Argentina: Informe desmiente que exista una “industria del juicio”

Infogremiales / Resumen Latinoamericano / Noviembre 3, 2016.

Un trabajo elaborado por el Centro Atenea demuestra que en 2015 sólo llegaron a la justicia el 16% de los siniestros laborales. “Los índices de judicialización en rigor son bajos”, expresaron. Además las ART obtuvieron millonarias ganancias.

Mientras el Gobierno Nacional avanza con un proyecto de ley de reforma del régimen de riesgos del trabajo, basado en el argumento de la necesidad imperiosa de reducir la litigiosidad que estaba a punto de hacer colapsar el sistema, un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea pone en cuestión esas afirmaciones.

Es que el trabajo consigna que “en 2015 existieron 659.041 siniestros registrados por Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no obstante se iniciaron 106.021 juicios, esto es el 16.08% de casos judicializados”. Pero la cifra puede ser aún menor.

“Para tomar un índice veraz”, agregan, “no solo deben tomarse como referencia los siniestros ocurridos en el 2015, sino en 2014, y 2013, que son los períodos no proscriptos y en condiciones de reclamar las indemnizaciones que corresponda. En este caso, los siniestros de los tres años totalizan 1.994.968, solo un 5,31% fueron judicializados”.

Con los números en la mano, desde Atenea señalan que “los índices en rigor son bajos y el sistema no presenta síntomas de muerte”.

Tomando el universo total de trabajadores que se encontraban registrados en el sistema en 2015 (9.776.994) y por los cuales las ARTs cobraban su cuota, Atenea afirma que recibieron una demanda por cada 92 trabajadores asegurados.

Pero no sólo el sistema no está en riesgo, sino que las principales compañías del mercado obtuvieron, el año pasado, resultados positivos y mejores que en períodos anteriores. Así por ejemplo Prevención ART, tuvo un resultado de ejercicio favorable de $183.908.791 (1357% mayor que en 2014) y Galeno ART de $637.366.981 (crecimiento del 215% respecto del 2014).

Los objetivos de la reforma enmascarada en reducir la litigiosidad, entonces, serían otros. Desde el Centro de Estudios entienden que lo que se busca de fondo es bajar los costos de las compañías, trasladando los costos al presupuesto de la Corte Nacional, recargar costos sobre las Obras Sociales sindicales, dificultar el acceso de los trabajadores a la justicia y desplazar la competencia del fuero laboral.

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