Colombia: Contradicciones de la paz del gobierno Santos

Marcha Patriótica Magdalena Medio / Resumen Latinoamericano/Prensa Rural/27 de abril de 2016 .-

Por estos días se viene vociferando la situación que sufren los niños de la comunidad Indígena Wayuu, más exactamente en el territorio de La Guajira: fallecimientos por desnutrición, es decir abandono estatal.

Es inaudito que esto ocurra en un país con “la democracia participativa más avanzada de Latinoamérica”, según los medios de comunicación y los padres de la Patria. El Gobierno culpa al fenómeno del niño como una de las causas de tal situación, desgarradora presentación ante el mundo y penosa a la vez ya que esto no ocurre ni en el Estado Venezolano, donde según los medios hasta el papel higiénico escasea.

No pudieron seguir tapando tal desmán por la irresponsabilidad en las políticas del Gobierno emanadas de los ilustres representantes del pueblo en el Congreso de la República; es de tal magnitud esta atrocidad que desbordó las estadísticas de niños muertos por falta de comida. Clara violación a los derechos de los indígenas.

Y frente a esta problemática, ¿Qué han hecho los gobernantes?

La administración de José María Ballesteros Valdivieso, gobernador de La Guajira por el partido Opción Ciudadana entre 2012 y 2015, prometió dar una solución a la problemática de escases de agua potable y reorganizar los programas de alimentación nutricional para controlar mortalidad infantil. José María reemplazó a Juan Francisco Gómez, quien fue destituido de su cargo e inhabilitado durante 12 años para ejercer cargos público por parte de la Procuraduría, fue además recluido en La Picota sindicado por varios crímenes.

Lo anterior indica que el Estado colombiano y sus instituciones conocían de tan aberrante situación de muertes infantiles; resulta sospechoso que sólo hasta ahora se comience a divulgar a través de los medios de comunicación esta problemática. Estos sucesos ofrecen razones para comenzar a investigar otras posibilidades para cambiar la inoperancia política, económica y social. Se deben realizar cambios estructurales y no reformas con pañitos de aguas tibias. Es menester preguntarse:

  • ¿Qué se va a hacer con el sistema de atención en salud que ya colapsó?
  • ¿Qué va a pasar con el futuro de la empresa más rentable de los colombianos Ecopetrol?
  • ¿Qué se va a hacer con las nuevas políticas creadas en el tema agrario, en el tema de tierras con la creación de las Zidres?
  • ¿Qué va a pasar con las políticas de minas y energías?
  • ¿Qué vamos hacer con las medidas represivas, de persecución y estigmatización a la libre expresión?
  • ¿Qué se puede hacer contra las medidas carcelarias de hacinamiento y de violaciones a los derechos de los internos?
  • ¿Qué se puede hacer ante la falta de investigación, veracidad, objetividad, independencia y tergiversación de los medios de comunicación privados?
  • ¿Qué se hará ante las medidas tributarias que están afentando el bolsillo de los colombianos?

Estos interrogantes demuestran el clamor por transformaciones profundas, que tiene que llevarse a cabo con la presencia y participación directa de la población colombiana y no por los pensares de unas pocas personas. El espacio propicio para avizorar esos cambios es mediante una Asamblea Nacional Constituyente que sea participativa e incluyente.

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