Venezuela indignada por reunión diplomática de EEUU con la derecha venezolana

Resumen Latinoamericano/ 12 de Marzo 2015.-   El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó el miércoles a una funcionaria de la embajada de Estados Unidos llamada Kathryn Pongonis de participar en actividades de la derecha venezolana y violar disposiciones diplomáticas.

Cabello se refirió a los artículos 41 y 42 de la Convención de Viena, que entró en vigor el 24 de abril de 1964, los que obligan a los funcionarios estadounidenses a “respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y no inmiscuirse en los asuntos internos del país en el que están trabajando”.

“A pesar de estas disposiciones diplomáticas, la consejera adjunta de asuntos políticos de la embajada de los Estados Unidos de América asistió a un foro sobre conflictividad laboral en el país” en la que participaron organizaciones de la derecha venezolana, señaló.

Cabello ha subrayado que esta conducta por parte de Pongonis está en contra de las medidas anunciadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien manifestó que los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, deberán solicitar autorización para realizar y participar en cualquier actividad dentro del territorio venezolano.

Además, el líder legislativo bolivariano agregó que la funcionaria norteamericana se ha mostrado muy interesada en participar en las audiencias del juicio de Leopoldo López, líder de la operación golpista denominada ‘La Salida’ que se llevó a cabo en febrero de 2014.

En medio de la lucha que mantiene Caracas con los llamados “golpistas” orientados desde el exterior, el pasado 28 de febrero, Nicolás Maduro en uno de sus discursos anunció una serie de medidas diplomáticas para EE.UU. con el objetivo de evitar cualquier injerencia o ataque imperialista en contra de la nación suramericana.

Las relaciones de Caracas y Washington están en un punto de alta tensión, particularmente después de que el mandatario de EE.UU. Barack Obama emitiera el pasado 9 de marzo, una orden ejecutiva que incluye imponer más sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano y califica al país sudamericano de una “amenaza” para la seguridad nacional del país norteamericano.

Maduro, por su parte, rechazó el decreto afirmando que Washington es la verdadera amenaza no solo para su propio pueblo sino para el mundo entero.

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