que “los pueblos originarios siguen sufriendo el abandono del Estado, que responde con represión”, tras lo ocurrido con la comunidad mapuche en Chubut, y subrayaron que se defiende “a los empresarios, que son los socios y amigos de Mauricio MAcri, como Joe Lewis”.
El pronunciamiento de los organismos también denunció la persecución a las organizaciones sociales y los casos de violencia institucional, recordando el caso de los jóvenes militantes de La Garganta Poderosa, Iván y Ezequiel, y reclamando justicia por la desaparición de Luciano Arruga; y por el asesinato del militante del Movimiento Popular La Dignidad Darío “Iki” Julián.
Al mencionar a los jóvenes, los organismos se pronunciaron contra la intención del Gobierno nacional de impulsar el debate de un nuevo régimen penal juvenil con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. “El Estado debe garantizar los derechos, el Estado no puede actuar en contra de los tratados de protección de niños, niñas y adolescentes. Vemos funcionarios más preocupados por meter presos a nuestros pibes, que por garantizar todos los derechos que les corresponden”, denunciaron.
En ese tramo, los organismos señalaron las detenciones arbitrarias como parte del sistema represivo y volvieron a reclamar la Libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos de la Tupac Amaru. “Presos y presas políticas del gobernador Gerardo Morales, el presidente Mauricio Macri y el empresario, responsable de crímenes de lesa humanidad, Carlos Blaquier”, aseguró la madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida.
“Son 30 mil. Fue genocidio”, “Todos somos nietos, todos somos hijos”, “Yo soy los que faltan”, rezaban cientos de carteles sostenidos por los miles de autoconvocados. “Adentro el chori, afuera Macri”, eran algunos de los convocatorias de los comerciantes de ocasión. Cada movimiento hacia la plaza, cada canto estaba enmarcado en las decenas de siluetas de colores que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo había colocado a lo largo de la Avenida de Mayo, emulando aquel recordado “siluetazo” de mediados de los ochenta, pero esta vez desde la “alegría” para representar a “los chicos que luchan”, explicó Hebe de Bonafini.
En el escenario, los organismos volvieron a reclamar que “se rompan los pactos de silencio de los genocidas para saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos”. “Sin esa verdad, sin cada nieto con su familia, la deuda de la democracia sigue siendo enorme”, expresaron y recordaron que este año se cumplirán 40 años de lucha de las Abuelas y Madres. “40 años buscando encuentros, 40 buscando verdades”, resumieron.
Como cierre, recordaron los 40 años de la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walh, y en palabras del periodista desaparecido, describieron los 15 meses de gobierno de Macri: “Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconoce como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades”.
Otra multitud participó del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Plaza de Mayo
La convocatoria denunció la política del macrismo. Exigen perpetua para Cesar Milani.
24 de marzo
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia se congregó en la Plaza de Mayo, donde realizó un acto en conmemoración de los 41 años del golpe genocida. La enorme columna de este espacio político todavía no termina de ingresar a la histórica plaza. La convocatoria que nuclea a múltiples organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, y a la izquierda.
Esta convocatoria tiene un carácter independiente de los distintos sectores políticos patronales. En el documento que se leyó en la tarde, en el acto al finalizar la movilización, afirma, entre otras cosas “estamos aquí, enfrentando al gobierno de Macri y su política de “reconciliación” con los genocidas, contrario a la memoria, la verdad y la justicia”.
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Documento completo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
El texto acordado por decenas de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, estudiantiles y culturales que se leyó en la Plaza de Mayo en el marco de la movilización independiente.
Viernes 24 de marzo | 18:55
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La Izquierda Diario reproduce el documento completo que en la tarde del viernes 24 se leyó en Plaza de Mayo en el marco de la movilización independiente de toda variante política patronal.
Compañeros y compañeras: estamos en la Plaza, como lo hemos hecho sostenidamente durante más de cuatro décadas, para repudiar el golpe que instaló la dictadura más sangrienta de nuestra historia.
Más que nunca, nuestra cita es hoy con la memoria rebelde, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, a sus sueños de un país sin opresión ni explotación, ratificando el compromiso y la unidad en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy y por los derechos de los trabajadores y el pueblo.
Estamos aquí, enfrentando al gobierno de Macri y su política de “reconciliación” con los genocidas, contrario a la memoria, la verdad y la justicia.
Decimos: ¡NO A LA RECONCILIACIÓN! ¡NO A LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS!
Hoy enfrentamos una ofensiva del Gobierno nacional a favor de la impunidad de los genocidas de la dictadura. El gobierno de Macri está desarrollando una alevosa campaña política y mediática a favor de la reconciliación, negando el plan sistemático de desaparición de personas y poniendo en tela de juicio la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos.
Basta recordar las declaraciones del propio Presidente cuando dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos y habló de “guerra sucia” negando así el terrorismo de Estado, o los decretos de “autogobierno” de las fuerzas armadas, el desfile del carapintada Aldo Rico y de los genocidas del “Operativo Independencia”; las entrevistas del secretario de Derechos Humanos Avruj con los grupos defensores de los represores; los dichos de Gómez Centurión, que proponen un nuevo punto final y la postulación de un reconocido defensor de genocidas como Carlos Horacio de Casas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre tantos otros hechos.
Esta campaña del Gobierno es respaldada por una campaña mediática que incluye las editoriales de La Nación trazando una verdadera apología del golpe de Estado.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciamos que la negación del genocidio de la dictadura busca limpiar al Estado de su responsabilidad en los crímenes contra el pueblo.
Denunciamos que se busca involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna. Proceso que tuvo un punto de inflexión en el año 2013 con la designación de Milani como Jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández.
Se busca instalar la idea de que se trató de una guerra, retomando el viejo argumento de la dictadura y restaurando la vieja teoría de los dos demonios. El cuestionamiento del número de desaparecidos es el típico argumento utilizado para negar todos los genocidios.
¡Son 30.000! Fue Genocidio.
Esa es la cifra que surge de la cantidad de habeas corpus presentados en la Justicia, del testimonio de centenares de sobrevivientes y de la existencia comprobada de más de 600 campos de exterminio; incluso un informe del Batallón 601 de Inteligencia reportaba “22.000 entre muertos y desaparecidos”.
Ninguno de los gobiernos constitucionales ha abierto los archivos de la dictadura. Con ello sería posible conocer el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. Pero al Gobierno y a los apologistas de Videla y Massera la verdad histórica les importa un bledo, sólo quieren vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste.
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS – APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS – RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS
Hoy, a 41 años del golpe, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre. Repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños, como paradigma del terror; el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños.
El genocidio tuvo como objetivo aniquilar al movimiento obrero y popular en ascenso que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo, como cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias, que habían ganado las calles a partir del Cordobazo.
La dictadura puso en marcha una maquinaria genocida. Cada ciudad importante del país contó con campos de concentración, tortura y exterminio a cargo de las fuerzas armadas y de seguridad. Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.
Repudiamos a los grupos del poder económico, al sector financiero, a los grandes empresarios, a los terratenientes, que planificaron y financiaron el golpe.
Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo:
¡EXIGIMOS JUSTICIA! ¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!
El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos 41 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a los genocidas. Enfrentamos, construyendo memoria, todas las políticas de olvido, de impunidad, de criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud impulsadas por los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, comprometidos en esta lucha, decimos:
SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY, NO A LA RECONCILIACIÓN
La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que volteó al gobierno de De la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese logro histórico que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín. Así se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas.
Fueron décadas de lucha sostenida de nuestro pueblo contra la impunidad las que permitieron la realización de los juicios a los genocidas. Conquista extraordinaria de la movilización popular y no propiedad de gobierno alguno.
Hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país. Sin embargo, a 14 años de la anulación de las leyes de impunidad y en 11 años de juicios orales sólo se logró la condena de 737 genocidas, menos de la mitad de los represores procesados.
Si consideramos que hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, a lo largo y ancho del país, las condenas alcanzan apenas la proporción de poco más de un genocida por campo de concentración. La realidad es que desde 2012 decreció el número de juicios por año en todo el país, y en los últimos 4 años casi la mitad de los procesos fueron recortados y parciales, dónde son acusados de 1 a 3 represores por cada juicio.
El 40 % de los represores con causas abiertas (más de 520) gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, otorgadas en su mayoría durante el anterior gobierno. A partir de la asunción de Macri, distintos ministros de su gobierno avalaron el otorgamiento de la prisión domiciliaria, por razones de edad, a conocidos torturadores y responsables de los más aberrantes crímenes.
El año pasado logramos frenar la domiciliaria al genocida Etchecolatz, al que todavía no se investiga por la segunda desaparición de Julio López. Pero este año, se le ha otorgado ese beneficio a uno de los más conocidos torturadores de la ESMA: Antonio Azic.
Los socios y cómplices civiles de la dictadura -empresarios, jueces, políticos- permanecen impunes. De la misma manera que los crímenes de la Triple A y de las otras bandas fascistas.
Denunciamos que goza de impunidad el fiscal general de Mar del Plata Fernández Garello, uno de los responsables del secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, no sólo no agilizaron los juicios, disponiendo de los recursos políticos para hacerlo, sino que decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados durante de la dictadura y que actuaron una y otra vez como garantes de la impunidad.
Denunciamos que el Estado continúa ocultando los archivos de la dictadura militar. La desclasificación prometida a partir del 2014 fue una farsa. Los documentos difundidos por el Ministerio de Defensa eran ya conocidos o directamente irrelevantes.
Miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia, que actuaron bajo la dictadura continúan en funciones. En toda la década anterior, como con todos los gobiernos constitucionales, el Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios se sustancian exclusivamente con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares.
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