No sabe/No contesta: Argentina no tuvo respuestas ante la ONU en materia de políticas de género

María Florencia Freijo / La izquierda Diario / Noviembre 2, 2016. Reproducimos la opinión de la politóloga María Florencia Freijo sobre la intervención de los funcionarios del gobierno frente a la Cedaw.

Ante la mirada de la comunidad internacional en Naciones Unidas, en el día de ayer, la República Argentina no supo brindar respuestas en cuanto a avances concretos en materia de equidad de género, y de la adhesión a los protocolos para la eliminación de todos los tipos de violencia de la mujer. La indignación institucional, se suma al fatídico contexto del mes de octubre que tuvo a una mujer muerta cada 24 horas víctima de femicidio.

Hace más de dos años, el colectivo de mujeres profesionales y militantes, representadas bajo la consigna #niunamenos, han sabido posicionar en una agenda mediática y de presión política, la grave situación institucional y en materia de acceso a la justicia con la que conviven las mujeres, y que reflejan la vulnerabilidad ante los casos de violencia y como último bastión, la escalada de crueldad en los femicidios, en Argentina. El último 19 de octubre, con un paro productivo (el primero generado en esta gestión) y con adhesiones de más de 120 lugares en todo el mundo, se abrieron los caminos y se reveló la verdad que el gobierno niega y minimiza sistemáticamente. Una verdad que no quiere ser contada ni en números, ni de manera narrativa: los datos están, la información existe, pero los informes sobre estos flagelos cuentan con una liviandad y falta de rigor estadístico que llama la atención.

Ante esta coyuntura de desidia, el 1 de noviembre Argentina tuvo que rendir cuentas ante las Naciones Unidas, para el comité creado en el marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). La relatoría se desarrolló en el palacio de ésta entidad en Ginebra, donde además diferentes delegaciones de ONG´s en materia de género y derechos humanos, habían presentado informes (a parte del informe oficial) para denotar las vulneraciones que sufren las mujeres en el país a su integridad. Cabe destacar que también se encontró presente la organización “Otrans” representando al colectivo de mujeres transexuales.

Iniciada la sesión en las Naciones Unidas, podríamos representar un paralelismo perfecto entre la puerta giratoria de la mujer que va a denunciar violencia de género, mareada ante una estructura burocrática que no responde y delega; y lo que ocurrió en el recinto de la CEDAW: respuestas vagas a preguntas concretas, con un gobierno agobiado en la búsqueda del comodín institucional de “te presentaremos un informe en 48 horas”, como si los números que jamás se recogieron pudieran desagregarse en ese tiempo, y como un deja vú perfecto del “esa te la debo, no estoy en tema”, respuesta del presidente Mauricio Macri a un periodista al ser consultado por el fallecimiento por un infarto de una mujer, al enterarse cuanto iba a cobrar luego del ajuste atroz a los docentes. La CEDAW fue incisiva ante una realidad que estalla frente a los ojos de nuestros representantes, se exigieron respuestas en materia legislativa y de estadísticas oficiales que dejaron a la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, y a otras/os funcionarias/os, con un llamado de atención de la comunidad internacional sobre la falta de Políticas Públicas reales que acompañen los múltiples reclamos. Una vez más la Argentina debió asumir, que para “pertenecer al mundo”, esa premisa tan proclamada por el gobierno, primero debemos pertenecernos como ciudadanos sujetos de derechos, y la equidad de género es la materia pendiente en materia de democracia y desarrollo económico.

No tardó en llegar lo que días pasados sería un pedido formal de las Naciones Unidas a través de su comisión especial creada para el tema, el reclamo por la “inmediata liberación” de Milagro Sala, donde a la vez que no se garantizó su debido proceso, se denuncia que sufre una revictimización por ser mujer, originaria y de una provincia argentina que se destaca por la falta de acceso a la justicia que tienen las mujeres. La agenda siguió cargada de temas que pudimos ir viendo los días pasados en los diferentes medios: paridad en la representación política, la implementación del protocolo para abortos no punibles, el no cumplimiento del cupo en la Corte Suprema de Justicia, la falta de registro en materia de femicidios, aborto legales, etc. El panorama mostraba la dificultad en sortear las respuestas a la desidia que visualizan y denuncian las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, sumado a los llamados de atención que haría el comité luego. Mientras el gobierno se jactaba de los proyectos de paridad legislativa 50/50, para hablar de la participación política de las mujeres, quienes observábamos la oratoria sabíamos de las enormes trabas que estos habían tenido por parte del oficialismo, y de sus voceros en los medios de comunicación.

Casi en una premisa que nos resulta, en principio escandalosa y luego indignante, Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, comenzó asegurando que la erradicación de la violencia contra mujeres es política de Estado, para luego comenzar a reconocer las deudas pendientes como la alta tasa de mortalidad materna en el país, variable comparativa a nivel internacional y que incluye a las mujeres en periodo de gestación. Esta variable encuentra cifras elevadas en Argentina y la región, dado en medida a la clandestinidad de los abortos no seguros.

Una cuestión de voluntad institucional

Se destacó, además, el grave obstáculo a la hora de resolver políticas públicas a favor de los derechos de la mujer: la disparidad provincial en la aplicación de la ley. Para que tengamos una idea, las licencias postnatales en Argentina son heterogéneas, van de 45 días a 6 meses según jurisdicción, profundizando esta deuda si se toma en cuenta que estamos por debajo del periodo recomendado por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud. Tema aparte, merece el protocolo para el aborto no punible del Ministerio de Salud, que tampoco ha sido ratificado por todas las provincias y donde el mismo comité señaló la falta de independencia estatal ante la presión de los sectores conservadores y eclesiásticos, que generaron que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, decida no implementarse. La problemática de la muerte de la mujer gestante por abortos no seguros, trajo una sentencia contundente: “los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”; premisa que parece lejana ante la distancia de las medidas tomadas (u obviadas) por el gobierno. Recordemos al respecto lo que sucedió en el caso de Belén, la joven de Tucumán, y la evidencia de jueces misóginos que aplican sentencias como “muertes agravadas por el vínculo” ante los casos de abortos espontáneos.

Los disgustos para la delegación argentina, no terminarían ahí. El “Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)” resaltó que en las primarias electorales no se respetó la ley vigente, dejando al descubierto no solo la falta de incidencia política del Consejo Nacional de las Mujeres, sino también del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. De hecho la CEDAW, destacaría la falta de rango ministerial del Consejo. A los problemas por cupo, se sumó el reclamo por el incumplimiento en la representatividad de la Corte Suprema de Justicia; la existencia de solo 3 mujeres como directoras de los Ministerios; y las políticas en materia de inclusión laboral, que refleja que si bien las mujeres son mayoría en la universidad, esto no se ve reflejado en el mercado laboral y en el salario, que tiene una disparidad aproximada del 20% al 60% según posición y régimen laboral.

Las mentiras

A las respuestas vagas, se sumaron además el relato de las mentiras, donde María Aurora García dijo que se está poniendo en funcionamiento un registro de Feminicidio y travesticidios con análisis cuantitativos. En Argentina se destacan los registros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, y del intento de unificar los diferentes registros por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Es justamente esta unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género, creada precisamente el 5 de junio del año 2015, donde García se jactó de su puesta en marcha, pese a que hace más de un año no se tienen certezas sobre la metodología de trabajo.

Pero, además, los medios de comunicación e incluso el Consejo de la Mujer, siguen manejando estadísticas “oficiales” de la ONG “La Casa del Encuentro” a través del Observatorio Marisel Zambrano. Es decir, el Estado tiene que “terciarizar” la información recibida. Por otro lado, los datos que supuestamente suministra la Corte Suprema, no reflejan la totalidad de femicidios por varias razones, la visión sesgada de los jueces que no aplican el artículo 80 del Código Penal y sus incisos 11 y 12, lo que hace que las carátulas queden solo como homicidios dolosos agravados por el vínculo; la desarticulación entre las diferentes dependencias que reciben estos casos (juzgados, comisarias, fiscalías de primer instancia, etc) que reflejan lo destacado por la CEDAW sobre la problemática en materia de articulación federal, sumado a las deficiencias metodológicas evidenciadas en la encuesta unificada de relevamiento de datos, que no permite amalgamar los casos entre la cantidad de denuncias previamente recibidas hasta el desenlace fatal, lo que recorta los análisis cualitativos. En cuanto al Ministerio Público Fiscal, no tiene competencia provincial para este registro, y si bien su instrumento de recolección de casos es más específico, se pierden los datos a nivel nacional.

Para el Ministerio de Justicia y DDHH, el registro no es su única deuda pendiente, dado que además se mencionó la demora en implementar un presupuesto y la aplicación para Ley 27.210, que establece la creación de abogados destinados a brindar patrocinio jurídico gratuito en cuestiones de violencia de género, incluyendo al colectivo LGBTI. En cuanto a los travesticidios, la ONG “OTRANS”, denunció que la expectativa de vida de la comunidad es de 35 años, y que la violencia y connivencias policiales a las que están expuestas recrean ese fatídico escenario, sumado a la falta de políticas de inserción laboral, que las relega a las tareas de prostitución.

Una cosa es real, el amplio registro de denuncias por violencias que pregona la línea 144 del Consejo Nacional de la Mujer, el registro de Femicidios que se jactan de medir, y el registro de homicidas que efectivamente este cumpliendo penas bajo la carátula de homicidio agravado por el género, muestran números tan dispares, que van de miles de denuncias, a uno 270 femicidios al año, a la primer condena por femicidio, con sentencia firme de la corte, recién en diciembre del 2015, tres años después a la entrada en vigencia de la modificación del código penal en el año 2012. La justicia en Argentina tiene tiempos muy dispares en relación a la muerte de una mujer por razones de género cada 31 horas.

Las políticas que hacen a la modificación de los aspectos culturales que gestan la violencia machista, a través de la promoción de herramientas educativas con visión de género, como es la ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI), también estuvieron expuestas. Tuñez explicó la disparidad provincial (nuevamente señalada) a la hora de respetar la aplicación, y omitió señalar el recorte presupuestario, la no-reimpresión de los materiales de divulgación educativos y el despido de muchos de los empleados, dejando a finales de junio casi desmantelado el programa. Por otro lado, el incremento del 30% del presupuesto del que la funcionaria se jacto como gran política de Estado, para la ejecución del Consejo Nacional de la Mujer, parecen una tomada de pelo, si entendemos que el mismo Ministro de Economìa, Prat Gay, confirmó una inflación anual del 40%.

Distancia abismal con el colectivo de mujeres y la comunidad LGBTI

Ante la frase desafortunada como “Ni Una Menos forma parte del acervo cultural” proclamada por Tuñez, en la superficialidad de quien expresa un enunciado como una consigna popular y mediática, se contrastaba el cartel que sostenía Silvia Pimentel, integrante de la CEDAW, sobre el paro del 19 de octubre. La distancia entre las falencias en las políticas estatales y los reclamos de la sociedad, quedaron evidenciados, ante un grupo de funcionarias repletas de declamaciones solo atractivas para los oídos. La funcionaria además, indicó que “Ni una Menos” comenzó por las redes sociales, grave error ya que quienes conocemos a esas mujeres organizadas, profesionales y periodistas, sabemos que ponen su cuerpo y sus recursos, trabajando día (y noche) para compatibilizar tareas profesionales y vida personal, por una denuncia colectiva en la comunión por la investigación y divulgación de datos reales, que incluso el gobierno argentino hoy no fue capaz de proveer. Todo esto imposible de lograr si “Ni una Menos” fuera una mera consigna gestada en las redes sociales.

Ante una sesión tan escandalosa como cruda, para quienes militamos por los Derechos Humanos, el gobierno parecía tararear la canción de María Elena Walsh: “en el país del nomeacuerdo doy tres pasitos y me pierdo, un pasito para allí ¡no recuerdo si lo di!”. Así, se evidenció una retórica superficial, la ausencia de planificaciones concretas y el abismo en materia legislativa y cultural que nos queda sortear. El 21 de noviembre de este año, se presentará el informe del organismo sobre la Argentina, sabiendo de antemano que no serán auspiciosas las conclusiones. Sin embargo, la esperanza queda en todas esas mujeres de diversas ONGs que nos representaron como sociedad civil ante la CEDAW, esas mujeres que monitorean y velan ante el deseo de construir memoria en un país que nos encuentre trabajando con perspectiva en el derecho, recordándole al Estado argentino, que no somos invisibles, somos invencibles.

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