Colombia: El pueblo no tiene que pagar por la corrupción política

Por Húber Ballesteros, Resumen Latinoamericano / Marcha Patriótica de Colombia, 5 de febrero 2016.-

Desde el Pabellón de Alta Seguridad, Cárcel Nacional la Picota Febrero 5 de 2016.

La corrupción política se refiere al mal uso del poder público,  para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es la transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado.

Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “El mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el “Conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común”. Por lo general, se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.

El Estado colombiano y el sistema político en general, puede ser calificado como una “democracia burgués fallida”, la forma como la corrupción en todos los niveles bloquea hasta la más mínima posibilidad de participación ciudadana y de transparencia atenta hasta con los “valores” e intereses de la clase que ostenta el poder y ni que decir de los intereses del pueblo en general.

Por su parte, la descentralización administrativa sigue siendo tarea pendiente, aún después de la Constitución de 1991.

En el gobierno de Betancur  y en el marco de los diálogos de la Uribe entre el  gobierno y las FARC-EP, se propuso por primera vez, la necesidad de la elección popular de alcaldes siendo complementada posteriormente en la Constituyente con la elección de gobernadores.

Tras las primeras elecciones, los contratistas y las castas corruptas asumieron que la mejor inversión era hacer elegir con prácticas torcidas tanto alcaldes como gobernadores dóciles que les entregaran los presupuestos para manejarlos a su antojo, como fue notorio en el asalto del paramilitarismo al sistema de salud, mediante mandatarios municipales y departamentales amanuenses suyos.
La corrupción política y el apoderamiento de las administraciones departamentales y municipales continúan como vicios que se practican con toda desfachatez. Para comenzar, la ausencia de auténticos partidos políticos permite que las agrupaciones se hayan limitado a repartir avales, sin control y sin atadura alguna a fines ideológicos o programáticos. De la misma manera, se habla también de tráfico de avales, pues los controles que deberían funcionar en una democracia, en este país  padecen de una parálisis incurable. No hay, desde luego, control político, disciplinario ni fiscal a las actuaciones de dichos “partidos”.

Los ‘organismos de control’ se limitan a hacer cada cuatro años una lista mecánica de ‘inhabilidades’. El control electoral ha sido incapaz de impedir el exceso de propaganda, el abuso privilegiado para unos de los canales oficiales y la circulación de los ríos de dinero para financiar campañas y comprar votos no propiamente por inspirados en motivos altruistas.

Se cuentan por centenares los alcaldes y gobernadores que no han terminado sus periodos por sanciones disciplinarias o penales, mientras imponen a sus parientes, amigos, esposas y ex esposas, como se ha denunciado recientemente.

El control social es casi nulo, pues a la ciudadanía poco parece importarle el pasado de los candidatos, o que estos gocen, como reza el Código Civil, del “estado de posesión notoria” de conducta irregular. ¡Y ni qué decir sobre complacencia con tanto desbarajuste de algunos sectores mediáticos por razones que Arturo Abella llamó ‘el poder de don dinero’! Cada cuatro años se hacen las mismas denuncias, sin resultados, pero sí se elige, casi siempre, a las mismas personas cuestionadas.

El Estado en su expresión administrativa central no es la excepción, los informes de entes especializados en medir el grado de corrupción de las entidades públicas, dan cuenta de la corrupción en 85 entidades del orden nacional, dentro de las cuales se incluyen ministerios, superintendencias, entidades descentralizadas, departamentos administrativos, las Fuerzas Armadas, la policía y los distintos órganos que componen las tres ramas del poder público.

Según encuestas realizadas entre los ciudadanos para la realización del Plan Nacional de Desarrollo, el 70% de los colombianos cree que la corrupción es uno de los tres grandes problemas que tiene el país, junto con el desempleo y la delincuencia común.

Por desgracia para nuestro país, pero también como costumbre, altos funcionarios del gobierno han estado involucrados en hechos de corrupción política. Uno de ellos, el actual  Vicepresidente y aspirante presidencial para el periodo 2018-2022 Germán Vargas Lleras, personaje de quien se ha dicho de todo. Sus aspiraciones políticas, le han llevado, a emplazar en la práctica a su pupila Natalia Abello Ministra de Transporte, habiendo influido también en el nombramiento del cartagenero Iván Martínez Ibarra como Viceministro, con la intención de reforzar sus alianzas en la costa con miras a su aspiración de llegar a la Casa de Nariño.

En su afán de conseguir apoyo para llegar a la Presidencia de la República Germán Vargas Lleras ha sellado alianzas con parapolíticos, empresarios de dudosa reputación y con políticos y concejales implicados en el cartel de la contratación en Bogotá.

El principal aliado del actual Vicepresidente es Fuad Ricardo Char Abdala, uno de los mayores caciques políticos en la Costa Caribe, quien en el año 2004 se unió a Cambio Radical, año en el cual fue elegido Vargas Lleras presidente de ese movimiento político. En la actualidad Fuad Char y su familia son quienes otorgan los avales de Cambio Radical para los candidatos en la Costa Atlántica. En la Costa Caribe crecen y se consolidan las sospechas sobre las relaciones de Fuad Char y su familia con Teófilo Rey, quien fue detenido y acusado de ser lugarteniente del jefe paramilitar ´Jorge 40´ en esa región, lo que le valió para que en 1994 le fuese negada la visa para entrar a los Estados Unidos.

El heredero político de Fuad Char es su hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Fue éste quien dio el aval a la cuestionada aspirante a la Gobernación de la Guajira Oneida Pinto Pérez. Alejandro Char cuenta con el escaso número de 81 investigaciones en la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Repasemos algunas de las alianzas de dudosa reputación de Germán Vargas Lleras:

En la Guajira, Vargas Lleras es aliado del cuestionado ex gobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, socio de Jesús Figueroa García, mejor conocido como Marquitos Figueroa o por su alias de ´El perrero de los malcriados´, quien es señalado de ser narcotraficante, contrabandista, paramilitar y sicario colombiano, actualmente detenido. Kiko´ Gómez por su parte está siendo procesado por homicidio y por presunta relación con paramilitares y bandas criminales.

A pesar de lo anterior, el Partido Cambio Radical del Vicepresidente Germán Vargas Lleras, le entregó el aval para postularse a la Gobernación de La Guajira  a Oneida Pinto Pérez, apoyada por el mismo grupo que llevó al poder a ´Kiko´ Gómez.

La candidata a la Gobernación de Cundinamarca Nancy Patricia Gutiérrez, señalada por Rocío Arias, (condenada por parapolítica), de tener nexos con el jefe paramilitar alias ‘El Pájaro’, fue apoyada por una coalición entre Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe y Martha Lucía Ramírez, quienes también apoyaron a Enrique Peñalosa en su llegada a la Alcaldía de Bogotá. El renunciado y detenido Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, vinculado al cartel de contratación de Bogotá, es aliado político de Germán Vargas. El último y multimillonario contrato de Álvaro Cruz le fue entregado a la familia Ríos Velilla, quienes financian las campañas políticas del Vicepresidente.

Además de lo anterior, debemos tener en cuenta la alianza entre Germán Vargas Lleras y Enrique Peñalosa por ganar la Alcaldía de Bogotá. Vargas Lleras va por la Presidencia y Enrique Peñalosa llegó a la Alcaldía, donde muy seguramente Alberto Ríos Velilla, al lado de los demás empresarios privados del aseo en Bogotá, recuperarán la totalidad del negocio que es uno de los más grandes de la ciudad –asciende a 2.4 billones de pesos–. Ríos es dueño de Servigenerales y Aseo Capital y de parte de las empresas de energía EnerPereira y EnerTolima. En esta última fue socio de los Nule, quienes están siendo investigados por la Fiscalía por varios delitos que incluyen peculado por apropiación.

Ríos Velilla fue la voz de los contratistas privados que más se sintió en la pelea con la administración de Petro, negándose a entregar los camiones recolectores que son de propiedad del Distrito. Alberto Ríos Velilla es hermano de los empresarios Javier, Carlos y Rubén Ríos Velilla, quienes lideran la empresa Inversiones Alsacia, dueña de uno de los operadores de TranSantiago, el sistema de transporte masivo de Santiago de Chile. La familia Ríos Velilla también es socia de Transmilenio y el SITP de Bogotá. Alberto Ríos Velilla es el esposo de la periodista de Caracol Radio Darcy Quinn, es el padre de Felipe Ríos, exconcejal de Bogotá y, es amigo íntimo del vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien por obvias razones ha sido financiador de sus campañas políticas.

Recientemente, tres hechos generaron una alerta nacional, por lo delicado de los temas y porque sin duda señalan la corrupción en una de las instancias más importantes de la Nación como es la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Minas y Energía.

Por un lado, la venta de ISAGEN cuyos dineros irán con destino a la construcción de las denominadas autopistas 4G; proyectos de infraestructura en los cuales tiene metidas las manos y hasta los codos el actual vicepresidente, venta, que se realizó además en contravía del querer nacional y que muchos señalan, como la caja de donde el señor Vargas Lleras sacará los fondos para su campaña presidencial.

Por otro, los sobrecostos en la ampliación de la refinería de Ecopetrol en Cartagena, (REFICAR) cuyos costos fueron superiores en cerca de un 300% de lo estimado inicialmente, pues se pasó de 3.400 millones a 8.160 millones de dólares, constituyéndose  esté en el mayor desfalco a las finanzas de la nación.

Y finalmente, los dineros pagados por los ciudadanos a las termoeléctricas, (cargo por confiabilidad) como forma de garantizar la generación de energía eléctrica en momentos en que la generación Hidroeléctrica entra en crisis por fenómenos climáticos como el del niño, y que ascienden a 2.6 billones de pesos.

El hueco fiscal producido por la corrupción y por los bajos precios del petróleo que este Estado alcabalero, busca resolver mediante el aumento de tarifas en los servicios públicos y una reforma tributaria que gravara aún más el ya exiguo salario y los ingresos de la mayoría de los colombiano; ampliando las extenciones y la rebaja a los empresarios para descargar todo el peso sobre los trabajadores y los consumidores.

Una situación como esta, debe ser respondida por el movimiento popular con una gran movilización social. Debemos posicionar la corrupción política, el bajo aumento de los salarios, la oposición a nuevas reformas tributarias y la creación de las ZIDRES como prioridad en la agenda pública.

Con estas banderas y las de otros sectores sociales en conflicto, empezar la preparación del PARO CÍVICO en el 2016.

¡NO MÁS IMPUESTOS, NO MÁS CORRUPCIÓN!

¡PARO CÍVICO NACIONAL YA!

 

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