México. La tormenta en Oaxaca / 177 agresiones contra activistas y periodistas este año

Padecemos, como todos los mexicanos, el reino de la impunidad. Su símbolo espectacular fue la fuga deEl Chapo, con la cual se dio amplia publicidad nacional e internacional al tratamiento que reciben en el país ciertos criminales. La versión más cínica de esa tónica de impunidad es la exoneración formal de Peña y Videgaray por sus adquisiciones de laCasa Blanca y otras propiedades. Su expresión más atroz es sin duda haber dejado en libertad a dos de los autores intelectuales del asesinato del maestroGaleano en La Realidad, el 2 de mayo de 2014. Impunidad sin concesiones, dice bien Magdalena Gómez al comentar esta operación, que forma parte de una serie bien conocida que incluye Tlataya, Tanhuato, Apatzingán, Ayotzinapa… La plaga se manifestó puntualmente en Oaxaca cuando Gabino Cué extendió a Ulises Ruiz certificado de impunidad, cuando todavía no culminan los trabajos de la Comisión de la Verdad que está examinando sus crímenes. Al mismo tiempo, quitó a sus miembros la protección tutelar que requerían para realizar sus tareas.

Forma parte de la ofensa la extensión del estado de excepción no declarado que se impone al país. Este uso de la ley para establecer ilegalidad caracteriza la creación del nuevo Ieepo, que abandona 30 años de compromisos formales y anula derechos bien constituidos. Es la misma tónica de las nuevas leyes en materia indígena que acaban de promulgarse. Representan un claro retroceso respecto a lo que habían conseguido los pueblos indios en el curso de las últimas décadas; entre otras cosas, implica secuestrar su capacidad autónoma de gobierno. Este proceso, por el que se desmantelan paso a paso, tanto por grupos sociales como por áreas geográficas, todos los elementos del estado de derecho, se extenderá pronto a las zonas económicas especiales, con las que el gobierno federal amenaza ahora a Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estas zonas no son un estado dentro del estado, como se ha dicho. Son áreas en que se abandona el diseño formal del estado y no quedan más derechos y libertades que los de la propiedad privada, del capital; es decir, son áreas en que se manifiesta sin velos, a la vista de todos, la naturaleza real del régimen político del Estado-nación, que fuera de ellas se disimula bajo la fachada de la democracia representativa. Requiere análisis cuidadoso lo que estas zonas representan. Es un atropello aún más grave que las concesiones mineras y otras formas de despojo.

Se hace cada vez más evidente que los maestros fueron pretexto circunstancial y fallido para traer a Oaxaca 15 mil gendarmes militarizados. Está a la vista que su presencia se debe más bien a la necesidad de prevenir y en su caso impedir la resistencia de los pueblos, que defienden su territorio y su vida ante todos los despojos que están sufriendo.

Nuestro desafío principal consiste en transformar el descontento cada vez más general y la digna rabia que cunde en amplios círculos de la sociedad oaxaqueña en una forma eficaz de resistencia organizada. Y el desafío, aún mayor, es convertir esa resistencia en capacidad de transformación.

Ha sido estimulante constatar la rápida circulación del cuchicheo. En pequeños grupos, hasta de tres amigos en un café, en reuniones más amplias, en asambleas, en foros, bajo las más variadas circunstancias, nos hemos puesto a analizar la situación y a prepararnos para lo que sigue. Se llega rápidamente a consensos sobre la gravedad de la situación. Se manifiesta sin reservas la rabia que nos provoca la acumulación de ofensas y arbitrariedades. Se producen desahogos necesarios, en la intimidad que se afirma en tejidos comunitarios. Se despierta la imaginación sociológica y política para concebir formas de respuesta. Y se produce, con frecuencia, la articulación indispensable para organizar la resistencia. Circulan ya declaraciones colectivas que definen una toma de posición.

Ante la ocupación militarizada de Oaxaca y a medida que el gobernador, el Congreso estatal y el gobierno federal renuncian a formas civilizadas de gobernar, la gente se apoya en los sedimentos de la experiencia acumulada, particularmente la de 2006, para organizar acciones que permitan trascender la circunstancia. Sabemos ya, incluso por experiencias muy recientes, que no basta decir que no, oponernos al despojo, a la militarización y a todo lo que no queremos. Para vertebrar la resistencia y darle sentido necesitamos expresarla como construcción de una alternativa. En eso estamos. Imaginándola y tratando de darle realidad.

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Van 177 agresiones contra activistas y periodistas este año en Oaxaca

PEDRO MATÍAS

31 DE AGOSTO DE 2015

                         Filadelfo Sánchez Sarmiento, periodista asesinado la mañana de este jueves.
Foto: @e_oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- En lo que va del año, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha documentado 177 agresiones contra periodistas y activistas, entre ellos 13 asesinatos.

Razhy González Rodríguez, titular de la Defensoría Especializada en Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, detalló que por esos casos se han desprendido 20 medidas cautelares e iniciado 41 expedientes por agresiones, físicas, bloqueo informativo, hostigamiento, amenazas de muerte y asesinatos.

Durante el conversatorio sobre protección integral a periodistas y personas defensoras de derechos humanos convocado por la Defensoría, Artículo 19 y tres organizaciones civiles, Razhy González detalló que de los 177 casos de agresiones acumulados 98 han sido contra promotores de los derechos humanos y 79 contra periodistas.

En este último caso, se tiene un registro de 49 comunicadores que sufrieron un total de 79 agravios: 17 agresiones físicas, 10 por bloqueo informativo, nueve por hostigamiento, seis amenazas de muerte, cinco de robo de equipo de trabajo y cuatro homicidios, entre ellos el del locutor de radio La Favorita de Miahuatlán, Filadelfo Sánchez Sarmiento, ejecutado el pasado 2 de julio.

Antes, el 4 de mayo, el reportero de La Ke Buena 100.9 F.M. y del diario Crónica de Tierra Blanca, Veracruz, Armando Saldaña Morales, fue ejecutado de cuatro balazos en la cabeza en Cosolapa, Oaxaca.

También el pasado 4 de abril fue ejecutado el director de la radio comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo 96.1, Abel Manuel Martínez Raymundo, en el Barrio San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Y el 10 de julio, el excandidato del Partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de Santa María Huatulco y exdirector del Portal de información FP Noticias, Edgar Hernández García, fue ejecutado en el parque central de la Crucecita.

En 2014 –recordó González Rodríguez– 30 periodistas sufrieron 60 agravios, según los registros, mientras que en este año la cifra ha aumentado 60 por ciento en víctimas y 31 por ciento en agravios, lo cual es alarmante, recalcó.

Respecto a los defensores, dijo, se tienen registrados 98 agravios en la entidad, 10 casos a colectivos, comunidades y organizaciones en defensa de los derechos, y otros 50 contra activistas. Es decir, aclaró, en ciertos casos los afectados fueron víctimas de más de un tipo de agresión.

González Rodríguez subrayó que las principales agresiones registradas son de tipo físico, de las cuales 14 fueron por intimidación, 10 por amenazas de muerte, nueve por homicidio, y no recibieron mucha difusión en medios informativos porque sucedieron en el ámbito rural, además de que a las personas agraviadas no se las reconoce como defensoras o defensores de derechos humanos.

Agregó que seis de los asesinatos contra defensoras y defensores fueron cometidos en un periodo específico: de principios de mayo a finales de junio de este año, es decir, seis asesinatos un mes antes y un mes después de las pasadas elecciones.

Razhi González recalcó que su tarea en la Defensoría Especializada es insistir ante los gobiernos de todos los niveles para que investiguen los hechos a fin de que éstos no queden en la impunidad.

Y mencionó que la Defensoría Especializada surge con tres mandatos: la defensa de defensores y periodistas que consideren que han sufrido agravios a sus derechos humanos; procurar la protección que garantice la seguridad de estas personas cuando estén en situación de riesgo con motivo de su trabajo, y dar a conocer la trascendencia social del oficio que desarrollan defensores y periodistas.