Cada 11 minutos una mujer es violada en Brasil. Si es negra, joven y pobre tiene más posibilidades de sufrir una agresión. Los estudios de Antropología le pusieron título a los datos: cultura del estupro.

Después de asistir a la sesión del Senado contra Dilma Rousseff, el lunes, cualquiera puede reemplazar la palabra “mujer” por “Constitución” y la palabra “negra” por “democracia” y verá que la teoría puede aplicarse a la política sin forzar nada. Nada.

Los senadores de la oposición avanzaron un nuevo capítulo en la violación de las reglas del debido proceso. Vulneraron los derechos políticos de Dilma, que si no hay un milagro perderá la presidencia y quedará inhabilitada por ocho años para la política. Y aplastaron los derechos humanos de los brasileños: en octubre de 2014 votaron en primera y segunda vuelta por Dilma contra Aecio Neves y le dieron la victoria. Desde aquel alud de 54 millones de votos a hoy, con un golpe en marcha, pasaron menos de dos años.

“Ahora, la ruptura democrática se da por medio de la violencia moral y los pretextos constitucionales para que gane apariencia de legitimidad el gobierno que asume sin el amparo de las urnas”, dijo Dilma. “Se invoca la Constitución para que el mundo de las apariencias encubra hipócritamente el mundo de los hechos.”

No es un tema de forma, porque en democracia la forma es fondo. Una constelación integrada por la gran banca internacional, los gigantes de la empresa brasileña, una parte de la Justicia, los megamedios, todos los parlamentarios del PSDB y la mayoría de los legisladores del PMDB trata de construir apariencias para violar la Constitución.

Brasil no vive bajo un régimen parlamentario. Pero el Congreso censura a la Presidenta que tiene mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.

Los diputados deben fundamentar su acusación contra Dilma como en cualquier proceso. Pero uno explicó la acusación honrando al oficial que torturó a la Presidenta cuando era guerrillera y otros dedicaron el voto a madres, hijos y cuadros.

Tal como denunciaron cuatro congresistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Dilma hasta le restringieron el tiempo de sus testigos. Es decir, el derecho a defensa. Cuando fue notificado de que la petición había llegado a la CIDH, el canciller José Serra dijo: “Son unos brutos, diríjanse al Senado”. En política internacional la representación la asume el Poder Ejecutivo, no el Congreso. Un resumen y el texto completo de la petición a la CIDH pueden leerse aquí: http://bit.ly/2bzINaZ. Para brutalidades sobre este tema o presidencia pro tempore del Mercosur, consultar a Serra. .

En el Senado, varios senadores criticaron el desempeño de Dilma en el gobierno. Pero en un juicio político los senadores son jueces, no parlamentarios en medio de una interpelación. Los jueces preguntan y después sentencian. No replican.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, encargado de dirigir las sesiones del Senado, dejó alegremente que los senadores esquivaran su papel de jueces. Pero corrigió a Dilma: “Le pido que no hable más nada del gobierno interino”, exigió tras las menciones de Rousseff al “gobierno usurpador” y “golpista”. “La condena exige pruebas cabales de que se haya cometido, dolosamente, un delito de responsabilidad fiscal”, explicó Dilma. “Sin delito, es golpe”, sintetizó.

Es equivocado pensar que el juicio político sin derechos es una cosa y la política otra. Son dos caras de lo mismo. Para observar lo que ocurre en Brasil no hace falta ningún diario del futuro. Ningún diario del lunes. Como citó la propia Rousseff, Temer ya impuso límites de gasto fiscal hasta el 2037 que ni siquiera las políticas sociales podrán perforar. Su gobierno también impulsó la baja de edad de imputabilidad y la tercerización laboral. “Van a precarizar”, anunció en el Senado Roberto Requiao, uno de los pocos del PMDB fieles al proyecto original. “En Brasil no se va a poder nacer ni trabajar.”

La Policía Federal busca meter preso a Lula, el único del PT en condiciones de competir en las presidenciales de 2018. Las policías militares (que en Brasil son las malditas provinciales) lubrican cada vez más el gatillo fácil o, como ayer, reprimen manifestantes en San Pablo. El futuro ya llegó.

Dilma se equivocó de interlocutores. Les habló a los senadores, no al pueblo. Pero no es por sus debilidades políticas que los esclavócratas de Brasil quieren echarla. Es para ser fieles a la cultura del estupro que practican desde el siglo XVI.

martin.granovsky@gmail.com