El acuerdo del burócrata sindical de UPCN Andrés Rodríguez con el Gobierno para que no despidan a sus afiliados

El titular de UPCN acordó con el Ejecutivo que no se opondría a los despidos de los ñoquis camporistas.
Télam.Tito La Penna

El Gobierno cerró un acuerdo con Andrés Rodríguez, el titular de UPCN, a quien le prometieron que no echarían a los afiliados en el proceso de revisión de contratos que terminó con centenares de despidos de estatales.

Rodríguez acordó que no se opondría a los despidos de los camporistas que coparon la administración pública durante el mandato de Cristina Kirchner, a cambio de que no tocaran a sus afiliados.

Para el Gobierno es vital el acuerdo con Rodríguez, puesto que maneja un gremio con 280 mil afiliados.

El silencio del titular de UPCN fue advertido por el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, que ayer dijo que “los que tienen que salir a la pelea” ante los despidos “son primero los gremios estatales”.

“Si nos hubiera tocado a nosotros esta situación, estaríamos en la calle peleando”, aseguró Moyano, que agregó que “no es simpático lo que está pasando, pero yo no veo a los gremios que reaccionen”.“Andrés se nos vendió”, rezongó a LPO, por su parte, una encumbrada diputada del Frente para la Victoria.

Distinta es la situación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el otro gremio que nuclea a los trabajadores estatales, que hoy anunció un paro nacional para reclamar por el despido de 8 mil empleados del sector público, según calculó el titular de la asociación, Hugo “Cachorro” Godoy.

Confirman despidos

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó hoy más de seis mil despidos en la administración pública y anunció un decreto que dará por finalizados los convenios con las Universidades.

El nuevo decreto, que el presidente Mauricio Macri firmará entre “mañana y el viernes”, da por “finalizado” los convenios celebrados con las Universidades, “no permite nuevas contrataciones de personal a partir del 1° de marzo” y vehiculiza -a través de la SIGEN- una “auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal ocurridas entre octubre y diciembre de 2015”.

“Si hay liquidaciones sospechosas o situaciones fraudulentas luego de la auditoría, como funcionarios tenemos la obligación de denunciarlas”, aseveró Ibarra en declaraciones a un grupo de medios -entre ellos DyN- y agregó, por otro lado, que avanzarán con las “jubilaciones en el transcurso del año porque así lo dice la ley”.

fuente: LPO

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