Resumen latinoamericano/ E´a/27 de noviembre, 2015.-  De cara al reinicio del juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, marcado para este viernes 27 de noviembre en el Palacio de Justicia de Asunción, el abogado Víctor Azuaga conversó con el programa Acción Radio, trasmitido por la 1300 AM. El defensor señaló que el objetivo de los incidentes y recusaciones presentados por el mal desempeño y parcialidad manifiesta del Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia no buscan trabar el desarrollo el juicio, sino hacer respetar el debido proceso. En este sentido expresó que los fiscales y magistrados preopinan y dejan entrever una condena anticipada sin que el juicio haya llegado a su etapa final, violando la presunción de inocencia.

Con respecto al anuncio del presidente Horacio Cartes de aceptar la “donación” de Campos Morombí para terminar con el conflicto, adelantó que presentarían una acción de inconstitucionalidad ante una aberración jurídica mediante la cual el Estado recibiría en donación algo que es suyo. Cartes había adelantado que aceptaría la “donación” para dar un corte el conflicto, que provocó 17 muertes y la destitución del presidente Fernando Lugo, allanando el camino para el retorno del Partido Colorado a la titularidad del Poder Ejecutivo.

“Él está siguiendo el libreto. Él mismo dijo que se quiere borrar esa página de la historia donde presumiblemente o seguramente él tuvo participación en eso por eso quiere olvidar”, remató.

En efecto, uno de los principales impulsores de este proyecto es el diputado colorado Óscar Tuma, quien presionó para la realización del desalojo efectivizado del 15 de junio de 2012 y fue el fiscal acusador en el juicio político exprés en que Lugo fue destituido supuesto por mal desempeño de funciones.

Por su parte, la directora general de los Registros Públicos del Poder Judicial, Lourdes González, señaló que el Poder Ejecutivo no debería aceptar la “donación”, puesto que las tierras no están a nombre de Campos Morombí, por lo que la oficina a su cargo no podrá inscribir el inmueble en caso de que el presidente Horacio Cartes promulgue el proyecto de ley.

Azuaga añadió que ante las numerosas irregularidades lo que corresponde es la anulación del juicio y que se otorgue la libertad de todos los campesinos. La defensa sostiene en primer lugar que no existe el delito de invasión denunciado por Campos Morombí, que no es propietario del inmueble, que según todas las documentaciones públicas pertenecen al Estado y fueron declaradas de interés social para la reforma agraria en 2004.

En segundo lugar, tampoco corresponden los cargos de asociación criminal formulados a partir de una lista de integrantes de la comisión anotados en un cuaderno encontrado en el campamento de los campesinos y que luego desapareció tras supuestamente caer en un arroyo. Además, se trata de una comisión vecinal legalmente reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cuya conformación es un requisito para los campesinos que desean acceder a los programas de tierras del Estado.

Como tercer punto sostiene que al existir muertes consumadas y elaborar cargos solo por tentativa de homicidio, la fiscalía se niega a investigar y esclarecer qué ocurrió en la matanza que fue utilizada con fines políticos para destituir al presidente Fernando Lugo.
Foto: el abogado Víctor Azuaga conversó con el programa Acción Radio @mabelvillamayor

Cartes violaría la Constitución, la independencia de los poderes y blanquearía tierras malhabidas

25 noviembre, 2015

El presidente Horacio Cartes adelantó que aceptaría la “donación” de las tierras de Marina Kue de parte de Campos Morombí.

El pasado martes el presidente paraguayo, Horacio Cartes, adelantó que promulgará el proyecto de ley en el que el Estado acepta la “donación” de las tierras de Marina Kue por parte de la empresa Campos Morombí.

El proyecto, “que declara como área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de reserva científica de estricta protección, al área denominada Reserva Natural Yberá, correspondiente a la finca N° 30, padrón N° 61, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú”, cuenta con la aprobación de ambas cámaras del Parlamento paraguayo.

Otro punto polémico de la norma sancionada es que encarga la supuesta protección a las Fuerzas Armadas, que según manda la Constitución Nacional no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interna.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto, dijo que de concretarse el anuncio, el presidente va a estar tomando una decisión equivocada, inconstitucional y también legitimadora de tierras mal habidas.

Efectivamente, todos los documentos existentes señalan que esas tierras pertenecen al Estado desde 1967, cuando la empresa La Industrial Paraguaya las donó al Estado. Por eso un decreto presidencial de ese mismo año la aceptó.

Otro decreto presidencial de 2004, el 3.532, lo transfirió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para ser destinadas a la reforma agraria, específicamente para la ampliación de las colonias campesinas de la zona.

Debido a un manejo irregular de las instituciones estatales la tierra nunca fue inscripta en el Registro de Propiedades a nombre del Estado.
En esos primeros años del 2000 la empresa Campos Morombí usurpó las tierras de Marina Kue a través de ardides judiciales y la influencia política de su propietario, el dirigente colorado Blas N. Riquelme, vinculado al sector que se enriqueció durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Por todos estos antecedentes, hoy existen dos litigios en el Poder Judicial donde dos instituciones estatales dependientes del Poder Ejecutivo –el Indert y la Procuraduría General de la República– pelean por la titularidad del Estado sobre la empresa Campos Morombí.

Cuando Gauto habla de inconstitucionalidad se refiere específicamente a que de pronunciarse a favor de la “donación”, el Poder Ejecutivo estaría atropellando funciones que hoy desempeña el Poder Judicial en esos dos litigios.

Específicamente, los artículos 3 y 248 de la Constitución Nacional de Paraguay hablan de la independencia de los poderes del Estado y de la independencia del Poder Judicial, respectivamente.

“El presidente se va a erigir en juez de una situación que no le corresponde porque está en competencia del Poder Judicial”, explicó Gauto.
La decisión vulneraría también la centralidad que tiene la independencia del Poder Judicial para el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, explicó el referente.

Recordó que las tierras en cuestión, en manos de los Riquelme, figuran en la lista de la Comisión de Verdad y Justicia como tierras robadas al Estado, las llamadas tierras malhabidas.

Por todos estos antecedentes, dijo, la Codehupy exigió el veto presidencial del proyecto de ley a través de una carta y también pidió una audiencia al presidente Cartes, para ahondar detalles sobre el tema. Hasta ahora no hubo devolución, expresó.

El inmueble en litigio tiene 2.000 hectáreas, pero el proyecto de donación solo incluye 1.748 hectáreas. Organizaciones sociales exigen que la firma privada sea procesada por apropiación de un bien público y sea investigada su eventual responsabilidad en las 17 muertes que ocurrieron tras propiciar el desalojo realizado el 15 de junio de 2012, todo ello sin ser propietaria del inmueble.

Fuente: Base IS

Cartes acepta donación irregular de Marina Cué

Ultima Hora. 27 de Nv. 2015.-

El Estado paraguayo aceptó la polémica donación de tierras de Marina Cué por parte de la empresa Campos Morombí luego de que el presidente Horacio Cartes haya promulgado la Ley 5.530.

Cartes, como había anticipado, promulgó este viernes la Ley 5.530 mediante la cual se acepta la donación de 1.700 hectáreas de tierras de Marina Cué por parte de la empresa Campos Morombí. Además, declara a las mismas como “área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de manejo de reserva científica de estricta protección” bajo la denominación de “Reserva Yberá”, de acuerdo con el documento oficial.

El Congreso dio el primer paso al aprobar la ley “que transfiere a título gratuito a favor de la Secretaría del Ambiente (SEAM) un inmueble individualizado como Finca N.º 30, Padrón N.º 61, del distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú”, la semana pasada.

Cartes ya había adelantado que aceptaría la donación para “dar un corte a ese tema”.

Sin embargo, el inmueble estaba en litigio desde el 2004 entre el Estado paraguayo y Campos Morombí. Tanto el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Dirección Registros Públicos estaban en contra de esta donación.

El titular del Indert, Justo Cárdenas, se ratificó en que las tierras en cuestión son del Estado. Mientras que la directora de Registros Públicos, Lourdes González, señaló que la ley sancionada por el Congreso no corresponde, “y menos aún la transferencia del inmueble”.

Afirmó que la empresa de la familia Riquelme no posee la titularidad de esas tierras, por lo que no puede realizar la donación.

En 1967, la empresa La Industrial Paraguaya SA donó las tierras a la Marina paraguaya- de ahí el nombre Marina Cué- y en el 2004 fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.

Pero Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se apropió de las tierras y las reclamaba bajo la figura de usucapión. Un grupo de campesinos ocupaba Marina Cué alegando que eran del Estado, pero la empresa los quería desalojar.

El 15 de junio del 2012, 236 policías ingresaron al lugar para desalojar al grupo de aproximadamente 60 campesinos. La orden judicial decía que debían hacer un allanamiento.

Ocurrió un enfrentamiento que dejó 11 campesinos y 6 policías fallecidos. La masacre derivó en un juicio político donde el Congreso destituyó al entonces presidente Fernando Lugo.