“Súbanse con todos los juguetes”: 10 años de impunidad en el asesinato del estudiante Óscar Salas en Colombia

Esteban Pombo/Resumen Latinoamericano, 23 de marzo de 2016 – Era un día para protestar. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) ya dejaban sus consecuencias. Óscar Salas, consciente de eso, participó de la manifestación a la altura de la calle 45, frente a la Universidad Nacional en Bogotá. Ese día se conmemora en el mundo el día internacional de la mujer trabajadora y había movimiento por doquier como buen 8 de marzo. La calle olía a gas lacrimógeno, las personas corrían, los estudiantes lanzaban piedras a la policía, los transeúntes tosían, los medios de comunicación mentían. Para los grandes medios solo fue un trancón más por la Carrera 30, producto de unos “desadaptados”, ejecutando la estrategia de desinformación oficial.

Óscar, con sus 20 años, era comunicador popular, le gustaba la radio y la escritura, estudiaba lenguas y literatura de la Universidad Distrital. Ese día, recibió en un ojo un proyectil que le destrozó las ilusiones. Murió el 10 de marzo de 2006 producto de una bola de cristal que posteriormente Medicina Legal extrajo de su cerebro. Quienes perpetuaron el crimen fueron policías del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) y están plenamente identificados en el expediente de la investigación judicial. También están reconocidas las tanquetas 544, 858 y 722 que se utilizaron para la represión de la protesta.

En 2009, un agente del Esmad le confesó a un noticiero independiente que ese día utilizaron –según el Derecho Internacional Humanitario- “armas no convencionales”, haciendo referencia a las “recalzadas”, cápsulas de gas lacrimógeno reutilizadas y llenadas con canicas y pólvora para ser lanzadas a los estudiantes y así causar mayor daño. La familia de Óscar recibió una llamada anónima: “Sí ven en qué terminan las protestas estudiantiles”. La mamá se encadenó frente a la Fiscalía exigiendo verdad, pero solo recibió como respuesta un nuevo cambio de fiscal, estrategia recurrente para dilatar las investigaciones.

El Esmad salió a la luz pública el 24 de enero de febrero de 1999 bajo la presidencia de Andrés Pastrana que, mientras motivaba el discurso de la paz, modernizaba las fuerzas militares y aumentaba el pie de fuerza para ser utilizado en la guerra.

A los juguetes

“Súbanse con todos los juguetes”, dijo el mayor Rafael Méndez, responsable de la operación. El patrullero que confesó detalles del día de los acontecimientos, relató: “Dijeron por radio que pararan las recalzadas porque habían lesionado a un estudiante en la cara”. Ordenaron recuperar todas las recalzadas utilizadas y fueron destruidas y enterradas fuera de la ciudad. “El general Ruíz dijo que era mejor que dispersaran las pruebas o todos caían con él”, aseguró. El director de la Policía del momento minimizó los hechos, afirmando que las organizaciones estudiantiles son “células guerrilleras”, viejo argumento de los generales fieles a la doctrina del “enemigo interno” universalizada por los Estados Unidos.

Nunca se ha visto a un Policía arrepentido de un crimen; por el contrario, siempre se escucha a los que dicen que si devolvieran el tiempo, volverían a disparar.

La madre de Óscar actualmente vive fuera de la ciudad tras haber sido amenazada por buscar justicia y encarar a los responsables. Yuri Neira, padre del joven de 15 años asesinado a golpes por esa misma institución en la movilización del 1 de mayo de 2005, fue víctima de amenazas permanentes contra su vida y lo han intentado asesinar. En el mismo año, en Cali, le dispararon en la Universidad del Valle a Johnny Silva. En 2011 un patrullero mató a Diego Felipe Becerra de 16 años; Diego solo pintaba una pared con un aerosol. Podemos seguir con los ejemplos, pero lo claro es que la policía colombiana está podrida: teléfonos chuzados, persecución política, falsos positivos judiciales, redes de narcotráfico, venta de información a grupos paramilitares, testigos falsos, grupos de intimidación contra familiares de víctimas y amenazas para abogados, periodistas e investigadores; incluso es posible que se demuestre que existe una red de trata de personas, donde altos mandos de la policía estarían prostituyendo a subordinados para vender sexo a políticos con poder.

Organizaciones sociales, congresistas de la república y familiares de víctimas ahora le están exigiendo al Estado colombiano el desmonte del Esmad como garantía de no repetición, pues estos son considerados crímenes de Estado que se mantienen en total impunidad. El abogado de la familia de Óscar aseveró hace unos días que “la investigación disciplinaria terminó siendo archivada y la investigación penal en la Fiscalía destruyó el material probatorio, incluidas las prendas de Óscar”. Dentro de las evidencias eliminadas están la canica que atravesó el cráneo de Óscar, videos del día de los hechos, grabaciones de las radiocomunicaciones de la Policía y la historia médica de la clínica donde falleció.

Según cifras del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 2012 y 2014 hubo 448 agresiones del Esmad, 91 detenciones arbitrarias, 107 amenazas, 3 ejecuciones extrajudiciales, 2 casos de violencia sexual y 137 heridos. La mayoría de víctimas fueron personas comprometidas con los cambios que necesita el país, buscadores de dignidad y justicia para quienes han sido oprimidos por generaciones. La respuesta del Estado ha sido llamarlos terroristas una y otra vez, la otra respuesta es el despotismo.

Víctimas y más víctimas

Un país que habla de paz y se compromete con el cese de la violencia armada, debería desmontar un escuadrón creado para generar miedo y muerte. En enero de este año una mujer de 50 años duró siete horas en el pavimento de una autopista principal, sufrió un infarto que se pudo evitar si el sistema de salud le hubiera realizado una cirugía necesaria, pero llegó el Esmad a lanzar gases a sus familiares al lado del cuerpo antes que llegara la institución que efectúa levantamiento de cadáveres. “Lamento lo ocurrido, pero ninguna vía puede ser cerrada”, respondió el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, acomodándose en el macabro Estatuto de Seguridad Ciudadana aprobado por el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe.

Otras víctimas de las canicas, balas de goma, metralla y recalzadas del Esmad son Johnny Silva, Irina Villero, Edwin López, Gustavo Campos, Tomás Herrera, María Leguizamón, Carlos Blanco, Orlando García, Pedro Pablo Silva, Beatriz Sandoval, Katherine Soto. Si tomamos los datos de los últimos paros campesinos, la cifra de muertos por el Esmad sobrepasa las cien personas.

La sociedad colombiana está militarizada, el Ejército no cumple la función de salvaguardar la soberanía nacional sino que por el contrario protege los intereses transnacionales como lo ordena el presidente de los megaproyectos extractivistas Juan Manuel Santos. El uso de la fuerza por parte de la Policía sobrepasa cualquier ley o lógica dentro de un país que tiene miles de razones para juntarse y salir a la calle a manifestar sus ideales y descontento, y la vinculación de estas instituciones con el asesinato, desaparición y tortura de miles de colombianos para acallar la libre expresión cada día es más evidente y documentada. El día que hablemos de un “posconflicto” decente, no deberá existir el Esmad ni el nuevo Código de Policía que alienta y respalda jurídicamente las arbitrariedades policiales.

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