Venezuela y el Lebensraum colombiano

Por: Juan Romero /Resumen Latinoamericano/ 8 de Febrero 2017.-

En las últimas semanas, desde el gobierno de Colombia, se han desatado un conjunto de declaraciones –y acciones– que afectan los intereses económicos y geoestratégicos de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzando por la decisión del presidente Juan Manuel Santos de impedir el libre tránsito de vehículos hacia Venezuela, a efecto de surtirse de la gasolina, que a precios internacionales se comenzó a vender, alegando que “no conviene esa modalidad de permitir que los autos y camiones se vayan al lado venezolano a abastecerse de gasolina y se pague con pesos. Eso distorsiona una situación que ya ha estado en vía de arreglo”.

La medida, había sido sugerida como una acción destinada a detener el flujo ilegal de gasolina hacia el territorio colombiano, y que, según algunos especialistas –David Paravisini dixit–, ha llegado a 45.000 barriles de petróleo diario. Ante esto, la instalación de puntos de venta de gasolina en pesos en la frontera ha pretendido recuperar parte de esa fuga de capitales, que según el mencionado especialista, le llegó a costar al país la cantidad de 685.933.706,25 Bs. diarios. Representantes del gobierno de Táchira han mencionado que la venta en pesos pudiera significar recolectar entre 120.000 a 150.000 US$ diarios, a través de las casas de cambios también decretadas por el gobierno de Nicolás Maduro. La decisión del gobierno de Juan Manuel Santos ha costado, hasta la fecha, un promedio de 3,75 millones US$.

El otro hecho, que muestra posiciones agresivas –o por lo menos, no amistosas– hacia Venezuela, es la reciente declaración del vicepresidente de Colombia, Dr. Germán Vargas Lleras, quien refriéndose a una política de entrega de viviendas gratuitas a ciudadanos de su país, indicó que esas viviendas “no son para los venecos”. La declaración generó una reacción inmediata de la Cancillería venezolana, en respuesta al uso peyorativo al referirse a los venezolanos en Colombia.

La geopolítica, es la geopolítica

Estos dos sucesos, han causado mucha polémica en los medios venezolanos y colombianos, pero, en nuestro criterio, se pierden de vista las verdaderas causas que explican el accionar de Colombia, en esta y en otras coyunturas políticas, hacia Venezuela. Todo está relacionado con la geopolítica y el uso –y aplicación– del concepto de “espacio vital”, establecido por el teórico alemán Friedrick Ratzel (1844-1904), que señala una relación entre espacio y población, a través de la cual el Estado –como organismo vivo– garantiza su supervivencia mediante el control sobre esas dos variables. Otro teórico Karl Haushofer (1869-1946), complementa diciendo que toda política exterior de un Estado nacional fuerte implica la ampliación de su “espacio vital”, a costa de otras sociedades menos capaces y fuertes militarmente.

¿Las declaraciones del vicepresidente de Colombia y las decisiones del presidente Santos, son decisiones geopolíticas? Sí, pues ambas están relacionadas con las propias necesidades del Estado colombiano y las apetencias territoriales –y de recursos– que han expresado desde tiempos coloniales. Veamos en detalle este recorrido histórico.

Desde el proceso de penetración y conquista del actual territorio colombiano, desde 1502 cuando Juan de La Cosa organizó una expedición a la actual Guajira colombiana, pasando por el establecimiento hispano de 1510 en el Golfo de Urabá, así como el asentamiento en la actual Cartagena de Indias, el impulso conquistador buscó la manera de conectarse con las rutas marítimas que conducen al actual Mar Caribe y permitirían una fácil navegación hasta los puertos españoles en Cádiz y Huelva. En 1543, el corregimiento de Tunja plantea la necesidad de buscar una salida hacia el sur del Lago de Maracaibo, pues resultaba menos complicado de utilizar que la vía del río Magdalena. La imposibilidad de sacar, vía terrestre o marítima, la producción agrícola por el occidente de la actual Colombia, hizo cada vez más necesaria la búsqueda de otro acceso de salida. Ese acceso siempre ha sido el Lago de Maracaibo, en nuestra actual Venezuela.

Por eso, desde los territorios de la actual Colombia, se autorizó un conjunto de exploraciones de capitanes españoles, que generaron el establecimiento de comunidades –utilizando la encomienda para disponer de mano de obra indígena– hacia el sur del Lago de Maracaibo. Se establece Mérida en 1558, la Villa de San Cristóbal en 1561, en 1576 Espíritu Santo de La Grita, en 1592 el puerto de Gibraltar, para facilitar la conexión fluvial hacia el Mar Caribe. Resulta indudable la conexión comercial –y la importancia estratégica– para los productores agrícolas en tierras neogranadinas de esa ruta, desde el oriente de la actual Colombia, hacia el occidente de nuestra Venezuela.

Toda esta actividad termina beneficiando a la ciudad-puerto de Maracaibo, cuyo asentamiento hispano se termina de consolidar en 1574, haciendo de esta localidad un punto nodal de entrada y salida de mercaderías, enriqueciendo a sus élites y determinando que en 1676 se agregara a Maracaibo a la provincia de Mérida y La Grita. Es tanta la importancia de esta ruta y las facilidades que provee para el tráfico comercial del oriente de Colombia, que cuando se crea el Virreinato de la Nueva Granada, en 1717, se le asignan los territorios de las provincias de Santa Fe, Cartagena y Santa Marta (actual Colombia) y de Maracaibo, Caracas y Guayana (actual Venezuela). Mientras la Provincia de Maracaibo estuvo bajo la autoridad del Virreinato de Nueva Granada, la actividad comercial incentivó la consolidación económica tanto de los pueblos y campos del oriente colombiano como del puerto-ciudad. En términos geopolíticos y conceptuales, Maracaibo y el occidente de Venezuela eran esenciales en términos de espacio vital para el Virreinato de Nueva Granada. El problema comienza cuando, en 1777, se crea una entidad política diferente: la Capitanía General de Venezuela.

Desde ese momento, la Provincia de Maracaibo se restituye al territorio de Venezuela (al cual había pertenecido con anterioridad), causando una grave complicación –en términos económicos– al oriente de la actual Colombia, pues la salida natural del Lago de Maracaibo, para poder ser usada, debió pagar impuestos muy altos y diversos desde ese momento (almojarifazgo, alcabala, entre otros). Las complicaciones son tales, que las autoridades de Nueva Granada “suplican” el reintegro de la Provincia de Maracaibo a la Nueva Granada en 1780.

El propio Bolívar entendió el significado geopolítico de la proximidad geográfica del oriente de la Nueva Granada y el occidente de la Capitanía General de Venezuela y propuso en la Carta de Jamaica (1815) una unidad geopolítica en los siguientes términos: “La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en formar una república central, cuya capital sea Maracaibo, o una nueva ciudad que, con el nombre de Las Casas, en honor de este héroe de la filantropía, se funde entre los confines de ambos países, en el soberbio puerto de Bahía-Honda”. El planteamiento del Libertador hablaba de una “unidad conveniente”, no de las apetencias en términos del alemán Haushofer, de control de “espacio vital” a costa del otro.

El espacio vital del lago: objetivo de Colombia

Lo que decimos, es que la proximidad geográfica del puerto de Maracaibo con las regiones del oriente colombiano, es la base que nos permite entender el “flujo” comercial –legal e ilegal– existente hasta la actualidad. Asimismo, el hecho de que el puerto de Maracaibo esté geográficamente más cerca de Santa Fé de Bogotá, que de Caracas, nos explica la histórica confrontación de la élite marabina con la élite caraqueña, estructurada en torno a los puertos de Caraballeda y La Guaira.

Los grupos propietarios, tradicionalmente ligados al ejercicio del poder, primero en el Virreinato de Nueva Granada, después en la época posindependentista (siglo XIX), así como durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, han visto al occidente de nuestra actual Venezuela como un “espacio vital”, que les pertenece por “derecho”, ignorando, eso sí, los alegatos que en términos del utipossidetis iuris tenemos. ´

Han sido mucho los intentos secesionistas en torno al occidente venezolano –la llamada media luna–, y sobre el tema ha advertido tanto el presidente Hugo Chávez, como el actual presidente Nicolás Maduro. Sobre el tema, hemos reflexionado en otras oportunidades, así otros historiadores, como Luís Prieto, han advertido lo mismo, indicando los esfuerzos por convertir Maracaibo –y su espacio geográfico– en un nuevo anexo comercial de los intereses de las élites colombianas.

El problema de la guerra económica que permite una fuga de mercancías, dinero y gasolina, entre otros, hacia Colombia desde el occidente de Venezuela (Zulia, Táchira, Apure, Amazonas), no puede estudiarse en su justa dimensión sin la comprensión de los intereses geopolíticos que están presentes en las acciones de la élite colombiana, y que se conectan, asimismo, con los intereses geopolíticos de EE.UU. Es una perfecta articulación. Para EE.UU. y Colombia las tesis nacionalistas esgrimidas por el proceso bolivariano son una amenaza a sus propios intereses.

Para los EE.UU., Venezuela es un incómodo país, en sus planes de consolidación del denominado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNSA), que pretende hegemonizar el control del sistema-mundo (economía, recursos naturales, rutas de transporte, flujos de capitales, industria). Para Colombia, las posiciones de defensa de los derechos territoriales establecidos constitucionalmente en 1999, en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14, son un obstáculo a los intereses expansionistas, reflejado en los textos escolares y en tesis de funcionarios de alto nivel, como el excanciller Julio Londoño y su Nueva Geopolítica de Colombia, que han sostenido –y sostienen– la importancia de “recuperar” los viejos territorios de la Nueva Granada.

¿Por qué la alianza EE.UU.-Colombia contra Venezuela?

La coincidencia geopolítica de EE.UU. y Colombia, en detrimento de los intereses y la soberanía de Venezuela, tiene un elemento común: el petróleo. Las capacidades productoras de Colombia y EE.UU. se han visto seriamente mermadas, afectando en términos de “seguridad energética” su capacidad estratégica. Colombia, ha mantenido una producción constante de petróleo (985.727 BDP), pero ha incrementado el consumo de gasolina y otros derivados en forma importante.

Según David Paravisini, esa diferencia entre lo que produce Colombia y lo que consume, lo equilibra a través del contrabando de extracción que genera, en cálculos del experto, unos 9.000 millones US$ a las mafias ligadas al paramilitarismo.

Para esas mafias es imperativo contar con moneda nacional (bolívares fuertes) para poder pagar la gasolina que sale ilegalmente de Venezuela. Esos bolívares son convertidos –a tasas de cambio muy favorables para Colombia– en pesos, permitiendo que con ese diferencial adquirir una variedad de productos en territorio venezolano que luego es vendida con ganancias enormes, pero generando carencias y conflicto en Venezuela. Sobre el tema de los mecanismos de convertibilidad monetaria, son interesantes los trabajos de Luis Gavazut.

Ante esta agresión, no velada, desde Colombia, y que según nuestro criterio, forma parte de una acción conjunta en términos geopolíticos, que procuran desestabilizar el sistema institucional venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, con base en sugerencias surgidas de representantes de los gobiernos regionales de algunas entidades fronterizas con Colombia (Zulia y Táchira), ha implementado –emulando a Colombia– casas de cambio que pretenden recibir pesos colombianos para “legalizar” la compra de gasolina y mercaderías en los 2.219 km2 de fronteras. Compartimos los análisis de quienes sugieren que esta estrategia no soluciona, sino que contribuye con, el debilitamiento de nuestra economía, de su signo monetario y de nuestras reservas de divisas.

Para EE.UU., las reservas de petróleo de las que dispone nuestro país son un objetivo apetecible, pues tanto desde el Departamento de Estado, como desde los voceros autorizados, se ha expresado que el gran país del norte debe procurarse con el control de los recursos naturales necesarios a sus intereses. Es famoso el denominado Informe Cheney (por el vicepresidente de EE.UU. durante la gestión de George W. Bush, Dick Cheney, representante connotado de grandes petroleras), publicado en el año 2001, donde se advertía sobre el posible decaimiento de la producción de hidrocarburos de más de 8.5 millones b/d en 2002 a menos de 7.0 millones B/d para el 2020, mientras que el consumo pasará de 18.5 millones B/d a 25.5 millones en la misma fecha.

Ese informe, estableció que Venezuela era vital, por su disposición de petróleo, pero al mismo tiempo era un obstáculo dadas las reformas introducidas en la Constitución de 1999, que le otorgaban amplios derechos y controles sobre la actividad extractiva y la refinación o comercialización. Con ese informe se transformó a Venezuela en una “amenaza” a la seguridad energética de EE.UU., y no es fortuito que sea con esa misma designación que se emitió el denominado “Decreto Obama” contra el país, en el año 2015.

Objetivo: las reservas de petróleo de Venezuela

El hecho es que las reservas extraíbles de las que dispone la República Bolivariana son realmente apetecibles. Según un informe de Pdvsa, publicado en 2014, en la frontera con Colombia, específicamente en el Golfo de Venezuela, el país dispone de capacidades extraíbles de 540.000 millones de barriles. Opiniones de algunos expertos petroleros, como Fernando Travieso, hablan de reservas extraíbles en la Faja Petrolera Hugo Chávez, ubicada en una extensión de 55.000 km2 alrededor del Orinoco, cercanas al billón 370.000 millones de barriles de petróleo. En la región fronteriza con la República Cooperativa de Guyana, específicamente en los límites marítimos del Atlántico, la trasnacional Exxon-Mobil señaló a través de su CEO RexTillerson (actual secretario de Estado del presidente Trump), que en el bloque Stabroek, en su pozo Lisa-1 y 2, hay capacidades extraíbles de 1 billón 400.000 millones de barriles.

Estamos hablando, en total, de reservas extraíbles superiores a los 3,3 billones de barriles, muy por encima de las reservas extraíbles totales de los países de la Península Arábica, principales proveedores de EE.UU.

Las potencialidades energéticas de Venezuela han llevado a la alianza estratégica entre Colombia y EE.UU., en función de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional de este último país, consolidando la cooperación militar entre ambos, particularmente desde los inicios del Plan Colombia en el 2000, teniendo como consecuencias que más del 71% de los 141.000 millones US$ hayan estado destinados al área militar (movilidad aérea, entrenamiento y capacitación, inteligencia, centros de operaciones). Eso se ha traducido en la elevación del contingente armado a más de 420.000 hombres en capacidad de combate, conformado por 280.000 alistados en el Ejército y unos 140.000 efectivos policiales, pero con alto entrenamiento militar.

No hay lugar a dudas, de la perfecta sincronía entre las tesis históricas de la nueva geopolítica de Colombia y la denominada Doctrina Obama, que se ha concretado en una creciente presión (diplomática o a través de operaciones encubiertas) contra el gobierno de Venezuela, particularmente recias desde que el presidente Nicolás Maduro asumió en abril de 2013, al momento de la desaparición física de Hugo Chávez.

Somos testigos del incremento de la actividad militar que se va multiplicado por las posibles consecuencias a futuro ante el anuncio del presidente Juan Manuel Santos del Acuerdo con la OTAN, y el papel que jugará Colombia en la estrategia de asfixia contra el denominado “triángulo insurgente”: Bolivia, Ecuador y Venezuela.

En conclusión, las acciones encubiertas que adelanta EE.UU. a través del financiamiento por medio de la NED a diversas organizaciones, que normalmente critican al gobierno venezolano, así como las acciones directas ejercidas por particulares con o sin apoyo del gobierno colombiano, que afectan la economía, la vida social y la tranquilidad de la población en territorio venezolano, forman parte de una geopolítica del miedo, destinada a forzar la eclosión de la presidencia de Nicolás Maduro, y a partir de ahí reconfigurar las relaciones de poder interno, accediendo a mejores condiciones tanto de acceso comunicacional y territorial como de control de los recursos energéticos, tan apetecidos por los denominados imperialismos colectivos.

Las estrategias de resistencia y desmontaje de esta agresión son una tarea no solo de los organismos de seguridad del Estado venezolano, sino también de todos los movimientos sociales y organizaciones políticas no alineadas con esta agresión transnacional, que no tiene ningún indicio de disminuir con la nueva administración en EE.UU.

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