Familiares y organización de mujeres campesinas dan su versión sobre Masacre de Curuguaty

 

Conamuri habla de sentencia prefabricada en juicio del caso Curuguaty

Resumen Latinoamericano, E’a, agosto 2015.- La Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) emitió este domingo un comunicado a la opinión pública donde advierte de una sentencia prefabricada para inculpar a los campesinos en el caso de la masacre en Curuguaty.

La instancia resolutiva del caso Curuguaty se reanudará este lunes 3 de agosto, en un contexto de “extrema desconfianza por parte de la sociedad paraguaya hacia el aparato judicial”, según manifiesta el comunicado de la Conamuri.

La organización señala que ya se cuenta con una sentencia prefabricada para inculpar a los campesinos que llevan más de tres años “soportando injusticias y afectaciones varias contra sus derechos humanos y procesales”.

También se afirma en el escrito que el Ministerio Público tuvo un deficiente desempeño, que concluyó en la “presentación de elementos probatorios francamente ridículos y en declaraciones testificales parcialistas”.

Por último, la Conamuri indica que: “La sentencia que arrojare el tribunal competente solo será justa y coherente con el Estado de Derecho si decidiera la anulación de todo el proceso judicial por aberrante y por varias veces viciado”.

El juicio por el caso de la masacre en Curuguaty continuará este lunes 3 de agosto. Son 13 los campesinos acusados por la Fiscalía de delitos que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso. Los procesados por esta última causa se exponen a condenas de hasta 25 años de cárcel.

Las acusaciones del fiscal Jalil Rachid son cuestionadas por organizaciones sociales que argumentan que solo se procesó a los labriegos y no a los policías. El 15 de junio del 2012 fallecieron 11 campesinos y 6 uniformados en un operativo de desalojo en Marina Cué, a pesar de que la orden era de allanamiento.

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Familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty desmienten al Indert
Califican de “disparate” el anuncio hecho por el presidente del Indert, Justo Cárdenas, sobre el supuesto traslado de los ocupantes de Marina Cue a un inmueble ubicado en Alto Paraná.

E’a agosto 1, 2015
Familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty desmienten y califican de “disparate” el triunfal anuncio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de que el caso Marina Cue terminaba con “final feliz” con la supuesta aceptación de los ocupantes de ser trasladados a un inmueble de 350 hectáreas en el departamento de Alto Paraná. Esto a cambio de renunciar del reclamo de recuperación de las 2.000 hectáreas de tierras del Estado que usurpa la empresa Campos Morombí, propiedad del Grupo Riquelme, fundado por el fallecido político colorado Blas N. Riquelme, en el departamento de Canindeyú.

“Es un disparate. Ni soñando vamos a renunciar a las tierras donde murió nuestra gente”, expresó Martina Paredes, de la comisión Yvy Ñande Rekove y hermana de Fermín y Luis Paredes, fallecidos en la masacre.

Paredes señaló que estas personas que conformaron la comisión Naranjaty 2 no son de Yvypytã y que si bien comprende que se trata de personas humildes que necesitan tierra, afirma que están manipulados por políticos que buscan sacar provecho y dividir a los familiares de la masacre para desistir de la demanda de recuperación de las tierras en las que fallecieron 17 personas el 15 de junio de 2012.

A raíz de las dilaciones y mentiras del gobierno, un grupo de labriegos decidió a fines de junio reingresar al lugar donde fallecieron sus familiares reafirmando la demanda de tierra, justicia y libertad para los campesinos acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa y que enfrentan un proceso repleto de irregularidades, empezando por la parcialidad manifiesta del fiscal Jalil Rachid, quien es allegado político de la familia Riquelme.

“Final feliz”

Un reporte de prensa del Indert señala que gracias a las gestiones del titular del ente agrario, Justo Cárdenas, las 95 familias ocupantes de las tierras conocidas como Marina Cué serán trasladadas “en cualquier momento” a una parcela de 350 hectáreas ubicada en la colonia “8 de Diciembre”, Itakyry, Alto Paraná.

“Llegamos a un final feliz, luego de un gran esfuerzo, principalmente a nivel judicial donde obtuvimos el interdicto para retomar la posesión de esas tierras que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria”, indicó Cárdenas.

La gacetilla también cita a los supuestos dirigentes de los sintierras, Norberto Rolón y Jorge Ovelar, quienes manifestaron su conformidad con el “trueque” y agradecieron a Justo Cárdenas y al presidente Horacio Cartes por su “sensibilidad social”.

La masacre de Curuguaty: síntesis de la lucha por la tierra en el Paraguay

Agosto de 2015

 

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