México. Atacan a dos periodistas en el DF, Flor Goche de Desinformémonos y Elva Mendoza de Contralínea

Resumen Latinoamericano/ 09/ 09/2015  .- El 8 de septiembre, el domicilio de las reporteras Flor Goche, de Desinformémonos y Elva Mendoza, de la revista Contralínea, fue allanado por sujetos desconocidos. Equipos de cómputo y documentos fueron sustraídos del departamento ubicado en la delegación Cuauhtémoc. Las chapas del domicilio aparentemente no fueron forzadas. Una pantalla de televisión, dinero y otros objetos de valor que se encontraba en el lugar permanecen intactos.

Las reporteras son beneficiarias del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al que ingresaron luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a su favor. Ambas cuentan con un botón de pánico como parte de las medidas otorgadas. Los operadores del mecanismo fueron notificados de manera inmediata, pero no dieron respuesta bajo el argumento de que no tienen facultad de investigación. Ni siquiera acompañaron a las reporteras a presentar su denuncia ante las instancias correspondientes.
Flor Goche da seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. También a violaciones de derechos humanos y feminicidios.
Las líneas de investigación que sigue Elva Mendoza son megaproyectos de inversión, devastación ambiental, transgénicos y destrucción de patrimonio.
La abogada Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, dará acompañamiento al caso. Los hechos referidos se inscriben en el clima de acoso al gremio periodístico en México.
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“Se llevaron mis computadoras pero no otros objetos de valor”

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Por Flor Goche / Desinformémonos

La pantalla de televisión, el reproductor de películas y el multifuncional siguen ahí. El dinero también y un par de objetos de plata que estaban visibles, sobre una repisa.

De mi domicilio ubicado en la delegación Cuauhtémoc, en la ciudad de México, sólo fueron sustraídas dos computadoras portátiles. Una de éstas, la que estaba sobre mi escritorio, contiene los archivos de las investigaciones periodísticas que actualmente realizo, entre ellas una serie de reportajes que se difundirán a un año de los hechos de Iguala, Guerrero, que derivaron en la desaparición forzada de 43 normalistas rurales, y en el asesinato de otros tres.

El allanamiento ocurrió el pasado 8 de septiembre entre las 8:40 y las 19 horas, mientras yo me encontraba en las oficinas de Desinformémonos, el medio en el que actualmente laboro.

Ese día volví a mi domicilio, el cual comparto con Elva Mendoza, reportera de Contralínea, minutos antes de las 19 horas. Me sorprendió que ninguna de las dos chapas de la puerta principal del departamento estuviera asegurada. En la sala, el comedor y la cocina, todo parecía normal. En la habitación, sin embargo, la escena era otra: papeles y ropa regados sobre el piso y las colchonetas que la hacen de cama.

La irrupción de gente ajena era evidente. Los delincuentes, sin embargo, dejaron rastro de su “profesionalismo”. Las chapas del acceso principal, una de ellas de seguridad, no presentan signos de haber sido forzadas. Los vecinos refieren no haberse percatado de los hechos.

Quien o quienes irrumpieron en el lugar que habito –al menos hasta hacer un par de días resultaba habitable– se llevaron dos computadores y hurgaron en mi archivo periodístico, directorio y documentos personales. Algunos de éstos estaban tirados sobre el piso y la cama; otros fueron dejados en una silla.

Una caja floreada de cartón con documentos fiscales también revisada. Los papeles que contenía, tales como facturas y boletos de viaje, estaban regados sobre la cama.

Cabe destacar que desde mediados de 2014, Elva Mendoza y yo, en conjunto con otros integrantes de la revista Contralínea –en la que laboré por 7 años–, contamos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismas que fueron otorgadas a raíz del allanamiento a las oficinas de este medio de comunicación, hecho en el que también fueron sustraídas computadoras y archivos periodísticos.

Elva y yo, somos, igualmente, beneficiaras del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, al que ingresamos a raíz de las medidas cautelares dictadas por la Comisión. Es por ello que a ambas se nos fue otorgado un botón de pánico, objeto que debemos activar en caso de emergencia para recibir auxilio inmediato y eficaz por parte del aparato gubernamental.
La noche del 8 de septiembre, en cuanto me percaté del allanamiento a mi domicilio, presioné mi botón de pánico por tres segundos, tal cual es la indicación. No funcionó. Repetí la operación un par de veces más; nadie respondió a mi llamado.

Finalmente pude comunicarme con la empresa que el gobierno federal contrata para el control del botón de pánico. Les informé de lo ocurrido. Mandaron a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a mi domicilio; los uniformados realizaron únicamente la inspección ocular y me sugirieron acudir al ministerio público a presentar la denuncia de hechos.

Inmediatamente establecí contacto directo con el personal del Mecanismo para solicitarles apoyo para la gestión de peritos que pudiera acudir a mi domicilio a tomar evidencia, como huellas digitales. El funcionario Roberto Reyes, quien me atendió, me comentó que eso no era posible pues ellos no tenían facultad de gestión y tampoco de investigación. Me dijo, sin embargo, que podían encomendar a una persona del Mecanismo para acompañarme a presentar la denuncia. Sin embargo, minutos más tarde, se retractó. Me pidió que le enviara copia de la averiguación previa en cuanto la tuviera entre mis manos, pues sólo entonces podrían hacer algo. Yo insistí. Pedí que el Mecanismo interviniera en caso de que el personal del ministerio público se negara a mandar peritos a mi domicilio. Entonces el funcionario comentó que es a mi medio de comunicación a quien le corresponde darme acompañamiento y asesoría jurídica.

Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos, logró contactar con el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quienes, a su vez, pidieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, que enviaran peritos a mi domicilio. Así ocurrió.

El 9 de septiembre, en presencia de mi abogada, Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y de la organización Artículo 19, se realizaron los peritajes de criminalística, dactiloscopia y fotografía. Asimismo, rendí mi declaración. Todo ello consta en el Acta Circunstancial 149/Feadle/2015. De acuerdo con José Manuel Maldonado, agente del ministerio público, en los próximos días, el Acta Circunstancial se elevará a rango de averiguación previa.

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