Plan Nacional de Desarrollo en Colombia: ¿paz y equidad para un nuevo país?

Resumen Latinoamericano/Sebastián Polischuk, 1 de marzo de 2015 – A la par de las reuniones por los acuerdos por la Paz con las FARC-EP, el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos pretende aprobar a toda costa en mayo el “Plan Nacional de Desarrollo Económico: Todos por un Nuevo País”. Plan económico y social que apunta al desarrollo y expansión de las fronteras de un capitalismo que arrase con las últimas formas de economías alternativas y/o diferentes que todavía persisten en Colombia.

Este Plan se dio a conocer a mediados del mes pasado y todo apunta a una estrategia apoyada por el gobierno y los países imperialistas, que necesitan urgentemente la pacificación de Colombia y la sumisión de otro tipo de economías a los intereses de las grandes empresas agrícolas y mineras que se ven en la necesidad de incorporar más tierras y expandir sus fronteras.

El plan fue recomendado al presidente Santos ni más ni menos que por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por Estados Unidos, Alemania, Turquía, Israel, Reino Unido, Francia y Japón, entre otros, y la cual Colombia se encuentra en proceso de adhesión.

Más allá de tener otros objetivos que pueden parecer progresistas como la inclusión y bienestar social asegurando derechos básicos como la salud, educación pública, en el lema de paz y equidad, dicho plan está enfocado al aumento de la competitividad y la productividad económica empresarial. Tanto las Bases del Plan de Desarrollo Económico, como el Proyecto de Ley, en un doble discurso reiteran la necesidad de que Colombia modernice su economía y el Estado para este fin. Cuyo propósito para 2018 es que Colombia “sea considerada como una de las economías más productivas de la región. Para ello la política de desarrollo productivo habrá consolidado apuestas productivas de las regiones a partir de un uso sostenible y eficiente de sus ventajas comparativas y competitivas; y una oferta más amplia de bienes y servicios para atender un consumidor más exigente y globalizado. De esta manera se aportará a un país más equitativo y a la generación de territorios de paz, en donde esfuerzos como los encadenamientos productivos y la generación de redes de proveeduría asociadas a empresas anclas impulsarán los mercados de las regiones” [1].

Todo pareciera estar enfocado a este propósito. En el caso de la educación, en el artículo 54 del Proyecto de Ley se plantea la necesidad de afianzar las relaciones entre el sistema educativo y el sector productivo. Incluso en ambos textos (tanto las Bases del Plan, como el Proyecto de ley del mismo), se hace hincapié en la prioridad del desarrollo y expansión de la minería y de una transformación de la economía rural; esta última en función de la agricultura basada en la propiedad privada. El objetivo es insertarse mejor en el mercado competitivo y globalizado.

También se plantea la necesidad de una distribución de la tierra, de integrar a los pequeños productores de diversas actividades productivas, pero siempre sin tocar la propiedad de los grandes empresarios y terratenientes. Lo mismo pasa cuando se tocan temas ambientales: los mismos siempre están sumisos a la Autoridad Minera, y a la supeditación de la expansión agrícola.

Además se le siguen dando rédito para la actuación de los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además se muestran intentos de soluciones a cuestiones como la pobreza, según se estipula en el artículo 141: “Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para realizar los aportes al Fideicomiso para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza del Fondo Monetario Internacional”. AL referirse a las mal llamadas misiones de paz de la ONU, el artículo 122 explica: “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco del proceso de modernización de la Fuerza Pública, promover la celebración de acuerdos de cooperación internacional que permitan prestar y recibir asesoría, envío de personal y transferencia de equipos a otros pases con el objeto de intercambiar experiencias, entrenamiento y capacitación, así como para la participación en misiones internacionales u operaciones de paz”[2].

Pero vayamos más en profundidad al análisis de dos de los ejes principales de este famoso Plan de Desarrollo, y que son los de la producción rural/agrícola y minera.

Las “transformaciones en el campo” desconociendo al campesinado

Como ya se nombró, las famosas transformaciones en la producción rural es uno de los ejes centrales que lleva hoy en día a uno de los mayores rechazos a este proyecto por parte del campesinado y las minorías étnicas. Los textos de este Plan desconocen en su totalidad al “campesinado y a su economía”, dado que en estas “transformaciones del campo”, prácticamente ni los mencionan; solo se refieren a “trabajadores rurales”, que no es lo mismo ya que el “campesino” es aquel que desarrolla su economía en forma colectiva o comunitaria, sin necesariamente división de la tierra a diferencia del “trabajador rural u obrero rural” que sí lo está y se encuentra netamente incorporado al modelo capitalista de producción. Y todo esto hace principalmente al tema de la distribución de la tierra y “beneficios productivos” que el mismo Plan menciona, pero sin tocar la propiedad privada de los grandes empresarios y terratenientes.

En el artículo 49 del Proyecto de Ley de este Plan, se da la potestad al Instituto Colombiano de Desarrollo Social (INCODER) de comprar todos los inmuebles, considerados como “baldíos” (tierras que no están del todo aclarada su situación de quién o quiénes son sus titulares) para vendérselos a terceros, siempre y cuando se acomoden a los proyectos productivos del gobierno considerados como de interés público y social. Algo similar está escrito en las Bases del Plan, que afirma que el Estado debe recuperar estos supuestos “baldíos” indebidamente ocupados para ponerlos a disposición de su uso eficiente, individualizando los predios conformes a los lineamientos impartidos a nivel nacional [3]. Algo similar ocurre con el otorgamiento de subsidios a familias campesinas que se incorporen a los criterios productivos planificados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [4].

De más está decir que el artículo 97 del proyecto le da potestad al INCODER de incorporar nuevos supuestos “baldíos”, “para establecer en ellas un régimen especial de ocupación, aprovechamiento y adjudicación, reglamentado por el Gobierno Nacional, que permita al adjudicatario contar con la tierra como activo para iniciar actividades de generación de ingresos”. Lo cual implica una clara exclusión para la economía familiar campesina que en las Bases de este Plan es definida como “aquellos sistemas de producción rurales en los que prevalece el trabajo familiar no remunerado, el hogar habita donde se encuentra el sistema productivo y los ingresos del productor provienen principalmente de las actividades agropecuarias” [5].

En este sentido, el artículo 98 referido a la Formación de la Propiedad Rural, afirma lo siguiente: “Sin perjuicio de las disposiciones propias para la titulación de baldíos o regularización de bienes fiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad ejecutora que este determine, gestionará y financiará de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza privada, para otorgar títulos de propiedad legalmente registrados a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores”.

Y por último, el artículo 102 permite al presidente colombiano expedir decretos con fuerza de Ley, con el fin de eliminar entidades agrarias que considere necesarias, suprimir inversiones y créditos, hacer ajustes para la adquisición de tierras, etc. Es decir, el gobierno va a tener la potestad de otorgar beneficios a todo aquel que se acomode a lo que él llama “productivo”.

Beneficios para las grande empresa mineras

Otro de los ejes más polémicos es el de la necesidad de la impronta minera para la economía colombiana, que da lugar a una mayor explotación de este recurso a favor de los intereses de las grandes empresas.

“El sector minero energético jugará un papel clave en garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo. Su tarea será, por un lado, asegurar que la economía tenga fuentes de energía competitivas que le permitan a la economía crecer y generar empleo, mientras que al dar acceso a energía y combustibles contribuirá de forma directa en la reducción de la pobreza. Por otro lado, el sector generará importantes recursos para financiar las inversiones que van a requerir la construcción de la paz, la educación y las políticas sociales en la lucha contra de la desigualdad” [6].

Para poder llevar a cabo este impulso minero, el gobierno pone el énfasis en la expansión sobre tierras para el uso de esta actividad y subsume a las familias de pueblos originarios, campesinas, minorías u otro tipo de población con escasos recursos que desarrollan minería, a los intereses de las grandes compañías. Así está plasmado en el artículo 18 del Proyecto de Ley , en el que se afirma que los mineros explotadores de pequeña escala podrán “suscribir subcontratos de formalización minera con el titular minero para continuar adelantando su explotación”. Esto implica que los sectores más poderosos pueden subcontratar a los menos poderosos en términos económicos imponiéndoles su política, además de que la Autoridad Minera Nacional, en el artículo 21, le imprime la obligación de todo aquel que explote este recurso de desarrollar Planes de Gestión social, lo cual excluye aún más a las familias campesinas o de cualquier otro sector social que no cuente con demasiados recursos para implementarlos.

En cuanto a lo ambiental, en el artículo 19 se le da la potestad a la Autoridad Minera Nacional de tener mayor poder para realizar estudios ambientales a la hora de otorgar licitaciones de tierras para la extracción minera, quitándole poder a los organismos nacionales ambientales para la evaluación del impacto ambiental en el ecosistema. A esto se suma que la Autoridad Minera otorgará autorización temporal para la toma de territorios rurales cercanos a la zona de explotación, cumpliendo al parecer con la normativa ambiental vigente.

La necesidad los sectores populares de frenar este modelo

El proyecto que el gobierno de Santos pretende imponer profundiza el modelo capitalista y extractivista. Los diversos sectores del campo popular vienen cuestionando la falta de lugar que el gobierno les da a la hora de plantear reformas sociales, económicas y de derechos humanos en las negociaciones con las FARC-EP. A su vez, están impulsando una fuerte movilización para el mes de abril, en rechazo abierto del proyecto oficial y por la necesidad de evitar que les sigan imponiendo un modelo que poco tiene “equidad” y “paz social”.

En todo caso, ¿a quién termina beneficiando este proyecto y cuál es la verdadera estrategia de este gobierno liberal que por momentos se la da de “progresista”?; ¿cuánta verdadera ruptura hay con los gobiernos anteriores?; ¿cuál es la verdadera necesidad que hay por detrás del gobierno y de las grandes empresas frente a una economía que con la baja en el precio del petroleó empeoró ingresos empeoran y hasta aumentaron los despidos?

Como siempre, los mismos sectores de poder siguen expulsando de sus tierras a los campesinos y se los persigue, criminaliza y encierra. Y siempre, las grandes empresas y los paramilitares terminan ganando, tal como sucede con los campesinos de Arauca que resisten intentos de desalojos por parte de petroleras, o las comunidades originarias de Cauca que han sufrido asesinatos y decenas de heridos por su reclamo de tierras.

¿Cuál es la real reforma social del gobierno y de los países imperialistas de la OCDE si no se tocan los intereses de las grandes empresas y no se reconocen a las economías familiares?

Notas:

[1]Ver Pág. 67 de las: Bases del Plan Nacional de Desarrollo: 2014-2018.

[2] Un caso concreto es por ejemplo la misión de la ONU en Haití, con el envió de tropas y las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la misma en ese país.

[3] Ver: Bases del Plan Nacional de Desarrollo: 2014-2018.

[4] Ver, artículo 96 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo.

[5] Ver: pág. 321 de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo: 2014-2018.

[6] Ver: Pág. 61 de las Bases del Plan de Desarrollo Económico: 2014-2018.

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