Colombia. ANTAGONISMOS DE LA COYUNTURA POLÍTICA / Antioquia, la región con más casos de desaparición forzada / ALDEMAR PARRA, LÍDER SOCIAL FUE ASESINADO / ASESINATOS DE MUJERES AUMENTARON UN 45% …

Resumen Latinoamericano / CELAG/ El Tiempo/ Contagio Radio/11 de enero 2017 .-

ANTAGONISMOS DE LA COYUNTURA POLÍTICA COLOMBIANA

Por Javier Calderón Castillo | Ene 8, 2017

 

En el escenario político colombiano, las últimas dos semanas del 2016 fueron muy activas y contradictorias. En el Congreso de la República se aprobaron varias leyes con finalidades antagónicas: los partidos de la coalición de gobierno lograron imponer la reforma tributaria más regresiva desde los paquetazos neoliberales del uribismo a comienzos de siglo; y en simultaneo, aprobaron la Ley de Amnistía e Indulto utilizando la vía rápida -ó Fast Track- que constituyó el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz. Mientras eso ocurría en el parlamento, Juan Manuel Santos, recién premiado con el Nobel de Paz, se mostraba muy alegre por el inicio de las conversaciones para lograr un acuerdo con la OTAN, anuncio que dejó perplejos a los sectores democráticos del país, preocupados a los países vecinos y muy contentos a uribistas y militares.

Todo ello como antesala de un año en el que se inicia la campaña electoral, fundamental para el futuro de la paz y la apertura democrática. Por ello es importante entender algunas claves de los movimientos ocurridos en estas semanas:

Los efectos de la recesión mundial, la crisis de los precios del petróleo y la amplia corrupción de los funcionarios estatales son algunas claves para entender la grave situación de la economía colombiana. Frente a ello, la respuesta de Santos ha sido la aplicación de la formula neoliberal de incrementar los impuestos a los trabajadores y pequeños comerciantes, y no ampliar las tasas impositivas a los grandes negocios extractivistas que se lucran con el oro, el coltan, el carbón, el petróleo, o poner impuestos a las grandes ganancias del sector financiero, que a septiembre de 2016 ascendían a 10 billones de pesos (3500 millones de dólares)[1].

La reforma tributaria aprobada por el parlamento y decretada el 29 de diciembre por Santos, subió del 16% al 19% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la mayoría de productos de la canasta básica generando un impacto muy fuerte en las finanzas de las familias; se gravó con el 5% a los vehículos ambientales como las bicicletas o autos eléctricos y se dispuso la reducción gradual del impuesto a la renta a las grandes empresas[2]. Con la reforma, el gobierno aspira a recaudar 6.5 billones de pesos colombianos (2 mil millones de dólares), un monto levemente superior al recorte presupuestal del 2016 que fue de 6 billones de pesos[3], y muy inferior al déficit fiscal de 35 billones de pesos (12 mil millones de dólares).

La situación económica para la población en el 2017 seguramente será aún más difícil: el aumento de precios en los bienes de primera necesidad con el IVA del 19% disminuirá la capacidad de compra, que se agravará por el ajustado incremento salarial del 7% decretado por el gobierno. Las centrales sindicales se retiraron de la mesa de concertación laboral al no lograr un acuerdo con los empresarios y el gobierno, teniendo en cuenta que los trabajadores entraron a la negociación salarial con una petición del 14%, argumentando el crecimiento de la inflación y el incremento de los índices de precios al consumidor -especialmente por los altos precios de alimentos-, mientras que los empresarios ofertaron tan sólo el 6,5%, con lo cual la cifra definida finalmente por el gobierno no fue concertada y más cercana a la oferta empresaria. Los sindicatos advirtieron que ante esta situación el 2017 será un año de paros, huelgas y movilizaciones[4].

Casi de manera simultánea, el gobierno con su coalición mayoritaria de partidos en el parlamento aprobó la primera ley de todo el marco normativo que se debe desarrollar para implementar los acuerdos de paz, firmados con las FARC el pasado 24 de noviembre. Con 117 votos a favor y 3 en contra en la cámara de representantes y 69 a favor y 0 en contra en el senado, se aprobó la Ley 1820 del 30 de diciembre, por medio de la cual se establecen las disposiciones sobre la Amnistía y el Indulto para los combatientes de las FARC-EP y todas las personas del movimiento social procesadas o condenadas por asociación a ésta guerrilla. Además reglamenta los tratamientos penales especiales y otras disposiciones para los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas incursos en delitos de guerra.

El grupo parlamentario de la Alianza Verde, el del Polo Democrático y la coalición de gobierno del santismo votaron a favor de la Ley, con algunas notables excepciones. El exguerrillero amnistiado, hoy senador, Antonio Navarro y la senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, argumentaron a favor de la ley, pero se retiraron del recinto del congreso antes de las votaciones. El ultraderechista Centro Democrático en pleno se ausentó del recinto sin votar, advirtiendo que de llegar a la presidencia desconocerán todo el acuerdo de paz y las leyes que de este se deriven.

La ley tendrá sus primeros efectos a partir del próximo 10 de enero y en ella se establecieron dos modalidades de amnistía, una amnistía e indulto de iure sin pasar por los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, facultando al presidente a realizarla por decreto. Cobija a los combatientes y personas del movimiento social procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos: “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con ley (artículo 15)[5]. Y otra amnistía e indulto que debe ser aprobada por una sala especial contemplada en la Justicia Especial para la Paz, destinada para los casos donde existen demandas o condenas por supuestos delitos de lesa humanidad contemplados en estatuto de Roma y en el derecho internacional humanitario, que son conductas sistemáticas tales como el genocidio, el reclutamiento forzado de menores, los abusos sexuales o toma de rehenes (ver los artículos del 21 al 27).

Finalmente, en la ley se establecen los tratamientos jurídicos especiales para miembros de la fuerza pública comprometidos en violaciones a los derechos humanos contemplados en los convenios internacionales y en el Estatuto de Roma, quienes deberán presentarse ante la Justicia Especial para la Paz para conseguir beneficios judiciales después de surtidos los procedimientos en las salas dispuestas para tal efecto (ver artículos del 44 al 50 de la Ley). Este punto ha sido muy cuestionado por organismos de derechos humanos, como Human Right Watch y por las víctimas de crímenes de Estado, por lo que se prevé a futuro una disputa judicial en ámbitos internacionales.

En la región no se pasó por alto las declaraciones del presidente Santos sobre el inicio de las conversaciones para lograr un acuerdo con la OTAN. Según el propio presidente, desde hace 9 años, en el uribismo, el gobierno viene tramitando su ingreso como cooperante de este tratado militar de los países del norte global[6]. Una declaración que no correspondería a un Premio Nobel de Paz, si no existiera el antecedente de Obama.

El presidente de Venezuela fue el primero en manifestar su preocupación por esta medida, puesto que dicha asociación contraviene la declaración de una región de paz realizada por la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC. Voces colombianas también rechazaron el acuerdo por considerarlo una situación similar al recordado experimento uribista de instalación de 7 bases militares norteamericanas en suelo colombiano.

Este movimiento del gobierno se puede leer también como una concesión al estamento militar en la postguerra interna, para mantener/legitimar la tesis del enemigo externo –narcotráfico, terrorismo mundial- que les permita continuar con el presupuesto más abultado de la región, con condiciones laborales privilegiadas, muy distintas a la flexibilización laboral que padece el resto de la población colombiana.

Como se decía al comienzo, todo esto en el contexto del inicio del año electoral, que empieza a mover el tablero político. El actual vicepresidente Germán Vargas Lleras está organizando la salida del gobierno para iniciar su campaña presidencial, luego de haber estado más de seis años al frente de la construcción y la infraestructura, el rubro más dinámico de la economía nacional y que deja bastantes dividendos. En su reemplazo suena el general retirado de la policía Oscar Naranjo, conocido por sus actuaciones como miembro de la DEA, asesor de Enrique Peña Nieto y como negociador del gobierno en los diálogos con las FARC.

También anunció su precandidatura la senadora Claudia López del Partido Alianza Verde, investigadora con un estilo muy directo y polémico, cuyos hallazgos aportaron pruebas en  casos muy sonados de parapolítica, ostenta con una posición de centroderecha en otros ámbitos como en los derechos sociales y la política económica. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático también anunció su precandidatura con una postura cerrada sobre posibles alianzas, lo cual baja las expectativas sobre sus posibilidades de tener una buena elección.

Se espera que en los próximos meses surjan otras pre candidaturas presidenciales de la izquierda, se clarifique la estrategia del santismo, las definiciones del Partido Conservador y las definiciones del ultraderechista Centro Democrático. Empieza la carrera electoral que augura mucha polarización en torno al cumplimiento y desarrollo de los acuerdos de paz y sobre el futuro económico del país.

 

Notas

[1]https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10081702

[2]http://www.dinero.com/economia/articulo/resumen-de-reforma-tributaria-aprobada-y-texto-completo/240455

[3] http://www.eltiempo.com/economia/sectores/recorte-presupuestal-del-gobierno-en-el-2016/16518628

[4]http://cut.org.co/la-cut-rechaza-pirrico-incremento-salarial-del-7/

[5] http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201820%20DEL%2030%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf

[6] http://www.rcnradio.com/nacional/colombia-otan-implementaran-acuerdo-cooperacion/

 

 

*Desaparecidos

Antioquia, la región con más casos de desaparición forzada

El Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que en Colombia hay más de 60.000 afectados.

Por:  KAREN BOHÓRQUEZ CONTRERAS |

12:24 p.m. | 10 de enero de 2017

Una de las prácticas más macabras que ha dejado el conflicto armado en Colombia es el de la desaparición forzada. Hasta hace poco, la cifra oficial era de 26.000 desaparecidos por cuenta de la guerra. Sin embargo, según un reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ese drama lo viven hoy 60.630 familias.

La cifra no solo está muy distante de la que se manejaba, sino que además revela los alcances de una práctica considerada delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible: según Memoria Histórica, entre 1970 y el 2015 en promedio tres personas fueron desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a un caso cada ocho horas. La cifra total representa el doble de los desaparecidos por la dictadura militar en Argentina.

Aunque la mayoría de estos crímenes se perpetraron en décadas pasadas, llama la atención que entre el 2005 y el 2015, de acuerdo con el documento, se denunciaron casi diez mil víctimas.

Estos 34.630 casos que engrosaron el registro nacional fueron documentados gracias a la inclusión de los registros que tiene la Unidad para las Víctimas y otras instituciones gubernamentales, ONG, declaraciones de los actores armados y bases de datos de 102 fuentes sociales e institucionales como periódicos, reportajes audiovisuales, sentencias judiciales, fotografías, entre otros.

Además, se registraron casos que habían sido excluidos “debido a que no existía información sobre el victimario o el perfil de la víctima y se extendió el criterio de inclusión a aquellos casos de secuestro que mutaron en desapariciones forzadas porque el perpetrador se negó a dar información de la víctima luego de que se cumplieran o no las exigencias por su liberación”, señala el informe.

Igualmente, fueron tenidas en cuenta las exhumaciones realizadas por la Fiscalía en fosas comunes de todo el país. El informe menciona que al 1.° de junio del 2016, la Fiscalía ha practicado 6.570 exhumaciones, de las cuales ha identificado 3.075 cuerpos. De ese total solo 1.334 personas habían sido reportadas como víctimas de desaparición forzada.

En cuanto a los perpetradores, el documento establece que en el 51,4 por ciento de los casos se desconoce el autor. Del resto, el 46,1 por ciento corresponde a los grupos paramilitares; 19,9 por ciento, a las guerrillas; 8,8 por ciento, a grupos posdesmovilización; el 8 por ciento, a agentes del Estado y el 15,9 por ciento, a grupo armado no identificado.

De las 5.849 desapariciones cometidas por las guerrillas, 4.553 no identifican al grupo guerrillero, mientras que 1.067 fueron atribuidas a las Farc, 157 al Eln, 21 al Epl y 21 a disidencias guerrilleras. Muchos casos corresponden a secuestrados que nunca regresaron a sus hogares. No menos de 500 son militares que terminaron cautivos tras combates o que fueron secuestrados cuando iban de civil y sin armas.

El informe muestra que de las 2.331 desapariciones atribuidas a agentes del Estado, 1.472 corresponden a miembros del Ejército, 653 a policías, 55 al liquidado DAS, 25 a miembros de la Armada y siete efectivos de la Fuerza Aérea.

El Centro de Memoria Histórica revela que, en promedio, nueve de cada diez víctimas eran hombres. Y que aunque aún no se tiene registro de mujeres que desaparecieron estando en embarazo, la base de datos ha podido documentar 12 casos.

Entre esas víctimas está Omayra Montoya, desaparecida en 1977 con tres meses de gestación y quien además es la primera víctima de desaparición forzada reconocida en Colombia. El caso, aún impune, fue perpetrado por agentes del desaparecido F-2 de la Policía en Atlántico.

Además, el informe destaca que de las 20.210 víctimas de las que se conoce la edad (33,3 por ciento del total), al menos 3.200 eran menores de edad. Se reportaron 11.850 de entre 18 y 35 años; 4.205 de entre 36 y 55 años y 938 mayores de 56.

De la totalidad de las víctimas documentadas, 874 registran pertenencia étnica: 423 indígenas, 421 afrocolombianos, 26 raizales y 3 palenqueros.

En cuanto a las regiones más afectadas, el Magdalena Medio, el oriente antioqueño y el Valle de Aburrá (Antioquia) suman 10.377 desapariciones forzadas. Le siguen el Urabá, el alto Sinú y San Jorge (Córdoba), el bajo Cauca y el suroeste antioqueño, con 6.933 casos.

Regiones como Ariari-Guayabero (Meta) y Florencia (Caquetá) registran 4.483 desaparecidos. Las regiones del Pacífico, como el Valle, Cauca, Nariño y el bajo Putumayo, reportan 4.089 casos.

El Catatumbo registra 1.052 desapariciones; el piedemonte llanero, 2.106 casos, y la Sierra Nevada de Santa Marta tiene 3.208.

De acuerdo con el estudio, la repartición del fenómeno coincide con las zonas de consolidación de los grupos paramilitares en el norte del país, de las Farc en el suroriente y de las zonas de disputa en el centro y suroccidente del territorio nacional. Además, “toda esta geografía está permeada por los circuitos de cultivo, procesamiento y exportación de coca en el norte, suroriente y suroccidente”, dice el informe.

Solo en 5.231 casos registrados por el Centro de Memoria se conoce la ocupación de la víctima. De estos, el 43,3 por ciento eran campesinos. Le siguen obreros y profesionales asociados a la economía formal, con un 15,6 por ciento; comerciantes y vendedores ambulantes, con 14,1 por ciento; funcionarios públicos, 4 por ciento. Los combatientes, incluyendo miembros de la Fuerza Pública, representan un 10,8 por ciento de las víctimas de desaparición.

De estas 60.630 víctimas reconocidas de desaparición forzada, después de varios años hubo noticias de 8.122. El documento dice que en 3.480 casos se encontró el cadáver y que en otros 3.658 casos los restos siguen desaparecidos, pero existe información, principalmente, por declaraciones de los actores armados.

KAREN BOHÓRQUEZ CONTRERAS
Redacción JUSTICIA
Justicia@eltiempo.com

 

*Asesinato a militantes sociales

ALDEMAR PARRA, LÍDER SOCIAL DE EL HATILLO, EN CESAR FUE ASESINADO

8 Ene  2017

Frente a la nula respuesta por parte del gobierno nacional, al afirmar que los asesinatos defensores de derechos humanos en Colombia son hechos aislados, un nuevo líder social es víctima de un asesinato. Se trata de Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se presentó sobre las 03:00 de la tarde  de este sábado cuando el líder comunitario se dirigía desde la vereda El Hatillo hacia la cabecera corregimental de La Loma de Calenturas, El Paso, en el lugar conocido como Mata e’ Zorra. Allí fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta roja y que cubrían sus rostros con los cascos. Testigos señalan que la motocicleta en que se desplazaban los sicarios ya había sido vista anteriormente merodeando por las residencias de los líderes comunitarios.

Parra además era sobrino de Alfonso Martínez, Yolima Parra y Diana Fonseca, quienes también líderes comunitarios de El Hatillo. Según se conoce Aldemar ya venía siendo víctima de amenazas por sus propuestas y críticas referentes al reasentamiento de esta vereda con motivo de la contaminación ambiental causada por la explotación minera en la región, que además ha dejado graves problemas de salud de los habitantes y ha cambiado la actividad agrícola de ese territorio.

Esa zona del departamento del Cesar viene siendo afectada desde hace varios años por la actividad minera. En un cinturón de 30 kilómetros que une La Jagua y La Loma hay siete proyectos y cinco empresas. Las minas que rodean a Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo son Calenturitas, de Prodeco; Descanso Norte y Pribbenow, de Drummond, y El Hatillo y La Francia, de Colombian Natural Resources (CNR).

Según el Informe de Riesgo No. 040-16-A.I. emitido en noviembre de 2016 por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, los líderes de esta zona de país se encontraban en un escenario de alto riesgo, pero sin embargo no se tomaron las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida, lo que hoy se evidencia con este nuevo asesinato.

 

*Erradicaciones forzadas/acuerdos por la paz

CON ERRADICACIONES FORZADAS SE ATENTA CONTRA ACUERDO DE PAZ: ASCSUCOR

10 Enero 2017

 

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba – ASCSUCOR- aseguró a través a un comunicado que desde el pasado 27 de diciembre cerca de 100 soldados pertenecientes al Batallón Rifles están realizando erradicación forzada de cultivos de hoja de coca en el Sur del departamento de Córdoba.

En la misiva manifiestan que de esta manera se está “desestimando la priorización del territorio en el marco de la implementación de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP”.

Para la Asociación de Campesinos, las erradicaciones forzadas desconocen el punto cuatro del Acuerdo de Paz (componente uno) que “desde luego se conjuga con el acuerdo número uno: Reforma Rural Integral”.

De igual modo, ASCSUCOR aseveró que los militares se han acantonado en el corregimiento de Tierradentro del Municipio de Montelibano, Córdoba con el mismo objetivo.

Los y las integrantes de ASCSUCOR han recordado que muchas familias subsisten de este tipo de cultivo debido a “el abandono gubernamental, carencias socioeconómicas y falta de garantías de derechos humanos” y añaden que “no se puede ser incoherente ante lo predispuesto en el acuerdo final, no se puede seguir degradando la Colombia rural y olvidada”.

Por lo anterior, los cultivadores y cultivadoras de hoja de coca han solicitado a las instituciones pertinentes, gesten los encuentros pertinentes para poder dialogar sobre este tema y llegar a acuerdos.

“Los cultivadores y cultivadoras de hoja de coca del sur de Córdoba están en total disposición de concertar los mecanismos  de implementación del acuerdo cuatro, componente uno, de sustitución voluntaria, concertada, con garantías y que desde luego se conjugue con el acuerdo número uno: Reforma Rural Integral”.

Y concluyen responsabilizando al estado colombiano en cabeza del actual presidente Juan Manuel Santos de cualquier situación que pueda acontecer en la región y que atente contra los derechos humanos de los líderes y personas que son parte de ASCSUCOR.

*Acuerdos con el ELN

PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL SON CLAVES PARA DESTRABAR MESA ELN-GOBIERNO

10 Enero 2017

El próximo 12 de enero se dará el encuentro entre las delegaciones  del ELN y el gobierno, para intentar proseguir con el proceso de paz, motivo por el cual, diferentes organizaciones redactaron una carta con propuestas para destrabar el proceso, en ella exigen que se lleve a cabo la  liberación de Odín Sánchez y que cumplan puntos pactados como los son los indultos.

Frente a este punto, las organizaciones y personas que firman la carta proponen que además de los dos gestores de paz que ya hay, se designen otros dos, debido a los impedimentos jurídicos que han imposibilitado dar los indultos, y reafirmaron la necesidad de que se realice un proceso de conversaciones más cerrado: “no es saludable ni conveniente la negociación a través de los micrófonos… una fase exploratoria debe ser, por definición, discreta”.

De acuerdo con Monseñor Monsalve estas propuestas surgen como iniciativas por “superar las dificultades que han ido surgiendo desde el instante en que se anunció la fase pública de estas conversaciones”. Le puede interesar: “12 de enero, nueva fecha para reunión entre delegaciones del ELN y gobierno de Colombia”

Frente a la reunión y las expectativas que hay de ella, Monsalve afirma que después del 12 de enero se sabrá si, tanto el gobierno como el ELN “lograron ver más allá de los obstáculos que se han puesto, que parecieran inamovibles” y de las necesidad del país para que se frene la guerra. A su vez, advirtió que es importante estar pendientes del comienzo de la implementación de la Habana “que aún es vulnerable” y añadió que esta reunión tiene un carácter importante para el futuro inmediato del país, motivo por el cual se espera que “no se vayan por las ramas de los temas sino que se mire el trasfondo de un dialogo entre el Estado y una organización Subversiva”.

Para finalizar Monseñor Monsalve señalo que como sociedad el reto más grande que se tiene es pensar como aunar esfuerzos para asumir y responder a lo que se viene en términos económicos, políticos, no solo a nivel interno sino también externo.

Además Monseñor Monsalve se refirió a la amenaza que recibió y señalo que ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía, que pretende  ir tras la pista de los responsables de este hecho, y afirmó que “su vida ha seguido bajo normalidad”.

 

*Femicidios

 

ASESINATOS DE MUJERES EN ATLÁNTICO AUMENTARON UN 45% EN 2016

8 Ene 2017

El departamento del Atlántico cerró el 2016 con 51 casos  de asesinatos de mujeres lo que significa  un aumento del 45% en relación con el 2015. De ellos 12 fueron catalogados como feminicidios.

Así lo habían alertado organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres de esa región, quienes señalaron que durante las fiestas de fin de año la violencia machista, principalmente porque esta zona del país culturalmente sigue un patrón patriarcal, que empeora con el consumo de alcohol.

Pese a ese llamado, la última mujer asesinada fue Yarelis María Arévalo Fontalvo, quien el pasado 28 de diciembre, tras recibir una llamada en el barrio Rebolo, el cuerpo de la joven, de 19 años, fue encontrado en una calle del sector la Bendición de Dios con dos tiros en la cabeza que le habría propinado un parrillero de una moto.

Frente a esta situación, Sandra Vásquez Hernández, secretaria de La Mujer y Equidad de Género de la Gobernación, manifiesta que con la apertura de la oficina de la Mujer en los 22 municipios del Departamento se fortalecerá la ruta de atención y emprenderá una campaña más fuerte en contra de las violencias contra las mujeres.

Cabe recalcar que luego de un año de haberse promulgado la Ley Rosa Elvira Cely, a nivel nacional las condenas en los procesos abiertos por feminicidio no han sido resultados, pese a que en promedio cada día cuatro mujeres son víctimas de asesinatos en Colombia, cuyo 90% de los casos se encuentran en la total impunidad.

Según el Instituto  de Medicina Legal 2016 tuvo un registro de más de 27 mil casos de abuso sexual contra las mujeres en Colombia, y el número de feminicidios también aumentó, mientras en 2015 fueron 670 y en 2016 la cifra llegó a 731.

 

 

You must be logged in to post a comment Login