En el fallo de primera instancia, el juez federal Martínez de Giorgi indicó que Antena Negra TV no comete ningún delito al salir al aire y agregó que cualquier conflicto en relación al aire debe resolverse por vías administrativas con los organismo estatales competentes, AFSCA y AFTIC. Sin embargo, los abogados de PROSEGUR -antiguos defensores de Carlos Menem, el mismo que entregó el permiso para el espacio en disputa a la empresa- entienden que el canal comunitario tiene una “conducta delictiva”.
La apelación basa sus argumentos en la “intención” del canal comunitario de interferir sus comunicaciones. Esta conducta, para los abogados de la multinacional, “no sólo demuestra su desprecio a la ley, sino también, ilustra que pese a conocer las graves consecuencias perjudiciales que su actuar podía implicar para la sociedad, desoyó a la autoridad y persistió en su actuar delictivo”.
Tanto PROSEGUR como sus abogados ignoran el fallo de primera instancia que indica que no hay delito por parte del canal comunitario. Ante el argumento de la producción de “consecuencias perjudiciales” para la sociedad sólo cabe destacar que el fin del medio comunitario siempre fue es y será visibilizar las luchas de los más vulnerados. Aquellos acallados en los “grandes medios” por los intereses económicos de empresas multinacionales como GIASA-PROSEGUR.
Los medios alternativos, comunitarios y populares deben enfrentar, desde siempre, al sector privado y estatal. El caso de Antena Negra TV es una clara muestra de cómo un privado impone sus intereses por encima del Estado y sus leyes. La vuelta al aire de este canal de televisión será el logro de todo el sector, que unido y en la calle se enfrenta a quienes detentan el poder para que todas las luchas del campo popular estén en el aire.
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