Chile. Condenan a 33 ex agentes y militares por secuestros calificados de 5 Rodriguistas en 1987

Resumen.cl / Resumen Latinoamericano / 22 de marzo de 2017

En un inédito fallo, la Corte Suprema confirmó las condenas a 33 ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia –CNI–, del Batallón de Inteligencia del Ejército –BIE– y del Comando de Aviación del Ejército, por su responsabilidad en los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados a partir de septiembre de 1987.

El máximo tribunal del país condenó a Álvaro Corbalán Castilla y Hugo Salas Wenzel a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores en los secuestros calificados, mientras que Iván Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas del Valle, Raúl Durán Martínez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales, deberán cumplir penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los cinco delitos.

A ellos se suman los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya, que deberán cumplir penas de 5 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados. Y además Aquiles Navarrete Izarnótegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco, Marco Antonio Bustos Carrasco, Hugo Prado Contreras y Rodrigo Pérez Martínez fueron condenados a penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices de los delitos. En tanto, Mario Campos Valladares debe purgar 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada -es decir, no entrará a prisión-.

La investigación judicial determinó que el secuestro de los 5 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodriguez se realizó como represalia tras el secuestro que realizó la organización de el ex Coronel del Ejército Carlos Carreño Barrera el 1 de septiembre del 87. “Entre el 9 y 10 de septiembre del mismo año recibieron instrucciones de detener, sin orden judicial, a cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, elegidos de entre los archivos institucionales, para eventualmente canjearlos por dicho oficial. Actuaron mediante equipos organizados y concertados por un mando general, comunicándose mediante claves para ocultar sus autorías y evitar ser descubiertos por terceros.”, señala la investigación. Luego de ello fueron sometidos a interrogatorios y torturas, y sus cuerpos fueron finalmente lanzados al mar, amarrados a durmientes.

“Antes de la liberación del Coronel Carreño en Brasil y no siendo posible efectuar un canje, se decide por estos organismos de seguridad la eliminación de los detenidos y, para ello, organizan un operativo que permite sacar los 5 cuerpos como bultos del recinto en que se encontraban privados de libertad, al parecer sin vida o previamente drogados, y fueron transportados en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, donde finalmente se arrojaron sus cuerpos al mar atados a durmientes.”, afirma la investigación.

El secuestro de Carreño Barrera por parte del FPMR tuvo el objetivo de que se publicara una proclama contra la dictadura en todos los medios de prensa chilenos, el canje por algunos prisioneros políticos y el reparto de víveres, ropa, juguetes y materiales de construcción en 13 poblaciones de Santiago. La acción fue bautizada como “Operación Príncipe” y mostró la audacia de la organización que le permitió tener secuestrado al militar por 3 meses, para después liberarlo en Brasil, sin que la Dictadura los hubiese detectado, utilizando pasos fronterizos clandestinos.

Las negociaciones fracasaron y el Frente no pudo conseguir la liberación de los presos políticos, sin embargo, accedieron a la liberación de Carreño luego que su familia pagara 13 camionadas de ropa y comida, que fueron distribuidas en poblaciones pobres de Santiago.

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