Los trabajadores de los Ministerios Públicos realizaron ayer un cese de actividades por la falta del pago del último incremento salarial del año. Resolvieron un paro de 24 horas para el viernes en caso de que no aparezca el dinero.

El fallo de la Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensa de Pedraza y de otros once condenados por el homicidio de Ferreyra y las severas lesiones causadas a Magalí Elsa Rodríguez por el grupo agresor que respondía a Pedraza, hasta entonces titular de la UF, el mayor sindicato ferroviario.

La Corte también ratificó las condenas impuestas a Juan Carlos Fernández y Cristian Favale, entre otros acusados por el ataque con armas de fuego perpetrado en el barrio porteño de Barracas a manifestantes que reclamaban la efectivización de los trabajadores del ferrocarril Roca que tenían contratos precarios tercerizados.

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el fallo desestimó el recurso de queja interpuso por la defensa de Pedraza contra la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que a su vez había rechazado recursos de las defensas contra las condenas impuesta al ex titular de la UF y los restantes acusados por el Tribunal Oral en lo Criminal 21 que los juzgó.

El máximo tribunal rechazó en consecuencia también los recursos presentados en favor de Gabriel Fernando Sánchez, Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González, Jorge Raúl Ferreyra, Hugo Ernesto Lompizano, Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, Luis Alberto Echavarría, Luis Osvaldo Mansilla y Pablo Marcelo Díaz.

La causa por el homicidio de Mariano Ferreyra llegó a la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año por la vía de recursos de queja, después de que a fines de 2015 la Sala III de la Casación rechazara un recurso extraordinario presentado por las defensas contra las condenas dictadas por el Tribunal Oral 21.

Este tribunal condenó en 2013 a 15 años de prisión a Pedraza y a su segundo Fernández, a 18 años a Favale y Sánchez y a penas de entre ocho y once años a los otros acusados.

El mismo día del crimen, imágenes televisivas desbarataron el intento de Pedraza y sus cómplices de culpar a las víctimas o de presentar el ataque armado de la patota de la UF, que causó heridas de bala a tres personas, como un “enfrentamiento”.

Horas después de los hechos, una multitudinaria marcha a la que aportaron columnas diversas corrientes políticas, sindicales y organizaciones sociales expresó en su recorrido hasta Plaza de Mayo el extendido repudio al asesinato, junto al reclamo de que fueran castigados sus autores materiales e intelectuales.

Al recordar en octubre último a Mariano Ferreyra en un nuevo aniversario del crimen, en la Legislatura porteña, Marcelo Ramal (PO-FIT) sostuvo que “este asesinato fue el resultado de una conspiración política y económica que tuvo tres patas: la primera, la del concesionario del ferrocarril que, tercerización laboral mediante, le pagaba a un conjunto de trabajadores la tercera parte de lo que les hubiera correspondido por convenio. La segunda, la burocracia sindical de la Unión Ferrovaria, con José Pedraza a la cabeza, ya que el mismo era empresario y titular de cooperativas truchas que empleaban a esos trabajadores tercerizados. La tercera pata era el propio gabinete nacional, que articulaba este negocio a costa del presupuesto público, de los usuarios y de los trabajadores”.

Además, Ramal rechazó “la decisión judicial de impunidad (adoptada este año) que permite que Pedraza esté en prisión domiciliaria en su departamento de Barrio norte, comprado con la plata que le robó a los trabajadores ferroviarios”.