Diálogos de Paz en Colombia: “Una salida negociada no es sinónimo de paz”

Por Francisco J. Cantamutto/Resumen Latinoamericano /29 marzo, 2016 Marcha.-  Tras la postergación del plazo “definitivo” para la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el escenario sigue abierto. Conversamos con el sociólogo Jairo López Pacheco para repasar los aspectos fundamentales de las negociaciones.

A 6 meses del histórico apretón de manos entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño –Timochenko-, finalmente la fecha del 23 de marzo como plazo para la firma de la paz en Colombia no se cumplió.

La postergación se veía venir, ya que el propio Santos había dicho en los días previos que no iba a “firmar un mal acuerdo de paz” solo para cumplir los plazos. A la espera de que se defina una nueva fecha o continúen las negociaciones sin plazo fijo, conversamos con el sociólogo colombiano y especialista en movimiento de derechos humanos, Jairo López Pacheco, quien rescata los avances que han tenido las conversaciones entre la guerrilla y el gobierno, como el acuerdo de solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una comisión especial para verificar y monitorear el desarme, el acuerdo de tierras –para muchos el eje central del conflicto-, la participación política de la guerrilla una vez desmovilizada y el reconocimiento de la diversidad de victimarios y la justicia transicional. Sin embargo, reconoce el momento de tensión en las negociaciones, principalmente en el punto de las zonas de ubicación de los guerrilleros una vez acordado el cese definitivo: “Para la guerrilla de las FARC la propuesta de ubicar a los futuros excombatientes en un terreno rural muy delimitado sería claudicar y entregarse”, afirma.

Pese a la no firma de la paz en el plazo estipulado inicialmente, López recalca que este hecho no echará abajo todo lo avanzado hasta ahora.

El ex presidente Uribe tuvo una política muy diferente con la guerrilla y no apoyó estos diálogos en su inicio. ¿Cómo está operando esta fuerza política en las negociaciones? ¿Ha impactado de alguna forma que recientemente su hermano fuera apresado por cargos de paramilitarismo?

– El ex presidente Uribe mantuvo una política de guerra frontal a la guerrilla en sus ocho años de gobierno (2002-2010). Básicamente, su política se enfocó a lo que denominó la lucha contra el terrorismo en la línea de las directrices norteamericanas luego del 11 de septiembre. Sin duda la ofensiva fortalecida por el dinero del Plan Colombia que sirvió para modernizar a las fuerzas armadas tuvo un éxito militar y mediático indiscutible, nunca en la historia la guerrilla recibió tantos golpes nodales como los asesinatos de los principales miembros del secretariado, así como el retraimiento en el territorio. A esto se debe sumar una eficaz política mediática que reducía todos los problemas del país a la “amenaza terrorista”, en un periodo muy crítico en el que las voces de oposición como los movimientos sociales o los defensores de derechos humanos fueron catalogados como “servidores del terrorismo” y perseguidos por las fuerzas institucionales y para institucionales. No es secreto que el propio gobierno de Uribe buscó en varias ocasiones un acercamiento con la guerrilla para entrar en una negociación, paradójicamente uno de los puntos que imposibilitaba este acercamiento era que la postura de Uribe fue siempre la de hacer los diálogos sin despeje en el territorio nacional, como se llevan a cabo hoy día fuera del país, en La Habana, Cuba. Claramente la posición de la guerrilla fue no negociar con el gobierno de Uribe al que asociaban con la expansión del paramilitarismo.

El uribismo, con Uribe como cabeza de su partido en el Senado, ha criticado el proceso de paz desde el inicio. Esta fuerza política ha impulsado la idea de que la negociación es la claudicación del gobierno frente al terrorismo, recordemos que la campaña electoral del 2014 se dividió entre quienes apoyaban el proceso de paz y estaban con la reelección de Santos y quienes proponían nuevamente una política de guerra y estaban con el candidato del uribismo, la victoria final de Santos fue muy estrecha. Hoy las encuestas de opinión le dan al expresidente Uribe un poco más del 60% del apoyo, mientras que la imagen de Santos ha caído al 20%. No obstante los esfuerzos del uribismo y que todavía cuentan con posiciones de poder como la Procuraduría General de la República, es cierto que cada vez más los líderes del uribismo se ven amenazados por la justicia dados los múltiples procesos que se han abierto frente a personas muy cercanas a Uribe durante su gobierno, incluso con condenas ya emitidas, lo que se puede entender como una forma en que el uribismo se siente presionado y amenazado, recordando que son muy claros sus vínculos con la expansión y consolidación del paramilitarismo.

¿Es relevante hacer una distinción entre ambos mandatarios?

– Lo que vemos es una división en la derecha, donde podemos distinguir entre aquella que en este momento busca una salida institucional al conflicto y aquella que sigue apostando por la guerra, pero vale aclarar y tener en cuenta que ambas facciones de la derecha se vieron beneficiadas por la avanzada paramilitar. Para poner un ejemplo, volvamos a las imágenes de Iván Márquez asistiendo a un acto político contrariando los acuerdos de procedimiento acordados desde el inicio de las negociaciones. Sin duda, ésta fue una torpeza de las FARC, sin embargo de manera inmediata las imágenes y escenas fueron utilizadas para presionar al gobierno por parte de diferentes sectores que se oponen a la negociación, vendiendo la idea según la cual “Santos está entregando el país a la guerrilla”, punto que se suma a calificativos salidos de toda proporción que la derecha más radical siempre ha generado sobre el gobierno de Santos calificándolo como “castro-chavista”.

No hay calificativos más salidos de la realidad y de la condición política de Santos, un probado hombre de derecha impulsor de medidas claves en los años noventa en la profundización de la apertura económica (siendo ministro de comercio exterior durante el gobierno de Cesar Gaviria), además de haber participado en cada uno de los gobiernos que impulsaron políticas neoconservadoras, incluso siendo el ministro estrella de defensa del gobierno de Uribe Vélez (recordemos que durante su gestión estalló el escándalo de los “falsos positivos”, que no son más que la expresión de una política de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres y de zonas muy marginales que eran presentados como “bajas en combate” a cambio de bonos económicos), mismo cargo que lo catapultó a la Presidencia de la República. Lo que hay detrás, es entonces, una clara manifestación de una división en los grupos de centro derecha y derecha en Colombia, entre una opción que apuesta por una salida civilista del conflicto y otra que sigue apegada a la guerra como modus vivendi de su proyecto político y económico, de ninguna manera es un quiebre que tenga que ver de fondo con el modelo económico que se ha mantenido intacto en Colombia en las últimas décadas.

La violencia política en Colombia tiene una historia muy larga, con generaciones completas que crecieron en este clima social. ¿Qué impresiones o lecturas de este diálogo se pueden percibir en la ciudadanía? ¿Hay apoyo para cerrar este proceso?

– Es la pregunta que todos se hacen en este momento en Colombia. Recordemos que el acuerdo final será puesto a votación en un plebiscito nacional, esa es la gran apuesta del gobierno tener el respaldo mayoritario para re legitimar el acuerdo. Sin embargo yo sería más cauteloso y acotaría dos puntos. En primer lugar, el acuerdo político con la guerrilla no será sinónimo de paz, ya que los múltiples conflictos que atraviesa el país van mucho más allá del conflicto armado, por lo cual es todavía un gran reto para la sociedad colombiana. Aunque no deja de ser alentador que el último año haya sido el de menor intensidad de acciones violentas en medio del conflicto en los cuarenta años de su desarrollo. En segundo lugar, como bien se menciona, estamos hablando de muchas generaciones de colombianos y colombianas que nacieron y crecieron en medio de la guerra y la violencia, en este sentido diría que estamos hablando de un habitus violento que se ha interiorizado de manera muy fuerte en gran parte de la población, lo que puede ayudar a explicar que personas que nunca han sido directamente víctimas del conflicto no puedan generar empatía con el sufrimiento de los millones de víctimas y sigan apoyando lenguajes beligerantes y guerreristas. En este sentido, retomaría una afirmación clara que hizo el jurista italiano Luigi Ferrajoli cuando visitó el país el año pasado, afirmaba que la verdadera batalla que se debe librar en Colombia es más cultural que jurídica, que se debe convencer a toda la población que la paz es el bien supremo y que vivir en guerra es simplemente absurdo.

¿Cuáles cree que serían los principales o los primeros desafíos políticos en una Colombia en paz?

– Nuevamente, una salida negociada del conflicto no es sinónimo de paz en Colombia. En este sentido la respuesta es simple, los grandes acuerdos son, al mismo tiempo, los grandes retos que tiene este proceso, básicamente una efectiva implementación de todos los puntos y un real escenario de garantía para la participación política, la oposición y la movilización social. Tan solo en el 2015 fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos en el país, una cifra muy alarmante, sin contar amenazas y atentados; de la misma manera, el movimiento social y político Marcha Patriótica que se estima sea la plataforma por medio por el cual la guerrilla entraría a participar en la vida política ha vivido asesinatos de muchos de sus miembros (por decenas) y persecución política, prendiendo las alarmas sobre las garantías efectivas para la movilización y recordando en todo momento el trágico episodio de exterminio de la Unión Patriótica a finales de los años ochenta. Esta misma semana Aida Abella, líder sobreviviente de la Unión Patriótica, en conjunto con Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, denunciaron el asesinato de 28 líderes de izquierda en tan solo tres semanas, recordando el genocidio político que Colombia vivió a finales de los años ochenta y principios de los noventa. En esta denuncia se presentaron los asesinatos como acciones selectivas de grupos paramilitares en todo el territorio nacional, acciones que se dan claramente como una reacción violenta a los avances alcanzados en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

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