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Resumen Latinoamericano/ 11 de enero 2017.-

Abogado de machi Linconao acusa a Fiscalía de demorar juicio oral por falta de pruebas

francisca-linconao

Fuente: Radio y Diario Universidad de Chile, Tania González

Jaime López afirmó que la preparación del juicio oral se ha visto retrasada desde que a la fiscalía se le había caído su principal prueba: El testimonio de José Peralino, quien acusó a la PDI de obligarlo a inculpar a sus compañeros. En tanto, otro de los defensores del caso dijo que los comuneros están viendo disminuidas sus posibilidades de defensa.

Luego que la machi Francisca Linconao, imputada por el caso Luchsinger-Mackay, quedara sin prisión preventiva, se puso en cuestión el modo en que se ha llevado a cabo el proceso en contra de los más de 10 comuneros acusados por el brutal ataque al matrimonio.

Mientras la medida cautelar de arresto domiciliario, aún está en suspenso por el plazo que tienen los querellantes para apelar; la oposición trabaja en una posible interpelación al Ministro del Interior acusando la intromisión del Gobierno en el caso.

Desde La Moneda se defienden justificando su acción a favor de la salud de la autoridad ancentral mapuche: Su bajo peso, sumado al severo cuadro de gastritis que la aqueja, hicieron que las autoridades, luego de diversos actos de presión, accediera a solicitar el cambio de medida cautelar para que Francisca Linconao espere el juicio oral en su rehue.

Así, el Gobierno también informó que se mantendrán como querellantes en el caso, pese a que desde Chile Vamos le piden retirarse.

El constante retraso del juicio oral

El problema no solo es la medida cautelar. Uno de los principales reclamos de los abogados defensores de Francisca Linconao es que la Fiscalía demora, una y otra vez, el juicio oral que desde hace ocho meses se encuentra en etapa de preparación.

A juicio de algunos de los abogados que participan de causas en La Araucanía como Rodrigo Román o Manuela Royo, la pertinencia y legalidad de las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público hacen dudar la solidez de la acusación contra la machi. Incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos planteó que la Fiscalía no tiene los argumentos necesarios para acusar a la mujer.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el abogado de la machi, Jaime López, sostuvo que la preparación del juicio oral se ha visto paralizada en el intento de hacer coherencia entre la acusación y la formalización con la suma de nuevos antecedentes.

El defensor asegura que la demora tiene que ver con que a la Fiscalía se le cayó su principal prueba: el testimonio de José Peralino, en cuyo testimonio se habría basado la Fiscalía para detener a los diez inculpados, incluyendo a Linconao. Así, recordó cuando el 30 de marzo de 2016 el comunero mapuche acusó presiones de la PDI para inculpar a sus compañeros.

López añadió que las medidas cautelares de prisión preventiva a las que se ha sometido a los imputados, responden por sobre todo a la gravedad de la pena asignada al delito.

“Se va tratando de crear la sensación de culpabilidad de las personas, lo que no me parece adecuado, porque los jueces resuelven en torno a las pruebas, si hay un testigo que les diga que ellos cometieron un delito o no, si hay alguna prueba científica que logre acreditar que los inculpados estuvieron en sitio del suceso o no. En buenas cuentas, los jueces tienen que convencerse a través de pruebas y no de sensaciones que se van generando”.

De las reacciones políticas que ha generado este caso, sobresalen las que acusan al Ministerio Público de invocar de manera arbitraria la Ley que Califica Conductas Terroristas, punto de vista que compartió el abogado Sebastián Saavedra, defensor de otros de los imputados, Luis y Juan Tralcal Quidel, quien además advirtió que los defensores de los comuneros tampoco han recibido un trato justo en el marco del proceso judicial.

“Si el defensor público elegido por los comuneros mapuches,manifiesta  su opinión política, es retirado de la Defensoría Penal Pública; si contrata abogados particulares, éstos se ven investigados con testigos corregidos de identidad. Entonces estamos en una situación de alta vulnerabilidad principalmente de los imputados que están viendo disminuidas sus posibilidades de defensa”.

En tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Branislav Marelic, si bien evitó pronunciarse sobre la  inocencia o culpabilidad de la machi Linconao y las otras personas acusadas, afirmó que necesario el respeto al debido proceso, especialmente la presunción de inocencia y que las medidas cautelares se den de manera proporcionada.

“Deseamos que el juicio avance  para la determinación de los responsables y la verdad del caso, porque si existe un cuestionamiento de que el juicio o procedimiento tuvo infracción de garantías, podría quedar la sensación de que el resultado es ilegítimo” .

El representante del Instituto de Derechos Humanos concluyó seguirán actuando como observadores en el caso Luchsinger-Mackay, por lo que estarán presentes en la audiencia de preparación del juicio oral y su proceso.

FUENTE: MAPUEXPRESS 11 DE ENERO

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Curarrehue – Pucón: Amplio contingente policial intentó desalojar a pareja de ancianos Mapuche y tres niñas

menetue2Momentos de alta tensión se vivió en horas de esta mañana, martes 10 de enero, en las cercanías del sector Menetúe, cercano a la localidad de Catripulli, límites comuna de Curarrehue con Pucón. Llegó a la vivienda de una pareja de ancianos, la familia Ayalef Catricura, quienes cuidan de tres niñas, un amplio contingente de fuerzas represivas de carabineros, en cuatro carros policiales, acompañando a la receptora judicial Ube Sandoval quien se trasladaba en vehículo particular junto a un grupo de sujetos, al parecer, involucrados en la acción judicial.

La orden que se pretendía ejecutar es a causa de  un conflicto sobre la propiedad de un terreno con un particular no Mapuche (Sandoval), sin embargo, no corresponde a las tierras donde pretenden desalojar incluyendo la vivienda de la pareja de ancianos, familia Ayalef Catricura.

Por otro lado se ha señalado, que los terrenos en cuestión son parte de las tierras de la comunidad Mapuche y miembros de ella han señalado que existen una apropiación indebida e irregular de larga data sobre hijuelas  que reclama el privado, Carlos Mellado Muñoz, quien,  según han denunciado en la comunidad,  se ha hecho pasar por heredero de Cesareo Allalef Rain, pretendiendo  los terrenos para fines de especulación, negocio de parcelas e inmobiliaria.

menetue1La acción ha sido considerada absolutamente desproporcionada y violenta, “Llegaron en cuatro vehículos de carabineros. La receptora en vehículos de los particulares para desalojar a personas de edad que viven con tres pequeñas. Algunos carabineros sacaron sus escudos para intimidar, mirando con desprecio”, dijo una de las mujeres familiares que se asomó a la vivienda de la pareja de ancianos, al percatarse que se encontraban rodeados por los efectivos policiales.

Finalmente, el desalojo no se hizo efectivo y según señalaron desde la comunidad, hubo momentos de mucha tensión e incertidumbre porque la receptora a toda costa, con abuso de poder,  pretendía hacer efectivo un desalojo sobre terrenos y   vivienda que no correspondían al lugar.

“Nosotros como vecinos y familia de ella partimos ayudando en la resistencia de no salir de su hogar ya que la sorpresa era que ¡no era ese el predio que debían desalojar! sino el colindante. Nosotros sobre  el caso hablamos con abogados quienes nos pidieron no dejar solos a nuestros vecinos ya que ese procedimiento era ilegal,  con tantas fuerzas policiales que ni siquiera eran de la comuna correspondiente,  lo cual nos pareció más injusto aún, pues por ir a acompañarla también recibimos amenazas de desalojo para la próxima semana,  pues nuestro hogar ya sabe usted,  está conformado por nuestro machi y también nuestro lonko. Ahora lo más preocupante es que el martes próximo pretenden hacer el desalojo de la vivienda aunque ya sabemos que esta vez será el doble de efectivos policiales. Además en vista de testigos que llegaron al lugar en apoyo de la lamien también vieron el abuso y mal actuar de la receptora que se vende ya que se trasladaba en el vehículo de Carlos Mellado. Ahora nosotros también estamos bajo amenazas de ellos”, señaló Andrea Catricura Ñanco.

Cabe señalar que en este último tiempo, diversas denuncian han realizado familias de comunidades Mapuche de territorios de Curarrehue y Pucón, donde se han producido diversos actos de hostigamiento, provocación e intimidación a personas Mapuche por parte de agentes estatales policiales, lo que estaría relacionado con los conflictos de obras vial, hidroeléctricas y otras extractivas en la zona.

FUENTE: MAPUEXPRESS 11 DE ENERO

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Suprema confirma actuar arbitrario de Gobernación de Cautín por uso de fuerza policial en Comunidad de Lonko Juana Calfunao

10 enero 2017

[resumen.cl] La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por la Lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, quien se encuentra protegida por una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El recurso fue presentado tras la detención de la autoridad mapuche por oponerse al mejoramiento del camino al Lago Colico, que la comunidad reivindica como propio.

El máximo tribunal del país determinó que la Gobernación de Cautín debió haberse inhibido de incurrir en hechos que afectaran precisamente la libertad personal y seguridad individual de la Lonko, quien terminó detenida y violentada por oponerse al reperfilamiento de un camino.

El fallo de la confirmado por la Suprema acogió el recurso señalando que la Gobernación de Cautín y Carabineros debieron respetar una medida cautelar decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la lonko de la comunidad Juan Paillalef. La lonko fue detenida el 15 de septiembre pasado mientras se oponía al paso de maquinaria por la comunidad, maquinaria que trabajaría en el mejoramiento del camino al Lago Colico, pues son territorios que la comunidad reclama como propios.

“el actuar de la Gobernación, al dictar la resolución Exenta N° 2772 y de Carabineros de Chile, al cumplirla, significa precisamente incurrir nuevamente en los hechos por los cuales el Estado de Chile ve comprometida hoy su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no puede la recurrida justificar su accionar, arguyendo que desconocía la vigencia de la cautelar, toda vez que es deber del Estado de Chile, a través de sus diversos organismos quien debe cumplir lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dentro de esos organismos precisamente se encuentra la Gobernación de Cautín” indica el documento emanado de la Corte de Apelaciones de Temuco.

La determinación del máximo tribunal del país, a pesar de ser testimonial, vuelve a confirmar que el Estado chileno y sus policías no trepidan en la utilización de la fuerza contra comuneros mapuche, pese a la existencia de fallos y medidas cautelares de índole internacional que el Estado chileno debe cumplir, como en el caso de la Lonko y su grupo familiar.

Foto: http://calfunaopaillalef.blogspot.cl/

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Chile: El imperio de la estafa y el cohecho

11 enero 2017

[Por Paul Walder / Punto Final] El año 2016 es un año para olvidar desde los espacios políticos, económicos y sus nefastos efectos sociales. Es también un periodo de confirmación y consolidación de la crisis de las elites que controlan las decisiones y el curso de nuestras vidas. El modelo de mercado, cuyas luces comenzaron a apagarse ante una ciudadanía inicialmente encandilada en las décadas pasadas, hoy es un orden cristalizado y fracturado que ha instalado una atmósfera crepuscular. No sólo han sido condiciones para su deterioro y desprestigio las estadísticas y la visión de la desigualdad en el reparto de la riqueza, el poder y los placeres, sino, por si todavía quedaran dudas, la profusión de trampas y delitos de rufianes perfumados de cuello y corbata. Este proceso, que emergió desde finales de la década pasada, ha decantado hasta confundirse como parte estructural de un orden cuyo rechazo sólo es superado por el desprecio a la clase política. Las elites, que se cruzan en una trenza entre economía y política, marcaron durante el año pasado nuevos hitos históricos de repudio.

Tras el escándalo de colusión de los pañales para guaguas, que cerró el año tal como el papel tissue hizo lo suyo en 2015, la percepción hacia las empresas y sus gestores continúa marcando niveles mínimos. Un sondeo de Cadem publicado el 26 de diciembre reveló que el 84 por ciento de los consultados estima que las grandes empresas privadas abusan de los consumidores, proporción mucho mayor a la atribuida al sector público o a las pymes. A la pregunta de si el abuso es aislado o una práctica habitual, un 87 por ciento considera que es algo constante.

Una serie de otras preguntas nos confirma esa percepción de habitualidad que tiene la ciudadanía ante un abuso que cruza desde la economía a la política. Porque se trata de una continuidad que no da tregua. Pero hay, sin duda, algunos que han permanecido intactos en la memoria: de todos los casos que han afectado la confianza ciudadana en las empresas, el más grave para las personas es el cartel de las farmacias, con un 38 por ciento de las menciones, evento seguido por la serie de episodios de corrupción política y empresarial. Tras el cartel de los medicamentos, las personas espontáneamente mencionaron el caso Caval, SQM y Penta.

 

DE LOS POLLOS A LOS PAÑALES

El año 2016 se inició en la escena económica con el escándalo de la colusión entre las tres grandes cadenas de supermercados para acordar los precios de la carne de pollo. Durante los primeros días de enero pasado saltó a la luz pública un nuevo acuerdo ilegal en el mercado de la carne de ave, una continuidad al cartel de los productores detectado un par de años antes que confirma la percepción de la ciudadanía en cuanto a que estos abusos son una práctica habitual. En esta oportunidad, las tres principales cadenas de supermercados, que concentran el 90 por ciento de estas ventas, se concertaron para manipular los precios de la carne de pollo durante al menos cuatro años, delito por el que la Fiscalía Nacional Económica pidió una multa superior a los 22 millones de dólares. Un año atrás la autoridad del rubro había condenado a las tres principales empresas productoras de este alimento a pagar una multa superior a los 50 millones de dólares.

2015 terminó con la gran colusión del papel higiénico, un escándalo de proporciones en el núcleo oligárquico-empresarial que detonó la renuncia de un cabizbajo Eliodoro Matte a la presidencia del CEP y de la Papelera. Tras una gran pirotecnia comunicacional, porque el tiempo en Chile es capaz de esconder y conducir al olvido aberraciones y delitos de grandes proporciones, vestiduras rasgadas y toda gama de lamentaciones y condenas, todavía no se sanciona con cárcel efectiva los delitos contra los consumidores.

Así fue como en junio pasado un juzgado de Santiago rechazó admitir a tramitación la querella interpuesta en contra de las empresas papeleras CMPC y SCA Chile por colusión en el mercado del papel tissue , hecho que se extendió, según las investigaciones, por más de diez años con una grave lesión económica para toda la población. En la resolución, la magistrada rechazó admitir a tramitación la causa por considerar que los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica “no son constitutivos de delitos, al no existir en el ordenamiento penal chileno una sanción específica para conductas colusorias”.

La colusión no está penalizada en Chile. Sólo hay multas y otras sanciones menores. La Fiscalía había recurrido, tal como lo hizo en el caso farmacias, al artículo 285 del Código Penal para penalizar a los ejecutivos que urdieron esta nueva estafa masiva, obteniendo sin embargo los mismos y nulos resultados. Aquel texto, que sanciona a quienes por “medios fraudulentos” alteren el “precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación” no corresponde aplicarlo en este caso.

Tras este contundente dictamen, nuestra conclusión y la de los millones de consumidores es que en Chile las empresas pueden acordar las cuotas de mercado y precios impunemente. Las ganancias serán siempre mayores a las multas. Una gran noticia para las grandes corporaciones y una pésima señal para los consumidores. La colusión, y esto lo piensa todo el país como registra el sondeo de Cadem, no es un hecho aislado sino una práctica habitual estimulada por su impunidad.

 

PIRAMIDES, ESTAFAS Y OTRAS INNOVACIONES

2016 tuvo una innovación en los fraudes y estafas cometidos por el sector privado. No todo este espacio estuvo copado por grandes corporaciones, sino que se extendió a especuladores y truhanes de poca monta. Las estafas piramidales, un poco olvidadas, regresaron a la agenda noticiosa con intensidad y profusión. A la inicial de AC Inversions se le sumaron durante el año los fraudes de Alberto Chang y Rafael Garay, ambos casos en pleno desarrollo.

Estos tres lances reproducen un fenómeno en alza, que es propio de nuestros tiempos extremos. Los montos involucrados, la cantidad de personas afectadas, su perfil social, el mecanismo para captar ilusos y el destino de sus ahorros son factores que no pudieron haber ocurrido en otras épocas. El fuerte crecimiento de estas sociedades ilegales, que actúan ante una autoridad que hace la vista gorda, sólo pudo haber ocurrido en nuestra actual realidad. No sólo por la masificación de las tecnologías de la información y las redes sociales, sino por la financierización de la sociedad, el acceso a créditos fáciles y la fruición por el dinero rápido. La estructura piramidal de este negocio es también una metáfora del modelo neoliberal que aplasta y comprime a la sociedad chilena. Arriba la concertación del poder, la crema del negocio y timadores disfrazados de emprendedores. En la base, los productores, trabajadores, consumidores y otros exprimidos.

En esta línea, la estafa de Rafael Garay tuvo características especiales como fenómeno mediático y también como pieza de la educación privatizada. Pudo ser el crimen perfecto, si los números lo hubieran acompañado, apoyado en piezas clave de nuestra sociedad neoliberal: las finanzas, los medios y las universidades privadas, donde el estafador era un connotado profesor con tribuna abierta en la televisión.

 

CORPESCA EN EL CORAZON DE LA DC

La trenza política y económica está contaminada. Los fraudes y estafas no corren por carriles separados, sino se cruzan y fusionan. El caso SQM de boletas falsas ha seguido su curso, una pista hedionda en la que compite Corpesca, que desde el financiamiento ilegal de parlamentarios de regiones del norte del país, representados en la figura del senador formalizado Jaime Orpis, se expande al sur hasta la región de Aysén y al corazón de la Democracia Cristiana por la vinculación del senador Patricio Walker con pagos ilegales provenientes de la industria pesquera a la candidatura del diputado Iván Fuentes.

El fiscal que lleva esta causa ha buscado vínculos entre el ex gerente de Corpesca, el procesado Francisco Mujica, con el imputado en este mismo proceso, Luis Felipe Mondaca, de Asipes, a raíz de la tramitación de la Ley de Pesca. En las investigaciones los vínculos con la pesquera también han llegado al ex senador DC del Bío Bío, Hosain Sabag, imputado igual que el dirigente de Asipes.

Pero el caso sigue más al sur y hacia el fondo y núcleo oligárquico de la DC, con investigaciones contra Fipes (la agrupación de empresas de pesca austral) que indaga pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker en beneficio del ex dirigente pesquero y hoy diputado cooptado Iván Fuentes.

Walker quiere cerrar este capítulo a toda costa, un evento que de paso derribó las aspiraciones presidenciales de su hermano Ignacio. Junto con alegar que ha olvidado números, encuentros y perdido todos sus emails , a comienzos de diciembre a través de su abogado, el influyente Jorge Bofill, solicitó el sobreseimiento definitivo del proceso, el que fue rechazado el 22 del mismo mes por el Juzgado de Letras y Garantía de Coyhaique. La última semana del año, el mismo letrado solicitó a la Corte de Apelaciones de Coyhaique revocar el rechazo al sobreseimiento. Esta resolución mantiene la investigación sobre la responsabilidad del senador DC en la gestión de aportes irregulares de las empresas Friosur y Desarrollo Pesquero de Chile a la campaña de Iván Fuentes. Tal como SQM, que expande sus detritus a figuras fuera de la NM como Marco Enríquez-Ominami, o Caval, que aúna nuevos antecedentes a casi dos años de su estallido, Corpesca también llevará su putrefacción hacia 2017.

 

TAG, SALMONES Y EL INEFABLE EJERCITO DE CHILE

Hacia el tercer trimestre del año las cifras oficiales de rentabilidad de las empresas concesionarias de las autopistas lograron dar otro golpe a la credibilidad en el modelo de libre mercado. De paso, se conocieron contratos con seguros a todo riesgo firmados por las grandes corporaciones durante los gobiernos de la Concertación. En suma, las carreteras privadas inauguradas desde las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en adelante han otorgado a sus felices dueños rentabilidades de hasta catorce veces sobre el capital invertido, todo a cargo de los usuarios, que pasan cual borregos diariamente por las plazas de peaje y los portales del TAG.

Estos contratos, firmados bajo gobiernos entregados a las grandes corporaciones son, además, indelebles. Nada puede cambiarlos. Ello fue ratificado durante noviembre por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, al admitir que pese a las exorbitantes ganancias de las autopistas concesionadas, el Estado de Chile, representado por los gobiernos de turno, no puede hacer nada por modificar las condiciones en las cuales los gobiernos pasados, en especial de Frei y Lagos, ataron unos convenios bien coimeados, ya se sabe, entre inversionistas internacionales y los millones de obligados usuarios.

La industria salmonera, regalona de los distintos gobiernos de la Concertación, cometió el año pasado uno de sus peores crímenes contra el medioambiente y las comunidades. Tras sufrir la mortandad de millones de peces, descargó los residuos al mar frente a las costas de Chiloé, provocando una crisis sanitaria y social de grandes proporciones desatendida por el gobierno. Es un simple botón de muestra de los desequilibrios del poder y de la magnitud ilimitada de los abusos.

La guinda de esta torta tóxica la puso Codelco, como víctima de la Ley Reservada del Cobre. Tras el Milicogate, revelado hace ya más de un año a través de los multimillonarios recortes a las ventas de cobre que han ido a parar a los bolsillos de oficiales y tropas y al casino Monticello y moteles en Miami, la factura la ha pagado Codelco, que reveló tener sus arcas vacías de tanto pasarle dinero a las Fuerzas Armadas. La cuenta final la hemos pagado todos. Durante diciembre se acordó un aporte fiscal a Codelco para equilibrar sus pérdidas por Ley Reservada.

Esta es una pequeña reseña de un país que se dirige de forma veloz, directa y muy dedicada a su destrucción. La clase política, absolutamente enredada en estos escándalos, nunca se enfrentará a sus propios amos.

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 868, 6 de enero 2017.

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