BRASIL: Un nuevo plan de ajuste fiscal amenaza a los estatales

28 abril 2016.- En medio de la crisis política generada por el impeachment a Dilma Rousseff, el Congreso debate un proyecto enviado por la presidenta que limita aumentos salariales, congela los ingresos de los estatales, aumenta aportes previsionales y promueve retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en el sector público federal, estadual y municipal.

Ignacio Rodríguez (Prensa CLATE)

Bajo la propuesta de un plan de renegociación de deudas para los estados, los municipios y el Distrito Federal, el Congreso de Brasil discute un programa de ajuste fiscal que recorta drásticamente los derechos de los trabajadores del Estado y establece fuertes restricciones al gasto público. Se trata del Proyecto de Ley Complementaria conocido como “PLP 257/16”. Esta iniciativa modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal e impone una serie de exigencias para la refinanciación de la deuda pública.

Desde la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) vienen resistiendo este proyecto y reclaman que sea retirado del parlamento. El lunes 25 de abril, en una Audiencia Pública realizada en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, en Florianópolis, el Presidente de la CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, manifestó que el rechazo al proyecto no es una cuestión corporativa de los servidores públicos sino que se trata de un problema que afecta a toda la ciudadanía. En el mismo sentido agregó: “Vamos a repetir la misma estrategia que mantuvimos contra el Proyecto de Ley de Tercerización (PLP 30), con audiencias públicas en todo el país. La posición de la CSPB es de mucha responsabilidad, las propuestas fueron analizadas con atención. Pero acá no hay otro camino que la retirada del proyecto. Tenemos que avanzar en la reestructuración de la deuda de los estados, pero a partir de la premisa de que se trata de una deuda ilegal, que no existe, porque la deuda se ha pagado tres veces y este proyecto no la resuelve, empuja el problema para más adelante”.

Para lograr el apoyo de los gobernadores y sus legisladores, la PLP 257 ofrece una ampliación de los plazos de refinanciación de deudas 360 meses y hasta un 40% de reducción en los gastos financieros. Pero para adherir al este programa los estados y municipios deberán, en un plazo de 180 días, sancionar leyes que impliquen la adopción de medidas como: reducción del 10% del gasto público, suspensión de aumentos a servidores públicos, suspensión de contratación ó incorporación de nuevo personal a la planta del Estado, suspensión de incentivos, subsidios o exenciones financiera o tributarias y aumento de las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores del Estado, entre otros requisitos.

En nombre de la responsabilidad fiscal también se exige a los entes públicos estaduales y municipales reformar el régimen jurídico que reglamenta el empleo estatal para evitar cualquier beneficio por encima de lo establecido a nivel federal. Los estados deberán, además, limitar los aumentos presupuestarios anuales al 80% del crecimiento nominal de los ingresos corrientes netos del año anterior.

Asimismo, y en un claro impulso de las privatizaciones, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán transferir a la Unión todos sus derechos y participaciones accionarias en empresas comerciales. De este modo, el Estado Federal se convertirá en un agente que impulsara la privatización de empresas estatales en áreas como saneamiento, transporte, gas, tecnología de la información, puertos y suministro de energía, entre otras.

El PLC 257-16 está previsto para implementarse en tres etapas, cada una de las cuales implica un ajuste progresivo y más profundo si en la etapa anterior no se alcanzaron las metas de superávit fiscal. A la suspensión de creación de nuevos empleos en el sector público y de aumentos por encima del Índice de Precios al Consumidor Ampliado (IPCA) que establece la primera etapa, la segunda etapa incorpora la suspensión de aumentos nominales de los salarios del sector público y, la tercera etapa, la suspensión del aumento al salario mínimo, la reducción del 30% del gasto en indemnizaciones y beneficios eventuales y la ejecución de programas de retiro voluntario y jubilación anticipada.