Paraguay / Caso Curuguaty: denuncian a policías por amenaza de muerte

6 junio, 2016

Este lunes continuó el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción. Durante la audiencia, Amelio Sisco y Pablo Aguayo, abogados del campesino Rubén Villalba, denunciaron que su defendido fue víctima de agresión verbal y amenazas por parte de policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), durante la reconstrucción de los hechos realizadas en las tierras de Marina Cue el pasado jueves 2 de junio.
El sitio judiciales.net informa que los abogados alegaron la existencia de hechos punibles como coacción grave y obstrucción a la persecución penal. Por ello solicitaron al Tribunal de  Sentencia que autoricen que Villalba presente su denuncia en la audiencia, amparándose en el artículo 381 del Código Penal sobre hechos punibles en la audiencia.

El Ministerio Público se opuso a la petición. Al respecto, el fiscal Nelson Ruiz mencionó que la ley establece el mecanismo para impulsar una investigación penal. En ese sentido, acotó que el afectado debe realizar su denuncia ante la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía de Curuguaty, añade el reporte.

Por su parte, Liliana Alcaraz expresó que de ninguna manera puede interpretarse que el supuesto hecho denunciado ocurrió dentro del juicio, ya que el suceso, según comentaron los defensores, se registró en el vehículo que trasladó a Villalba desde la comisaría de Curuguaty hasta Campos Morombí. Además, él, por decisión propia, no participó de la reconstrucción, precisó.

El Tribunal de Sentencia, a su vez, arguyó que el hecho denunciado ocurrió en un lugar distinto al de la audiencia oral, por lo que no corresponde que Villalba realice su manifestación durante el juicio. No obstante, el colegiado resolvió remitir la denuncia por escrito al Ministerio Público de Curuguaty para se tomen las medidas pertinentes. Igualmente, decidió enviar un oficio al director del penal de Tacumbú, donde está recluido el acusado, de modo que se garantice la integridad física del procesado.

De acuerdo con lo relatado por Amelio Sisco, mientras Rubén Villalba estaba en el vehículo que lo transportó de la Comisaría de Curuguaty hasta Campos Morombí, el día de la reconstrucción, un efectivo del GEO, de nombre Freddy Toledo, le mostró su arma, una ametralladora, y le dijo “Kóa ha’e la nde rembi’urã” (este es para tu comida). Posteriormente, el mismo efectivo policial dijo a Villalba que “neryakuã asadoma” (ya tenés olor a asado). La defensa sostuvo que estas expresiones constituyen una abierta amenaza de muerte.

Foto: Qué pasó en Curuguaty

Localizan las posiciones de policías y cadáveres de la masacre de 2012 en Paraguay

La diligencia iniciada hoy en la localidad paraguaya de Curuguaty para reconstruir la masacre que en 2012 causó 17 muertos y el cese del presidente Fernando Lugo, finalizó con la localización de posiciones ocupadas por los policías y los lugares donde se hallaron los cadáveres de 11 campesinos.

La reconstrucción es parte del juicio que comenzó en Asunción en julio del año pasado por esa matanza, en la que murieron once labriegos y seis policías.

El operativo judicial tuvo lugar en la finca de la empresa Campos Morombí, donde se produjo la matanza a raíz de un tiroteo originado cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

Se trata de una de las últimas diligencias en el juicio que se sigue contra once campesinos.

Todos ellos están acusados por la muerte de seis policías en la masacre, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de los once labriegos.

Durante la reconstrucción en la finca Campos Morombí, un topógrafo del Instituto Geográfico Militar se encargó de geolocalizar los puntos en los que hicieron su formación los diferentes cuerpos policiales que intervinieron en el desalojo.

El técnico, con la ayuda del perito Elbio Rojas, que ya participó en el levantamiento de los cadáveres tras la masacre, señalizó los puntos donde fue hallado cada uno de los campesinos fallecidos.

Rojas declaró a Efe que durante su primera inspección, unas tres o cuatro horas después de la masacre, halló nueve cadáveres de campesinos ocultos entre el pastizal, mientras que al día siguiente encontró otros dos cadáveres de civiles a unos 50 metros del sendero donde tuvo lugar el tiroteo.

El perito aseguró que en el lapso entre ambas intervenciones ingresaron en la finca personas ajenas a la investigación, que pudieron alterar la escena de los hechos y colectar evidencias, como casquillos de bala, de forma irregular.

Expuso que los accesos al recinto estaban custodiados por personal policial, pero en torno al lugar de los hechos no había ningún cordón con agentes.

Además del topógrafo y el perito, en la reconstrucción de los hechos participó un centenar de testigos, la mayor parte policías que tomaron parte en el desalojo, así como los jueces, fiscales y abogados defensores en la causa.

En cambio, no intervinieron los campesinos acusados, debido a que, según sus defensores, no hay manera de demostrar su participación en los hechos.

“Ninguno de los policías identificó a los acusados, ni dijo quiénes eran ni dio sus nombres. Muchos de ellos no tuvieron participación en los hechos, incluso fueron aprehendidos en otros lugares. Entonces, ¿qué tienen que ir a confrontar en la reconstrucción?”, declaró a Efe Amelio Sisco, defensor de varios de los acusados.

Según Sisco, la reconstrucción demuestra que “los policías tenían posiciones privilegiadas”, con vista panorámica, presencia en todos los flancos, el factor sorpresa a su favor y “las armas necesarias para matar, no solo a los campesinos, sino también a sus camaradas”.

En cambio, la Fiscalía sostiene que los campesinos, unas 70 personas entre las que se encontraban mujeres con niños en brazos, tendieron una emboscada a los más de 300 agentes.

Esta emboscada pudo deberse a un “posible exceso de confianza o descuido” del comandante de la operación, el comisario Erven Lovera, fallecido en la masacre, que “creyó que podría persuadir a los campesinos” para que abandonasen el lugar en forma pacífica, dijo a Efe el fiscal de la causa, Nelson Ruiz.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un procedimiento que organismos internacionales como Unasur o Mercosur tildaron de “irregular”.

You must be logged in to post a comment Login