Colombia La comisión de la verdad ¿hacia una nueva política de la verdad?

Hernán Alejandro Cortés /Resumen Latinoamericano/ Palabras al margen/ 22 de diciembre de 2015.-

El pasado 15 de diciembre se celebró en La Habana una ceremonia en la que el gobierno nacional y las FARC-EP dieron parte a la prensa nacional e internacional del cierre del punto 5 en la agenda de negociación, el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Las respuestas no se hicieron esperar; los ya gastados discursos guerreristas se centraron en la impertinencia del acuerdo y en el inminente advenimiento de una paz con impunidad, incluso llegando a convocar a un “paro electoral” ante la decisión del plebiscito por la paz. Por otro lado, los sectores que apoyan el proceso remarcaron la importancia del acuerdo en vista de la irreversibilidad del mismo. Más allá de las rencillas y de los corrillos, que algunas veces carecen de argumentos, lo que está en juego en este escenario es el desarrollo de tres puntos cruciales, no sólo para el éxito del proceso, sino para la construcción de cualquier ejercicio democrático: Justicia, Verdad y Reparación.

La creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, como un órgano independiente de la justicia especial para la paz, pero como un elemento que hace parte de un todo, denota la madurez del proceso que se lleva a cabo en La Habana, pues lo que se expone al leer el Acuerdo es el complejo entramado de fuerzas y posiciones que juegan en la mesa; cuestiones como esclarecer la verdad, asumir responsabilidades, darle centralidad a las víctimas y generar un sistema de justicia especial, son claras muestras de que en La Habana no se está jugando, como suele decir la derecha radical, y entender el ciudadano de a pie. Por supuesto no quiero decir que el proceso de La Habana de por sí será el resultado de un mejor país, pero lo que sí es posible ver en los diálogos es el desarrollo de una voluntad política en la que se emplaza la categoría “enemigo interno”, por la de antagonista (aunque las cosas con el movimiento social y sindical sigan igual en el país, tras los señalamientos, hostigamientos y persecuciones). Este cambio en las categorías contribuye al desarrollo de un ejercicio político en el que los actores dejarán de enfrentarse con las armas y pasarán a enfrentarse con los argumentos y el desarrollo de la voluntad popular mediante el juego democrático… o eso esperamos.

Justamente, por la seriedad del proceso, creo que es necesario realizar algunas preguntas al Acuerdo, con el fin de esclarecer los contenidos del mismo y de ese modo dimensionar la importancia de dicho acontecimiento. El acuerdo está divido en tres partes: en la primera se expone la configuración de una “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”. En segunda medida se disponen los elementos para la creación de una comisión de búsqueda de los desaparecidos en el marco de las acciones del conflicto y, finalmente, se disponen los principios de la jurisdicción especial para la paz. Si bien el centro del debate se ha concentrado en el último punto del Acuerdo me parece interesante detenerme en la configuración de la primera comisión, objeto del primer punto del Acuerdo.

La Comisión de la Verdad tiene como objeto el “esclarecimiento de la verdad”, esto quiere decir el desarrollo de un ejercicio histórico y documental que exponga de manera clara y detallada cuáles han sido las múltiples causas del conflicto y cómo éste se ha desarrollado durante estos años, sin duda hay un punto interesante en este objeto, y es que el “esclarecimiento de la verdad” es concebido como un punto fundamental para reconocer y satisfacer los derechos de las víctimas. Pero aquí es donde vienen las preguntas, ¿quiénes “esclarecerán la verdad”? ¿Bajo qué presupuestos y con qué mecanismos operará dicha comisión? ¿Cómo decir la verdad en un país que ha asesinado a quienes han intentado llevarla a cuestas? Y aún más importante ¿cómo lograremos que al explicitar esa verdad se generen las garantías de no repetición en un país que se caracteriza por su indolencia? Es más ¿hasta qué punto están dispuestas las partes a asumir las responsabilidades y la carga de la verdad que les toca en la historia y presente de este conflicto? Incluso ¿será la sociedad colombiana capaz de soportar el horror de la verdad del conflicto?

Durante la discusión del punto 5 la mesa puso en marcha la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, donde un conjunto de “intelectuales” e investigadores llevaron a cabo la tarea de preguntarse por las causas y los orígenes del conflicto armado en Colombia. Si bien su intención no era la de “esclarecer la verdad”, algunos de los informes lograron el cometido de poner en debate y adelantar una discusión en torno a la configuración de la guerra como estrategia política, de la tenencia de la tierra como centro del conflicto y de la importancia de pensar la rebelión armada como el resultado de una serie de condiciones materiales que empujaron a algunos ciudadanos al uso de la violencia como estrategia política. Sin embargo el eco de estos informes se cerró a algunos círculos académicos, sin tener mayores repercusiones en el orden del sentido común, y es justamente esa condición la que me invita a cuestionar el carácter y las posibilidades que tendrá la Comisión de la verdad. Pues estoy completamente de acuerdo, tal y como lo declaran las partes en el acuerdo, que: “es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de la paz” (p. 9).

Entonces ¿cómo construir esa verdad sobre el conflicto? ¿Estarán, tanto el gobierno nacional como las FARC, dispuestos a que se cuente una verdad sin restricciones? ¿A asumir las responsabilidades de los acciones cometidas en estos años de conflicto? Y ¿de qué forma hacer circular una verdad diferente a la que ha estado instituida en el sentido común del pueblo colombiano? Si hay una tarea fundamental para la Comisión de la Verdad es la de poder establecer un diálogo sensato con la historia en el que se analice, de manera profunda y rigurosa, qué es lo que ha sucedido en el conflicto, atendiendo especialmente a dos condiciones, el sobre diagnóstico del conflicto y el sesgo ideológico que puede terminar por olvidar el centro del debate que es la reparación de las víctimas. En esa medida dicha comisión tiene la tarea de construir una nueva política de la verdad, de hacer circular un nuevo conocimiento que logre desdibujar las lecturas tradicionales del conflicto en las que hay buenos soldados y malos guerrilleros, incluso debe asumir la valentía de señalar a los financiadores e instigadores de la guerra, pues para nadie es un secreto que los perpetuadores de este conflicto no son los soldados y los guerrilleros (que a la larga cumplen órdenes), sino las fuerzas de los intereses económico-políticos y las élites irresponsables que han capturado el Estado para su beneficio.

Pero así como la Comisión tiene la tarea de producir lo que, siguiendo a Foucault, podríamos llamar una nueva política de la verdad, dicho producto puede convertirse en un conjunto de hojas sin ningún valor si los movimientos sociales, las instituciones educativas, las organizaciones barriales y la sociedad en general no asumen la tarea de re-pensar el conflicto en virtud de sus condiciones históricas, de repensarlo como una condición que determina lo que es la sociedad hoy. En una entrevista de 1971 el filósofo y pensador francés Michel Foucault señaló lo siguiente: “La verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la acompañan, al régimen de verdad […] el problema político del intelectual es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El problema no es cambiar la “conciencia de la gente” o lo que tienen en la cabeza, sino cambiar el régimen político, económico, institucional de producción de la verdad”.

No quisiera sonar demasiado optimista, pero lo que creo que se puede abrir con el desarrollo de una Comisión de la Verdad es la puerta para transformar el sentido común, para cambiar el circuito de producción de la verdad, por ello, dicha tarea no puede estar en manos de una pequeña comisión, sino que debe convertirse en un debate nacional, que más allá de “esclarecer la verdad” se atreva a producir una verdad donde el sentido y la noción de lo político se transforme, creo que solo de esa manera será posible atender al desarrollo de unas garantías reales para la no repetición, de manera que esa sea la mejor reparación posible para el conjunto de víctimas. Una tarea en la que todos tenemos parte, pues seguramente desde este nuevo escenario será posible dotar de contenido las luchas políticas para transformar las dinámicas de gobierno que han sido hegemónicas en este país y eso implica como diría Garzón: “llamar a las cosas por la verdad”, tanto en la política, como en la vida real.

Referencias

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Foucault, M. (2009). Verdad y poder. Obras esenciales. pp. 379-391. Barcelona: Paidós.

Publicado en: Palabras al margen

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