Otro periodista asesinado en Paraguay mientras aumenta la vigilancia estatal

Resumen Latinoamericano/Sebastián Polischuk, 9 de marzo de 2015 – Ya son cinco los periodistas asesinados desde la asunción de Horacio Cartes a la presidencia. La mayoría de los reporteros y comunicadores denunciaban a políticos involucrados en  la famosa “narcopolítica” paraguaya, de la que el Partido Colorado, al que pertenece Cartes,  forma parte.

Esta vez la víctima fue el periodista radial Gerardo Servián, que se suma a la lista de los asesinados el año pasado: Fausto Alcaraz (el 16 de mayo), Edgar Fernández (19 de junio), Pablo Medina y su asistente Antonia Maribel Almada (16 de octubre).

La  muerte de Servián ocurrió al mismo tiempo que se detenía a uno de los autores  de los asesinatos de Pablo Medina y Antonia Maribel Almada, cuyo nombre es  Vilmar “Neneco” Acosta (ex intendente de Ypehú, perteneciente al Partido Colorado), sin detener todavía a la actual diputada nacional y ex-gobernadora de Canindeyu que también está involucrada.

El asesinato a periodistas no es un hecho aislado, sino que se suma a las frecuentes violaciones por ejercer el derecho a la libre expresión y difusión de información, sobre todo de aquellos que tengan una postura diferente al gobierno. Hace rato, la administración de Cartes viene cerrando medios alternativos, asesinado y acusando falsamente a campesinos de formar parte de la guerrilla o ser cómplices del narcotráfico, imputando a distintos trabajadores por “actos de rebeldía” tal como sucedió el año pasado con los obreros portuarios.

Hoy en día, el gobierno va por más y, mientras sigue con los asesinatos y persecuciones, impulsa una campaña de silenciamiento, represión y de fuerte vigilancia a todas las personas que habiten el país, siempre en nombre de intentar erradicar el narcotráfico.

Esta campaña de vigilancia y control ciudadano se visualiza ahora con el reciente proyecto de ley dado a conocer la semana pasada y denominado “Conservación de datos de tráfico” o “Pyrawebs”, que permite que el Estado controle a las personas que utilizan internet. El proyecto obliga a todos los proveedores de servicios de internet del país a mantener durante todo un año los datos que indiquen quién se comunica con quién, y desde dónde y cuándo se establece cada comunicación por esa vía. Además de otorgarle al gobierno el acceso a datos históricos, también se podrá para tener acceso a la información de geolocalización, que permita ubicar a cada ciudadano paraguayo. Este proyecto, impulsado por el Ejecutivo paraguayo bajo la falsa escusa perseguir mejor y frenar el narcotráfico, podría ser sancionado la semana que viene.

El año pasado, la persecución a la libertad de expresión se dio con casos como el del periodista del periódico digital E’A, Paulo López, que sufrió la represión y las torturas en una comisaria al cubrir una manifestación contra el aumento del transporte público. A esto se sumó que la fiscalía lo imputo por “rebeldía” y por supuestamente agredir a un policía. El Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) ha denunciado que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio Público mantiene con su política persecutoria a radios comunitarias, al obligarlas a cerrar o amenazando con constantes requisitos, tal como sucedió en 2014 con el cierre arbitrario de Radio Nativa de Pilar. Desde esa radio, el periodista Andrés Arias denunciaba la vinculación del narcotráfico y el poder político.

Es importante mencionar este conjunto de hechos, ya que el caso de Gerardo Servián no es para nada ajeno a estas constantes violaciones a la libertad de expresión, que derivan en asesinatos y donde incluso el narcotráfico -del que es cómplice el propio Partido Colorado-, está en gran parte de los casos involucrados. Como pasa en Colombia y México, en Paraguay se ejerce un fuerte control de la libertad de expresión y militarización sobre los sectores populares bajo el lema de combatir al narcotráfico del que los propios partidos y sectores dominantes forman parte.

Sin ir más lejos, la muerte de Servián fue un asesinato producto de disparos efectuados por sicarios mientras andaba en motocicleta. Sus familiares sostuvieron que los sicarios pertenecen a mafias que involucran al poder político. Gerardo solía ser muy crítico del gobierno del intendente Marcelino Rolón, de la localidad de Zanja Pytã (en el departamento de Amambay). Rolón es un intendente que pertenece a la conservadora Asociación Nacional Republicana (ANR) perteneciente al Partido Colorado.

Y tal como lo manifestaron sus familiares y el Sindicato de Periodistas de Paraguay en un comunicado: “La muerte del periodista (en el pasado jueves 5 de marzo) evidencia una vez más el poder de la mafia y el retroceso en materia de libertad de expresión y derechos humanos bajo este gobierno. El Estado paraguayo debe proteger la vida y libertad de los ciudadanos. Y hasta el momento, no está cumpliendo”.

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