Recusación a jueces vuelve a suspender juicio por la matanza de Curuguaty

Resumen Latinoamericano/Última Hora, 3 de agosto de 2015 – El juicio oral y público por la matanza de Curuguaty volvió a suspenderse este lunes tras la recusación contra los jueces del Tribunal de Sentencia. La defensa de los campesinos acusados sostiene que los magistrados ya preopinaron sobre el caso.

El abogado Víctor Azuaga presentó un escrito recusando a los jueces del Tribunal de Sentencia al considerar que preopinaron en el caso cuando la defensa solicitó mayor tiempo para tener conocimiento de los expedientes de la investigación fiscal.

Este hecho ocurrió el pasado martes cuando el profesional del derecho tomó la defensa de 11 campesinos acusados por la matanza de Curuguaty. Un día antes, los labriegos decidieron renunciar a sus antiguos abogados por desconfianza.

Azuaga había planteado un recurso de reposición contra el exiguo plazo de tres días otorgados por el Tribunal de Sentencia, que conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero.

Sin embargo, los magistrados se ratificaron en su decisión y presidente del Tribunal, Ramón Trinidad Zelaya argumentó que no podían dar mayor tiempo porque “la prensa y la gente pedían una sentencia”, expresiones que son consideradas como una preopinión.

La defensa también agregó que los demás integrantes, Benito González y Samuel Silvero avalaron lo expresado por el presidente con su silencio.

El juez Zelaya dijo que la recusación no tiene argumentaciones fundadas y darán las explicaciones debidas cuando remitan su informe Tribunal de Apelaciones, en un plazo de 24 horas.

Son 13 los campesinos acusados por la Fiscalía de delitos que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso. Los procesados por esta última causa se exponen a condenas de hasta 25 años de cárcel.

A tres años de aquel fatídico 15 de junio del 2012, cuando 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida en un inmueble ubicado en Marina Cué, Curuguaty, departamento de Canindeyú, el juicio oral y público del caso no logra avanzar.

Uno de los principales ejes de la investigación fiscal se basó en que los efectivos policiales fueron emboscados por campesinos durante un operativo de desalojo llevado adelante en la propiedad del fallecido empresario Blas N. Riquelme, en Marina Cué, Curuguaty.

Pero muchos juristas, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales consideran que esta es una investigación parcial y sin objetividad. Argumentan, entre otras cosas, que solo se recolectaron datos sobre la muerte de policías y no así de los labriegos.

Señalan que la investigación fiscal tampoco tuvo en cuenta las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales a campesinos, una vez culminado el tiroteo aquel día. Un total de 60 campesinos estaban apostados en ese inmueble, incluyendo a niños y mujeres.

Los labriegos aseguraban que las 2.000 hectáreas de Marina Cué eran del Estado paraguayo porque en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya S. A. donó las tierras a la Marina paraguaya y, posteriormente, en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.

Sin embargo, la empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se había apropiado de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión. El Estado paraguayo litiga por recuperar la propiedad, pero la Justicia todavía no lo resolvió.

Es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir finalmente a quién pertenece dicho inmueble. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aseguró en reiteradas ocasiones que esas tierras pertenecen al Estado.