Desde Brasilia

Michel Temer negó el envío de  agentes federales para reforzar la seguridad de las cárceles que había sido solicitado con “urgencia” por la  gobernación de la de Roraima donde ayer fueron asesinados al menos 31 presos, con lo cual ya suman al menos 91 los muertos esta semana en reclusorios de la región amazónica.

Un documento oficial demostró que desde noviembre pasado el Palacio del Planalto sabía que era inexorable la matanza ocurrida en el Presidio Agrícola Monte Cristo ubicado en los suburbios de  Bela Vista, la capital de Roraima, provincia fronteriza con Venezuela y la Guyana inglesa.

Los asesinos, quienes podrían ser miembros de la organización Primer Comando de la Capital (PCC), torturaron y luego decapitaron a algunas de sus víctimas cuyos cuerpos estaban diseminados en el centro de detención.

“Estamos rastrillando el predio, es un lugar muy grande, hay plantíos, ya encontramos muchos cuerpos pero no me extrañaría se hubiera más, esto es una barbaridad, los cuerpos tienen las marcas de una crueldad sin límites” declaró Uziel Castro, secretario de Justicia y Ciudadanía de Roraima. “Esta guerra entre el PCC y la Familia del Norte no puede ser contenida por una provincia, no tenemos los medios para enfrentar bandas con mucho dinero y armas”.

Ante la llegada de familiares de los detenidos la Tropa de Choque de la Policía Militarizada interceptó el camino de asfalto, teñido de tierra roja, que lleva desde el centro de Boa Vista a la cárcel de Monte Cristo donde en octubre de 2016 hubo otra matanza que costo la vida de al menos 10 personas. Para algunos funcionarios del gobierno provincial de Roraima esta  carnicería puede estar conectada con lo ocurrido el domingo pasado en el Complejo Penitenciario Anicio Jobim, de Manaus, en el estado de Amazonas.

Hasta ayer a la noche aún no se había identificado a todas las víctimas fallecidas en la cárcel Jobim de Manaus, que son entre 56 y 60 personas, mientras continuaban prófugos 109 presos. Se atribuye a esos presidiarios en fuga parte de los más de 10 asesinatos ocurridos en la periferia de Manaus en la noche del miércoles, algunos de los cuales podrían ser “ajustes de cuentas”.

Comercios y una universidad de Manaus cerraron sus puertas al anochecer de ayer ante el temor de más ataques y asesinatos.

Mientras no hay una versión unánime sobre los crímenes del viernes en Roraima se da por seguro en Manaus los muertos pertenecen al PCC y sus victimarios son miembros de la Familia del Norte.

El ministro de Justicia Alexandre de Moraes convocó ayer a la prensa en Brasilia donde relativizó el pedido de fuerzas federales formulado por la gobernación de Roraima y deslindó toda responsabilidad federal con los hechos de sangre. Poco después de la conferencia del funcionario de Temer el Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma Rousseff, solicitó su renuncia. “Tras  los acontecimientos de Roraima y Amazonas se tornó inviable la permanencia del ministro en su cargo”, dijo el diputado petista Paulo Teixeira.

No sólo el PT cuestionó al gobierno, también hubo comentarios críticos sobre el sistema carcelario por parte del papa Francisco, Naciones Unidas y Amnistía Internacional. La Orden de Abogados de Brasil informó ayer que analiza llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que hace un par de meses recibió una denuncia por el golpe contra la presidenta electa Dilma Rousseff.

Con una estructura disciplinada y vertical el PCC, surgido en el estado de San Pablo, es el cártel más poderoso del país. Bajo el comando del enigmático Herbas Willian Camacho, alias “Marcola”, esa banda controla decenas de presidios en el sureste y sur brasileño, y ahora se propone conquistar “La Ruta del Río Salimoes”, por el cual navegan los alijos de cocaína procedentes de Colombia y Perú.

Desde Manaus los cargamentos siguen por río o avionetas hacia el litoral atlántico y de allí embarcan a Europa o los grandes centros consumidores de San Pablo y Río de Janeiro. Pero para hacerse de ese botín piscotrópico el PCC tendrá que destronar a la Familia del Norte, que además de detentar el control de varios presidios de la región amazónica cuenta con la tolerancia, sino complicidad, de políticos, jueces y miembros del servicio penitenciario.

Para la mayoría de los analistas los crímenes de Roraima, el viernes, y Amazonas, el domingo, son las batallas iniciales de una guerra que puede prolongarse por meses y extenderse al resto del país.

Según trascendió ayer hay un “clima de tensión” en algunos presidios de Río de Janeiro, controlados por el Comando Vermelho, otra formación irregular, que está en guerra con el PCC.

Buena parte de los columnistas, en general  simpáticos al gobierno, consideran que éste, que asumió el 31 de agosto, fue desbordado por una crisis que puede agravar su desgaste político prematuro.

Temer oscila entre la arrogancia y el autismo: luego de restarle importancia a los crímenes de Manaus el jueves finalmente tocó el tema, al que definió como un “accidente”.

Ayer el  ministro de Justicia Moraes replicó a su jefe, cuando además de descartar una contienda entre el PCC y la Familia del Norte,  llegó a sugerir que los problemas en la Amazonia tienen algún punto de contacto con los “refugiados” de Venezuela. Moraes y el ministro de Defensa Raúl Jungmann, que habló el jueves, son la línea de frente del plan oficial para hacer de esta disputa entre mafias brasileñas un pretexto para militarizar las fronteras bajo el pretexto de declarar la guerra al narcotráfico. En línea con esa tesis que impregna la concepción diplomática de la administración Temer, miembros del Ministerio Público Federal comentaron el jueves que la Familia del Norte negocia con las FARC colombianas.