¿Qué está pasando en las cárceles colombianas?

Por July Henríquez Sampayo / Resumen Latinoamericano / 20 de marzo 2016.- (del 3/3)

Las cárceles y las penitenciarías del país son una caja de Pandora que se
abre periódicamente y de la que llueven cada tanto las noticias de las
tragedias de turno que padecen los más de 120.444 seres humanos que han
sido sancionados con el encierro, del infierno cotidiano que ningún ser
humano debería tolerar.
Las tragedias de la primera semana de febrero le correspondieron a dos
reclusos en las cárceles de Pereira y Cúcuta. Los nombres de las nuevas
víctimas de la prisión son Jhon Jairo Moreno Hernández y Renzo Alí Roa. El
primero un prisionero político y el segundo un preso social, es decir,
alguien acusado de cometer delitos comunes. Ambos han fallecido por
padecer problemas de salud y no haber recibido la atención médica
adecuada, con el agravante de que, en el actual contexto de diálogos de
paz, Jhon Jairo Moreno Hernández se encontraba en la lista de los 71
enfermos pedidos en libertad por el premio Nobel de Paz Adolfo Pérez
Esquivel, entre otras personalidades, a través de una carta humanitaria
presentada al gobierno de Colombia el pasado mes de julio de 2015.
Hoy, las familias y allegados de ambos sufren la ausencia definitiva de
sus seres queridos, personas que fueron sometidas a un encierro por parte
del Estado y éste, pasando por encima de los derechos humanos, la
Constitución y la Ley, decidió con sus políticas neoliberales adicionarle
sufrimiento a su pena: la muerte lenta y tortuosa.
Este sufrimiento adicional es un retroceso a las transformaciones
históricas de la prisión, pues esta altamente cuestionada institución se
originó en el siglo XIX con el propósito de reemplazar las penas crueles
de la antigüedad y de la Edad Media, basadas precisamente en el dolor y la
muerte lenta, como lo fueron la decapitación, las mutilaciones, los
azotes, el taladro, la marca con hierro, la tortura, el ahogamiento, la
incineración y la lapidación. Hoy, en Colombia no estamos distanciados de
esta crueldad: el paseo de la muerte en los pasillos de cárceles y
hospitales es la amenaza número uno al derecho a la vida de los reclusos,
sin que el Estado tome medidas de fondo para solucionar una problemática
que tiene más de 16 años.
La muerte en prisión por omisión médica es un crimen de Estado que sigue
cobrando sus víctimas en los sectores empobrecidos de la sociedad. Son los
pobres y los opositores políticos, habitantes históricos de la cárcel,
quienes padecen la prisión tortuosa.
No podemos seguir viendo estas tragedias como algo normal porque, sin
lugar a dudas, son violaciones a la dignidad y los derechos humanos de la
población reclusa por parte del Estado. No podemos continuar aceptando que
a nuestro nombre se siga legitimando el encierro masivo de personas y que,
luego de confinarlas, se les deje a su suerte, expuestas al sufrimiento y
la degradación de la prisión tortuosa, como si fueran objetos inservibles.
No podemos ser indiferentes frente al abuso del castigo estatal y la
ausencia de humanidad en las prisiones colombianas.
Hay que ponerle fin a este asunto. Lo primero que tenemos que hacer es
identificar el problema y llamar las cosas como son, debemos ser
conscientes de que lo que sucede en las reclusiones colombianas no es una
crisis sino el resultado de una política de Estado ausente del enfoque en
derechos humanos y favorable al neoliberalismo, y que, por lo tanto, se
basa en la seguridad y promueve la privatización, razón por la cual el
paseo de la muerte heredado de la Ley 100 de 1993 –hagan un ejercicio de
memoria para identificar al creador de esa ley– agrava doblemente la
situación de la población reclusa.
Sería asunto fácil decir que las muertes de reclusos y reclusas por
omisión medica son única responsabilidad del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y que, sencillamente, si éste se
elimina el problema quedaría resuelto. En tal escenario, seguramente, la
solución sería peor que la enfermedad. Recordemos que los gobiernos de
turno han intentado privatizar la administración de las prisiones desde
hace más de una década y que gracias a la movilización de la población
reclusa y de las organizaciones defensoras de derechos humanos esto no se
ha logrado. No obstante, el INPEC no es el problema sino que hace parte
del mismo: es el sistema en su totalidad el que deber ser intervenido, son
varias las instituciones que deben ser revisadas, empezando por aquellas
encargadas de garantizar el derecho a la salud –es decir, las IPS, las EPS
y la Uspec–,  sin perder de vista que la custodia de las y los reclusos
debe estar en cabeza de un organismo público en garantía al cumplimiento
de la responsabilidad estatal de velar por la protección de los derechos
humanos de una población vulnerada que se encuentra bajo condición
especial de sujeción.
El problema fundamental hoy es el modelo industrial de prisiones impuesto
desde el año 2000 por el expresidente Andrés Pastrana y su Plan Colombia.
Este modelo cambió el sistema carcelario y penitenciario colombiano
mediante el desarrollo del anexo al Plan Colombia llamado “Programa de
Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”, acordado por los
gobiernos de Estados Unidos y Colombia el 31 de marzo de 2000. A imagen y
semejanza del modelo estadounidense, sus pilares son el encarcelamiento
masivo, el castigo, la seguridad y la privatización. Adicionalmente,
configura un negocio rentable para el capital privado, donde las ganancias
se obtienen de la construcción de nuevas prisiones, equipamiento
–teléfonos, sistema de vigilancia, armas, equipos de seguridad– y
administración –personal privado para impartir justicia y disciplina,
armas no mortales–.
A partir de este modelo se construyeron nuevas prisiones y pabellones de
máxima seguridad en el país, iniciando con el centro de tortura conocido
popularmente como la Tramacúa de Valledupar, o  “El Abu Ghraib de
Colombia”, como la denomina el periodista estadounidense James Jordan. En
éste lugar la población reclusa ha sido obligada a vivir durante 16 años
bajo una temperatura que alcanza los 40°C, en hacinamiento crítico, sin
sistema de ventilación, con acceso insuficiente al agua, en un ambiente
contaminado, con plagas, bajo omisión de atención médica, sufriendo abusos
de poder y recibiendo torturas físicas y psicológicas, y tratos
degradantes a reclusos y visitantes, entre otros flagelos. Aunque se ha
diseñado un plan de choque y se ha emitido una sentencia (la T-282 de
2014), la problemática no ha sido resuelta, razón por la cual sólo es
viable el cierre de esa prisión, decisión judicial que deberá ser tomada
próximamente por el Tribunal del Cesar.
Sin embargo, el “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario
Colombiano” no ha cumplido con su pomposo anuncio de “mejoramiento”. Por
el contrario, ha profundizado la problemática carcelaria y las
sistemáticas violaciones a los derechos humanos, por lo que en reiteradas
ocasiones la Corte Constitucional (2013, 2014 y 2015) ha declarado el
estado de cosas inconstitucionales en las prisiones del país, manifestando
que el actual sistema penitenciario es “indigno, cruel e inhumano”.  No
obstante, la política de Estado sigue encaminándose a la construcción de
más establecimientos y a la articulación con el sector privado (Conpes
3828/2015), pasando por alto que hemos vivido esta experiencia durante 16
años y que está probado que ha sido un fracaso. Lo que va a suceder es que
se tendrán nuevos ‘cupos’ carcelarios que serán llenados de inmediato y se
profundizará la privatización de los servicios penitenciarios: ninguna
solución.
Es hora de romper el cinismo institucional y ajustar las políticas de
Estado y sus instituciones a los planes previstos en relación con la
construcción de la paz para todos los colombianos, que no es simplemente
la terminación de la confrontación armada sino que debe verse reflejada en
la solución de los problemas que afectan al conjunto de la población, como
lo son la criminalización de la pobreza, la oposición política y la
protesta social, así como el sometimiento a la prisión tortuosa.
Son muchos los hijos, hijas, padres, hermanos y hermanas que han perecido
ante la indolencia estatal de la prisión tortuosa. Son miles las historias
que explican como el conflicto social, la extrema pobreza y la falta de
oportunidades originan el delito. Por tanto, desde el seno del mismo
Estado de derecho representado en la Corte Constitucional se ha reconocido
la inhumanidad y crueldad del sistema penitenciario y carcelario, se ha
alertado que la política criminal ha sido reactiva, populista, poco
reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad,
por lo cual el alto tribunal ha ordenado que se establezca un plan
integral que cumpla con el fin de la resocialización, respetando los
derechos humanos.
Ante esta realidad, es una gran mezquindad no pensar en salidas sencillas
y elementales como desprender la prisión de los intereses del capitalismo,
asumir la alternatividad penal, apartarse de la doctrina de seguridad
nacional y del populismo punitivo. Hoy, más que nunca, sigue vigente la
propuesta del Movimiento Nacional Carcelario de instalar una mesa nacional
de concertación carcelaria para buscar la solución de los asuntos más
urgentes de la población reclusa y construir políticas y planes que se
acojan a sus necesidades y a los estándares internacionales en materia de
derechos humanos.
Si es hora de la paz, también es hora de decir: ni una víctima más de la
prisión tortuosa en Colombia.
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* Abogada, magíster en Derechos Humanos, integrante de la Fundación Lazos
de Dignidad.