Chile incumplió al menos 20 compromisos para negociar con Bolivia un acceso soberano al mar (Ficha I y II)

Resumen Latinoamericano/ABI, 20 de marzo 2017
   La Haya, HOLANDA- La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR) estableció en el “Libro del Mar” que Chile incumplió al menos 20 compromisos para negociar con Bolivia un acceso soberano al mar.

Entre ellos, los tratados de 1985, que firmaron Chile y Bolivia el 18 de mayo de ese año: el Tratado de Paz y Amistad, el Tratado de Transferencia de Territorio y el Tratado de Comercios, documentos que fueron ratificados por ambos Congresos y debidamente canjeados.

Por el primero, Chile continúa ejerciendo el dominio absoluto y perpetuo del territorio objeto del Pacto de Tregua de 1984; por el segundo instrumento, Chile se comprometió a transferir a Bolivia, Tacna y Arica en las mismas condiciones que los adquiriese o en su defecto, la Caleta Víctor hasta la Quebrada de Camarones, si no pudiese transferir aquellos territorios. Ninguna de esas transferencias comprometidas por Chile se cumplió.

Bolivia planteó su reclamo en el ámbito multilateral por primera vez en la Conferencia de París en 1919 y en la Liga de las Naciones (antecesora de la ONU) entre 1920 y 1933; en la sesión de la Asamblea el 28 de septiembre de 1921 el representante chileno, Agustín Edwars, ofreció en forma solemne iniciar negociaciones directas con Bolivia para abordar su enclaustramiento marítimo.

Un año después, el delegado chileno, Manuel Rivas Vicuña, mediante nota de 19 de septiembre de 1922 dirigida a la Liga de las Naciones, reafirmó el compromiso de Chile en entrar en negociaciones directas con Bolivia, compromiso que tampoco se cumplió.

En 1920, el diplomático chileno acreditado en La Paz, Emilio Bello Codesido suscribió in acta con el canciller boliviano, Carlos Gutiérrez en la que dejó establecido que existía por parte del Gobierno de Chile el mayor deseo de procurar un acuerdo con Bolivia que le permitiera obtener una salida propia al Océano Pacífico, independientemente del Tratado de 1904.

Codesido, autorizado por su Gobierno, reconoció la necesidad boliviana de una salida propia al mar y presentó una oferta concreta; Chile cedería una zona importante al norte de Arica y de la línea del ferrocarril que se hallaba en los territorios sometidos al resultado del plebiscito que debía realizarse de acuerdo al Tratado de Ancón.

En 1922 el presidente de Chile, Arturo Alessandri, que era consciente de la necesidad de encontrar una solución bilateral con Bolivia, comunicó su posición al Congreso de su país, en esa oportunidad aseguró que Bolivia podía tener la convicción de que encontraría en Chile un cordial deseo de buscar fórmulas de solución a su enclaustramiento marítimo.

Un año después en respuesta a las gestiones del Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago, Ricardo Jaimes Freyre, el canciller chileno, Luis Izquierdo, señaló mediante notas de 6 y 22 de febrero de 1923, que de acuerdo con las expresiones del Presidente de su país y las declaraciones de su representante ante la Liga de la Naciones, Chile podría celebrar un nuevo pacto que consulte la situación de Bolivia sin modificar el Tratado de Paz de 1904 y sin interrumpir la continuidad de su territorio.

Por otra parte, el embajador de Chile en Eashington, Miguel Cruchaga, presentó el 10 de junio de 1926 al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank B. Kellogg, una propuesta de división de los territorios de Tacna y Arica; con esa propuesta, Tacna quedaría para el Perú, Arica para Chile y se cedería a favor un corredor de cuatro kilómetros de ancho que parta de la frontera boliviana, siga una línea paralela hasta el villorio o caleta de Palos, mismo que conceda a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.

El 23 de junio de 1926, el canciller de Chile, Beltrán Mathieu, emitió una circular que expresaba la intención de su país de transferir a Bolivia una parte del Departamento de Arica, tal como lo había propuesto Estados Unidos en su rol de país mediador en el diferendo chileno-peruano.

Ese mismo año, el 30 de noviembre, el gobierno de los Estados Unidos, por intermedio del Secretario de Estado, Frank B. Kellogg, quien mediaba en el diferendo peruano-chileno respecto a Tacna y Arica, envió un memorándum a los gobiernos de Chile y Perú proponiendo ceder a la República de Bolivia a perpetuidad, todo derecho, título e intereses que ellas tengan en las provincias de Tacna y Arica.

Chile aceptó, en principio, considerar la propuesta y el 4 de diciembre del mismo año, su Canciller, Jorge Matte, presentó un memorándum al Secretario de Estado Kellogg, manifestando su disposición de conceder una faja de territorio y un puerto a Bolivia una vez que la posesión definitiva de Tacana y Arica fuera definida.

El 3 de junio de 1929 se suscribió el tratado de Lima por el cual Chile obtuvo Arica y Perú recuperó Tacna; además, firmaron un Protocolo Complementario que en principio fue secreto, según el cual, ninguno de los dos Estados podía ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de lo territorios mencionados sin el acuerdo previo de la contraparte.

Bolivia se sintió directamente aludida por ese Protocolo y a causa de ellos remitió una circular a la comunidad internacional manifestando su protesta respecto a ese acuerdo ya que esa fórmula contradecía todos los compromisos de Chile para otorgar a Bolivia un acceso soberano al mar.

(Ficha II)

    La Haya, HOLANDA,20 mar (ABI).- La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR) estableció en el “Libro del Mar” que Chile incumplió al menos 20 compromisos para negociar con Bolivia un acceso soberano al mar.

En 1950 Chile y Bolivia firmaron el “Acuerdo Emergente del Intercambio de Notas” como resultado de una gestión diplomática iniciada por Bolivia en 1946 cuando en la transmisión de mando presidencial en Chile, el nuevo mandatario, Gabriel González Videla, manifestó al canciller boliviano, Aniceto Solare y al embajador Alberto Ostria Gutiérrez, su aceptación para iniciar negociaciones con miras a otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.

Tras varias gestiones del Ostria Gutiérrez se acordaron los términos de las notas de 1 y 20 de junio de 1950, firmadas e intercambiadas por el embajador boliviano y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Horacio Walker Larraín; el objeto de esas notas fue entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses.

En 1961, Chile, mediante su embajador en La Paz, Manuel Trucco, presentó un memorándum el 10 de julio de ese año en el que ratificó su obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico en los términos del acuerdo de junio de 1950.

En abril de 1962, Chile desvió unilateralmente las aguas del río Lauca, lo que generó una controversia con Bolivia que provocó la ruptura de relacione diplomáticas entre ambos países y, en consecuencia, impidió la continuación de las negociaciones sobre el tema marítimo.

El 8 de febrero de 1975 se inició un nuevo proceso de negociación entre Bolivia y Chile con el objeto de otorgar a Bolivia un acceso soberano al mar con la firma de una “Declaración Conjunta” en la localidad fronteriza de Charaña entre los presidentes Hugo Banzer, de Bolivia y Augusto Pinochet, de Chile que obligaba a ambos estados a “buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan como el relativo a la situación de la mediterraneidad que afecta a Bolivia” y acordaron la reanudación de relaciones diplomáticas.

El 19 de diciembre de 1975, Chile propuso a Bolivia la cesión de un acosta marítima soberana ubicada entre el casco norte de la ciudad de Arica hasta la Línea de la Concordia, unida al territorio boliviano por una franja territorial igualmente soberana; sin embargo, contrariando sus compromisos previos, Chile introdujo nuevas condiciones, entre ellas, el canje de territorios.

Además, Chile consultó a Perú la cesión de esa franja territorial y marítima, Perú aceptó con la condición de que ese corredor estuviera sujeto a un régimen de soberanía compartida; posición que rechazó Chile. Esa posición más la condición del canje territorial estancaron la negociación y Bolivia rompió relaciones diplomáticas en marzo de 1978.

En 1979 en la IX Asamblea General de la OEA se aprobó la resolución 426 que reconoció que el problema marítimo de Bolivia es un asunto de interés hemisférico permanente y recomendó a las partes que “inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrían considerar, otros elementos, la inclusión  de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrada y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”.

Posteriormente las resoluciones aprobadas en 1980 y 1981, que contaron con el voto favorable de Chile, exhortaron a ambos Estados a que inicien un diálogo destinado a dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico.

En la XIII Asamblea General de la OEA llevada a cabo en noviembre de 1983 se adoptó{o por consenso y con el voto favorable de Chile la resolución 686, que exhortaba a Bolivia y Chile a iniciar un proceso de acercamiento orientado a una normalización de sus relaciones tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible una salida soberana al Océano Pacífico sobre las bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas.

En Febrero de 2000 los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile, Javier Murillo de la Rocha y Juan Gabriel Valdés, respectivamente, se reunieron en Algarave (Portugal), donde resolvieron conformar una agenda de trabajo que incorpore todas las cuestiones esenciales de la relación bilateral “sin Exclusión alguna”.

A partir de esa reunión, se realizaron tres encuentros políticos al más alto nivel entre los presidentes de Bolivia y Chile, en Brasilia y Panamá en septiembre y noviembre de 200, y en Quebec en abril de 2001, en los cuales se refrendó lo acordado en Algarave.

El 14 de noviembre de 2003, en un encuentro que se realizó en la XIII Cumbre Iberoamericana en la ciudad boliviana de Santa Cruz entre el presidente Carlos Mesa y Ricardo Lagos, el mandatario boliviano dijo que consideraba que era el momento adecuado para reanudar la discusión de un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico.

Lagos dijo que coincidía en que la soberanía era “la cuestión” pero que su tratamiento debía realizarse al final del camino y no al principio, incluso expresó su predisposición de hablar sobre soberanía si Bolivia lograba que Perú acepte la cesión de un corredor soberano que atraviese un ex territorio peruano.

En 2006 el presidente Evo Morales y la presidenta chilena Michelle Bachelet dieron a conocer la conformación de una agenda bilateral de 13 puntos que incluía como punto VI el Tema Marítimo, con esos antecedentes acordaron en julio de 2010, en la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas, que beneficien el entendimiento y la armonía de ambos países”.

La siguiente reunión debía llevarse a cabo en la ciudad de Arica en noviembre de 2010; no obstante, fue suspendida unilateralmente por Chile y no se la volvió a convocar pese a las reiteradas solicitudes de Bolivia para reanudar las reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile.

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