PARAGUAY Embajada de EEUU dicta curso antiterrorista a uniformados paraguayos

El programa tiene como objetivo “ayudar a las naciones asociadas a aumentar las capacidades antiterroristas, y mejorar el nivel de las técnicas y tácticas del personal de las fuerzas del orden, responsable de la lucha contra el terrorismo”, aseguró el Gobierno.

“Los participantes aprenderán durante nueve días variadas estrategias y tácticas que servirán a los instructores para mejorar su capacidad de enseñanza y ponerlas en práctica en sus respectivas instituciones”, aseguró el Ministerio del Interior.

El curso está a cargo de “destacados instructores” y es organizado por la embajada de Estados Unidos en Paraguay, país en el que se encuentra presente el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que el Gobierno atribuye medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su aparición en 2008.

En el seminario participan representantes de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior -a través de su Dirección de Migraciones- y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El EPP mantiene cautivos desde el 5 de julio de 2014 al suboficial de policía Edelio Morínigo, de 25 años, y desde hace más de un mes al colono menonita Abraham Fehr, perteneciente a una comunidad de religiosos menonitas.

El Gobierno estima que la guerrilla opera principalmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en el norte del país, zonas con altos índices de pobreza rural fronterizas con Brasil, donde discurren importantes rutas del tráfico de drogas en la región.

Para el combate a este grupo armado, Cartes aprobó, a los pocos días de asumir su mandato en agosto de 2013, unas enmiendas a la Ley de Defensa que permiten emplear al Ejército en casos de “agresión interna” como el terrorismo y las “amenazas o acciones violentas” contra las autoridades.

Diversas organizaciones campesinas y agrupaciones políticas aseguran que estas enmiendas son una forma de “militarización” del norte de Paraguay y piden su derogación, al tiempo que denuncian abusos por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), el contingente de militares y policías encargado del combate a la guerrilla.