Diarios de Urgencia (Nuevo: 14 de septiembre 2013)

RESUMEN LATINOAMERICANO
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Diarios de Urgencia

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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA

Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo

14 de septiembre 2013

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MÉXICO
Operativo en el Zócalo contra los maestros que desde hace cinco meses
protestan por la reforma educativa
Arrasa la policía el plantón de la CNTE

Detención de un activista durante el operativo de la Policía Federal, ayer en la Plaza de la Constitución

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Por Laura Poy, Arturo Jiménez, Fabiola Martínez, Gabriela Romero y Ángel Bolaños

Sábado 14 de septiembre de 2013,
Una fuerza de más de 3 mil policías federales se desplegó la tarde de ayer para ocupar la Plaza de la Constitución y de ese modo terminar con el plantón que a lo largo de cinco meses mantuvieron maestros de varias entidades en rechazo a la reforma educativa.

Como resultado del operativo hay un saldo preliminar de 32 personas detenidas, un número indeterminado de profesores lesionados por las fuerzas del orden, y al menos 15 policías con heridas leves, a decir de Manuel Mondragón, comisionado nacional de seguridad.

La tensión se inició la madrugada de este viernes, cuando aún miles de mentores pernoctaban en la plancha, y los asistentes a la asamblea  plenaria del magisterio de Oaxaca conocieron del ultimátum lanzado la tarde del jueves por la Secretaría de Gobernación para desalojar el Zócalo.

Desde las primeras horas de ayer, la decisión estaba tomada, pues el gobierno federal lanzó la advertencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que instó a presentar una respuesta clara la misma noche del 12 de septiembre.

Sin embargo, en las primeras horas de este viernes, algunos delegados sectoriales y regional de Oaxaca mantenían la idea de no retirarse de la plaza y resistir, pese a que otros sectores impulsaban el retiro por voluntad propia.

El debate fue largo y acalorado, se prolongó por más de 10 horas ante la resistencia de un grupo minoritario de representantes a desalojar la plaza a fin de mantener la dignidad y no retirarnos. La orientación de Rubén Núñez Ginés fue la consulta a las bases.

Las horas trascurrían y los numerosos secretarios generales sectoriales y regionales aún desconocían la información. Hasta las 5 de la mañana se les convocó a una asamblea al auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a fin de iniciar una discusión.

Y fue hasta las 8.40 de la mañana cuando Núñez Ginés dio el aviso a sus bases. El emisor de la advertencia del gobierno federal fue el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, contaría después el dirigente.

En un clima ya de nerviosismo los educadores decidieron irse en marcha del SME hacia el Zócalo. Un grupo mantuvo la decisión de reforzar el campamento, o sea, no ceder y resistir hasta el límite de nuestras fuerzas.

Ahí llegaron a informar a sus compañeros de la situación de alerta. La plaza cambió por completo en unos cuantos minutos. Primero, se inició el éxodo de buena parte del contingente. Luego, los docentes que decidieron atrincherarse y armaron barricadas con vallas de metal, lonas, plásticos y cartón, al tiempo que comenzaron a armarse de tubos, palos, piedras y botellas para responder al embate, mientras tres helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban el Zócalo.

Poco antes de las 12 horas, y ante la inminencia de un desalojo, el Gobierno del Distrito Federal solicitó a los empleados de sus oficinas centrales, ubicadas frente a la Plaza de la Constitución, salir de los inmuebles, así como una de las sedes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además se pidió a los comerciantes de la zona centro bajar su cortina, mientras que suspendieron servicio las estaciones del Metro Pino Suárez, Zócalo, Allende, Bellas Artes, Juárez, Balderas, San Juan de Letrán y Salto del Agua.

El primer ultimátum de la administración peñista fue al mediodía; el segundo y definitivo, a las cuatro de la tarde. La mayoría se replegó antes del avance de la Policía Federal. El secretario general de la sección 22 (Oaxaca), Rubén Núñez Ginés, fue quien encabezó el repliegue de sus bases sobre la avenida 20 de Noviembre, por lo que minutos antes de cumplirse el plazo indicó que ya se retiraban.

De diversos puntos de la plancha y en las callles 20 de Noviembre, Moneda, Madero y 5 de Mayo se levantaron llamas de las fogatas que prendieron en unos minutos.

Las bases andaban desperdigadas por las calles aledañas y las bocacalles. Uno de los mayores grupos se concentró en la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, donde instalaron una barricada, e incluso atravesaron un retroexcavadora para intentar impedir el paso de los cuerpos policiacos.

En un tenso día, más de 3 mil agentes federales sacaron de la Plaza de la Constitución a los docentes con apoyo de granaderos de la capital. En el momento del desalojo quedaban unos 4 mil educadores en el lugar, debido a que desde la mañana comenzó un retiro constante. Por la noche, los mentores comenzaron a reagruparse en el Monumento a la Revolución

Eran cerca de las 14 horas cuando integrantes de la dirección política de la sección 22 de Oaxaca informaron que se realizaría un último intento de dialogar con las autoridades federales y capitalinas.

La dirigencia se trasladó a esa esquina, adonde acudieron el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el secretario de Gobierno de Oaxaca, Alfonso Gómez Sandoval. El acuerdo fue otorgar dos horas más de plazo, aunque los mentores solicitaron cinco.

Encuentro urgente

Con un nuevo ultimátum, la dirigencia seccional convocó a una reunión urgente de representantes regionales, quienes, pese a la insistencia del secretario de Organización, Francisco Villalobos, de mantener un liderazgo responsable y cuidar a los compañeros, determinaron –los pocos que aún quedaban en la plancha– permanecer y resistir todo lo que se pueda.

Desde las 15 horas los profesores comenzaron a reforzar las barricadas y a mantener encendidas las fogatas. Decenas se organizaron en pequeños grupos portando palos y tubos para esperar la llegada de los uniformados.

Concluido el plazo, y sin que la totalidad de ellos y de manifestantes que ahí se concentraban, entre los que se incluían decenas de jóvenes que portaban camisetas negras y paliacates que les cubrían el rostro, hubieran abandonado la plaza, a las 16:15 inició el operativo de desalojo, el cual no tardó más de cinco minutos en liberar la explanada.

Sólo pequeños grupos de cinco u ocho educadores se quedaron en el Zócalo para intentar alguna resistencia a los policías federales que avanzaron en pocos minutos por toda la explanada. Ante la presencia de las fuerzas de seguridad, decenas de maestros corrieron hacia 20 de Noviembre.

En las bocalles que van de esa avenida hacia Izazaga y Eje Central, se dieron diversos enfrentamientos entre manifestantes y policías federales, mientras que el contingente mayoritario de los mentores intentaba llegar al Monumento a la Revolución.

En ese trayecto un grupo de al menos 250 educadores, entre quienes se encontraban los dirigentes de Oaxaca, Núñez Ginés, de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, y del Distrito Federal, Francisco Bravo, fueron encapsulados por fuerzas federales, ante un enfrentamiento con un grupo de anarquistas en la esquina de Eje Central y 16 de Septiembre.

Durante casi media hora mantuvieron concentrados a los profesores en una acera, mientras los dirigentes fueron trasladados en una camioneta de la Policía Federal en la que se dijo también se encontraba el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.

Los integrantes de la comisión de negociación del magisterio fueron conducidos al Palacio de Covián, donde sostuvieron un breve encuentro con Miranda Nava, quien les solicitó conminar a sus bases a cesar las movilizaciones a fin de que continúe el dialogo el martes próximo.

Poco después de las 18, cuando poco más de 3 mil maestros disidentes comenzaron a reagruparse en el Monumento a la Revolución, Francisco Villalobos informó que nos vamos a reorganizar en esta plaza, porque la resistencia magisterial no ha sido derrotada.

Al arribo de la dirigencia nacional de la CNTE al lugar, se informó que este sábado también acudirían nuevamente a la SG para una reunión de balance y conocer con precisión el número de lesionados y diversas incidencias, reunión que, dijeron, está prevista para las 10 horas.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, justificaron, en mensajes separados, la acción policial.

Hasta el cierre de esta edición, los mentores continuaban la instalación de su campamento en el Monumento a la Revolución, y la elaboración de listas de heridos y probables detenidos, la cual estimaron algunos docentes en más de cien.

En cinco minutos borraron el campamento de la CNTE

Tres mil 600 agentes contra un contingente completamente diezmado
Fabiola Martínez, Laura Poy y Arturo Jiménez

En cinco minutos, la Policía Federal (PF) tomó el control del Zócalo capitalino y los pocos maestros que para las 4 de la tarde con 15 minutos permanecían sobre la plancha, corrieron veloces para escapar de las hileras de uniformados que ingresaron a trote por un costado de Palacio Nacional. Para el operativo de recuperación de la Plaza de la Constitución fueron enviados 3 mil 600 integrantes de la PF.
Cuando a las 4 de la tarde venció el ultimátum que dieron los gobiernos federal y capitalino para que el Zócalo fuera despejado, algunos profesores –no más de 30 en cada esquina de la plancha– tomaron palos y tubos, pero la fuerza policial no les dio oportunidad de nada.

Los policías, armados con toletes, escudos, chalecos antibalas, cascos, rodilleras y espinilleras, así como dispositivos para lanzar gases lacrimógenos, ingresaron por la calle Moneda y avanzaron por el frente de la Catedral, seguidos por dos tanquetas antimotines. De manera simultánea, otra hilera de elementos policiales aparecía en Brasil y Monte de Piedad para formar, con destino a la plaza, una pinza humana de arrastre.

En plena carrera, un joven hizo un alto para lanzar una piedra y atrás de él, dos más arrojaron los palos que traían en la mano. No más. La prioridad era huir.

¡Despejen, váyanse, lárguense!, gritaban furiosos los mandos, al frente del contingente de uniformados.

Maestros, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y uno que otro transeúnte atrapado en la zona fueron replegados a las calles aledañas que para ese momento sólo conducían a otras vallas, las de escudos y toletes de federales asignados a la tarea de limpiar el primer cuadro del centro de la capital.

El objetivo era uno y lo tenían claro: arrasar con lo que se les pusiera enfrente, personas o cosas. La vanguardia de los federales amedrentaba a los civiles, al tiempo que formaban huecos o pasillos para que otra parte de la tropa policial destruyera carpas y lo que quedaba del campamento del magisterio disidente; blandían los palos y tubos que encontraban a su paso o con las manos arrancaban los lazos, cables y lonas; pisaban y pateaban los restos de alimentos, ollas, anafres, huacales y botellones de agua que no se pudieron llevar los maestros.

Al fondo, mientras la periferia de la plaza ya estaba ocupada por policías, apenas se alcanzaba a ver el Palacio Nacional. Una fuerte humareda de plásticos y carpas invadió el área, combinada con los polvos de los extintores que accionaron los uniformados para apagar las pocas flamas que persistían bajo las dos carpas más grandes de la CNTE.

Los policías fueron puestos, en estricto orden, alineados frente a los portales que están a un lado del palacio del Ayuntamiento, en el ala oeste del Zócalo, para avanzar hacia la calle 20 de Noviembre, mientras una de las tanquetas hidrantes iniciaba un recorrido justo frente al balcón central de Palacio Nacional. El sobrevuelo de los helicópteros no cesó.

La Comisión Nacional de Seguridad informó que recuperó con saldo blanco la Plaza de la Constitución que permanecía tomada por integrantes de la CNTE. La acción estuvo dirigida desde el búnker de la PF por el titular de la CNS, Manuel Mondragón, quien aseveró que el desalojo fue necesario al no presentarse la salida voluntaria de todos los manifestantes.

El operativo estuvo basado, dijo, en inteligencia y estrategia, en estricto apego a los derechos humanos, con un saldo preliminar de 29 personas detenidas por agredir –aseveró– a 11 federales de gravedad”.

Menos de una hora después del ingreso por Moneda ya no había nadie en la plaza, así que pudo ingresar otra hilera, esta vez de 20 camiones de la Secretaría de Obras del gobierno capitalino, para iniciar los trabajos de limpieza.

fuente: La Jornada
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Crónica del desalojo de una nación

septiembre 14, 2013

Desinformémonos
Fotos: Desinformémonos y Arturo Ramos Guerrero/agencialibrefoto

México, DF.  Humean en el Zócalo capitalino montones de ropa abandonada, zapatos sin su par, ollas con el arroz derramado, medicinas, credenciales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sillas y anafres aún encendidos. Pasaron dos horas y media desde el plazo que fijó el gobierno federal como ultimátum para que los profesores disidentes desalojaran el lugar –las 2 de la tarde del 13 de septiembre- y las cuadrillas de limpieza del gobierno local ya entran por la avenida 20 de Noviembre. Los policías federales se toman fotografías unos a otros frente al panorama de carpas destruidas y sonríen. La imagen de lo que consideran su victoria. Un pelotón grita su lema: “Servir y proteger al pueblo”, como en una película gringa. Mientras, las persecuciones y enfrentamientos se suceden en las calles del primer cuadro del centro histórico y en el Palacio de Bellas Artes.

Antes del plazo fijado para el desalojo, algunos profesores se retiran. Otros permanecen en el plantón  y comienzan a salir cuando los policías federales lanzan gases lacrimógenos. En las calles de alrededor del Zócalo -5 de mayo, Isabel La Católica, 16 de Septiembre- contingentes policiacos se distribuyeron cuadra por cuadra, avanzando y replegando a los últimos grupos de manifestantes, jóvenes la inmensa mayoría, que lanzan algunas piedras, palos y tuercas con resortera a los uniformados. Mientras, grupos de curiosos se asoman por las puertas y ventanas, grabando con sus teléfonos y tomando fotografías; algunos lanzan chistes y se fotografian frente al contingente policiaco.

“Relájense, vamos a cubrirle la espaldas a los compañeros”, grita el jefe de uno de los cuerpos policiacos, mientras su contingente avanza golpeado sus escudos rítmicamente, cargando palos, tubos metálicos, macanas y extinguidores. Algunas veces con groserías y otras con el argumento de “es por su propia seguridad”, tratan de correr a los que observan los movimientos; hombres, mujeres, jóvenes, que buscan inútilmente salidas. Un policía, en la parte de atrás de un contingente, graba con su tableta iPad el avance que empuja a los grupos de manifestantes hacia el Eje Central.

Hacia el Zócalo se ve humo. Huele a gasolina, y los restos de las vallas y barricadas que montó el magisterio horas antes arden todavía, junto con algunos enseres de las carpas de los profesores. Un huarache verde con una flor de tela se consume junto a un frasco de medicamentos genéricos. Los botes que los profesores usan para pedir cooperación están rotos y vacíos. Algunos policías federales hurgan entre los papeles que quedaron tirados, particularmente entre los que tienen logos de la Coordinadora.

Grupos de pepenadores aparecen en el Zócalo; empiezan a recoger y clasificar los cartones y plásticos en sus carritos. Un policía aparece y da órdenes a un civil: “Esos de los carros se tienen que salir”. Agrupamientos de hombres y mujeres se forman al grito de “Pelotón uno”, y comienzan el retiro de los escombros: vallas, sillas, papeles, carpas. Un policía federal levanta una valla y se para sobre un montón de escombros para posar para los fotógrafos. Otro unformado, con mucha menos estatura que sus compañeros, levanta los garrafones de agua y, con el mismo líquido, apaga las pequeñas fogatas que todavía humean por aquí y por allá. “No se separen, comando”, grita otro,

Los carros del departamento de limpia del Distrito Federal aparecen por 20 de Noviembre. Deben limpiar el trabajo sucio, literal. Mientras nuevas filas de policías salen por la calle Moneda y se forman frente a la Catedral. “Para la madrugada esto ya va a estar limpio”, asegura un comandante al que sus subordinados festinan y le piden que les tome una fotografía. Dos jóvenes mujeres solitarias aparecen para gritarle de frente a la policía que “son una vergüenza”, y un hombre de mediana edad se para, retador, frente a las filas de uniformados con dos carteles contra la reforma educativa. Los efectivos federales sonríen.

“La instrucción fue trabajar hasta que terminemos de limpiar. Trabajaremos horas extras”, informa un joven mientras jala los plásticos que, apenas tres horas antes, formaron el mar de viviendas improvisadas en las que más de 35 mil profesores, la mayoría de Oaxaca, llegaron desde el 19 de agosto a protestar contra la reforma educativa. “Tenemos instrucciones de no dar declaraciones”, sentencia una mujer, que momentos después caerá sobre un montón de escombros humeantes. Un señor completamente canoso, con sonajas de conchas en los pies, toca un silbato a ritmo de las danzas mexicatiahuin.

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, sin el uniforme pero con un gafete casi escondido debajo de la camisa, se ocupan de desmontar los “diablitos” que los profesores se procuraron para tener energía eléctrica. Portan solamente guantes de carnaza para hacer su tarea, “pero es seguro porque está seco, el problema es si empieza a llover”, declara uno de ellos, mientras  comienza a chispear y los helicópteros policiacos pasan una y otra vez por el cielo gris.

La bandera ondea a media asta en la Catedral, por los Niños Héroes, pero en el centro del Zócalo ni siquiera está la bandera. Una decena de militares, en el techo del Palacio Nacional, siguen los movimientos que tratan de borrar los restos del campamento. Un policía pasa, apresurado, cargando un bolso grande de mujer. Grúas y camiones de mudanzas acarrean una camioneta con planta de luz y las estructuras metálicas de las carpas –muchas de las cuales están quemadas. Un cartel que cuelga de un poste reza: “Recibimos apoyo y víveres. Los insultos son para Peña”.

Las cuadrillas de limpieza apresuran su trabajo. Suenan los mazos, que golpean los gruesos calvos que sostuvieron las lonas. Algunos policías de seguridad privada deambulan por el lugar. Camino al Eje Central, se repite la escena: las típicas tlayudas oaxaqueñas a medio comer, un bolso femenino, un zapato, una calceta, montones de cobijas, medio pollo rostizado, piedras y plásticos están regados por las calles.

Otra vez aparecen por diversos puntos grupos de curiosos. Un hombre, disfrazado de Miguel Hidalgo, posa frente a los policías que resguardan la entrada a la plancha principal de la ciudad. Los flashes y las bromas se suceden. “Por la calle 20 de Noviembre se puede salir”, afirma un hombre.

En Cinco de Mayo y Palma sigue en pie una barricada solitaria. El taquero de “La torta loca” limpia su trompo para instalar los tacos al pastor. Los dependientes comienzan a abrir los negocios, adornados ya con piezas verde, blanco y rojo, mientras en Eje Central, los granaderos de la capital persiguen a los manifestantes hacia la Alameda. “Para el Monumento a la Revolución”, se pasan la voz  algunos de los últimos manifestantes.

Se prenden los foquitos tricolores. La ciudad es verde, blanco y rojo. La fiesta patria está por empezar, mientras los maestros se reúnen en el Monumento a la Revolución, donde deciden los pasos siguientes.

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MÉXICO

“Fue un trabajo profesional, pero hubo infiltrados entre los maestros”, afirma un cínico Secretario de la Gobernación

Justifica Osorio Chong la acción policial
Gustavo Castillo García

14 de septiembre de 2013
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró estar convencido de que el diálogo es el camino para resolver los problemas con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); sin embargo, señaló que el operativo policiaco emprendido para desalojarlos del Zócalo capitalino se puso en marcha porque se les había explicado que en ese lugar se realizaría la fiesta más importante de los mexicanos, como es la ceremonia del Grito de Indepenencia, y no dieron respuesta para irse a otro sitio.

Durante una conferencia de prensa en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el funcionario dijo que la operación policiaca para retirar a los maestros en plantón, fue una operación profesional y apegada a los protocolos de los derechos humanos, la Policía Federal intervino para liberar el Zócalo capitalino.

Según Osorio Chong y el comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón, grupos ajenos a la CNTE infiltraron el movimiento magisterial, y eran los que portaban armas, tanques de gas que utilizaban como sopletes y rompieron las banquetas del Centro Histórico para agredir a los policías federales porque sabían que iban desarmados.

Osorio dijo a los periodistas que desde un principio, cuando los maestros arribaron al Distrito Federal, hace ya varias semanas, en reiteradas ocasiones se les dijo que la reforma en materia educativa no tiene marcha atrás, que es benéfica para los niños del país, así como en cuanto a la capacitación que con ella se brindará a los docentes.

Acerca del desalojo, Osorio puntualizó que en virtud de los preparativos de los festejos septembrinos, era imprescindible llevar a cabo la acción policiaca, y dijo que desde el jueves pasado ya se les había indicado a los profesores, que en acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal podrían instalar su campamento en el Monumento a la Revolución y abandonar el Zócalo.

Miguel Ángel Osorio Chong, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer
Sin embargo, puntualizó, no hubo respuesta a los plantea­mientos de la autoridad y que aunque la disposición al diálogo del gobierno federal se mantiene abierta no cedería a los reclamos de una minoría, la cual dijo, lleva ocho días sin contestar a los ofrecimientos del gobierno federal y el de Oaxaca, los ­cuales plantearon mejorar la infraestructura en la que laboran en sus comunidades.

Consideró que a los profesores se les dio tiempo suficiente para que se movieran a otro sitio, al no hacerlo, dijo, la Policía Federal intervino para liberar el Zócalo capitalino y mencionó que en todo momento estuvo presente en el operativo personal de las comisiones de Derechos Humanos nacional y del Distrito Federal, así como notarios públicos que verificaron lo ocurrido.

Aseguró que en el gobierno federal están conscientes de que en esta transformación se seguirán presentando resistencias, pero dijo que debe prevalecer la con­vivencia pacífica y que las diferencias se resuelvan con diálogo, y señaló que el encargado de continuar las negociaciones con los docentes es el subsecretario Luis Miranda.

Puntualizó que desde hace varios días, cuando los integrantes de la CNTE pretendieron blo­quear Periférico y Paseo de la Re­forma el gobierno capitalino ya decidió que no se permitirá más este tipo de situaciones y que en caso de que las autoridades capitalinas lo soliciten el gobierno federal lo apoyará porque hay límites y no se puede rebasar los derechos de los demás.

El comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb, precisó que en este operativo fueron detenidas 31 personas, las cuales aseguró, no son profesores, y dijo que fueron enviadas al cuartel que la Policía Federal tiene en la delegación Iztapalapa, conocido como el centro de mando, donde hay permanentemente un agente del Ministerio Público Federal.

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MÉXICO

CRECE LA SOLIDARIDAD CON LOS MAESTROS DE LA CAPITAL MEXICANA
En Oaxaca, las protestas más importantes después del desalojo policiaco en el Distrito Federal

Marchas y bloqueos en 9 estados en apoyo a maestros de la CNTE

Después del desalojo de la Plaza de la Constitución, la Policía Federal cercó a los profesores en la esquina del Eje Central y 16 de Septiembre. Los iban liberando cuando se identificaban como mentoresFoto Francisco Olvera
De los corresponsales

Sábado 14 de septiembre de 2013
Las protestas contra la reforma educativa que tuvieron lugar ayer en los estados se iniciaron con el cierre de vialidades que conducen a la ciudad de Tlaxcala, continuaron con el bloqueo de los accesos al aeropuerto de Minatitlán y al parque industrial de Orizaba, en Veracruz; concluyeron con movilizaciones de solidaridad a la gremial después del desalojo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Zócalo de la ciudad de México.

Las protestas más representativas, después del operativo de la Policía Federal (PF) ocurrieron en Oaxaca, donde diversas organizaciones, simpatizantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y normalistas realizaron diversas acciones de inconformidad.

Hubo momentos de tensión cuando integrantes de agrupaciones afiliadas al Frente Único de Lucha hacia la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FUL-APPO) retiraron las vallas colocadas en torno al Palacio de Gobierno y comenzaron a golpear las puertas para tratar de ingresar.

Los manifestantes colocaron las vallas en las cuatro esquinas de la plaza central del Zócalo; minutos después integrantes del Frente Popular Revolucionario retuvieron varios autobuses del transporte urbano, con los que cercaron el centro histórico.

Los policías que resguardaban el recinto alcanzaron a cerrar las puertas y a detener a un profesor, lo que provocó un conato de bronca; los inconformes retuvieron a los comandantes Guillermo Luna y Pedro Cruz, a quienes minutos después liberaron al tiempo que los agentes dejaban en libertad al mentor.

Otro contingente del FUL-APPO tomó las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y Radio Universidad, perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También bloquearon la carretera federal 190, Oaxaca-Istmo, y miembros de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado impidieron la circulación en la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido.

En tanto, profesores agremiados al Sindicato de Maestros del Estado de México se apostaron en el kilómetro 31 de la carretera federal México-Texcoco para exigir que se frene la represión perpetrada por la PF. En Pachuca, Hidalgo, integrantes de la CNTE realizaron una marcha para expresar su inconformidad por el desalojo.

En Chiapas, el magisterio agrupado en la sección 7 del SNTE, que desde el 28 de agosto pasado mantiene un paro de labores y un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez se declaró en alerta máxima tras el desalojo en la capital del país. Acordaron unilateralmente replegarse hacia la avenida y la calle Centrales para no obstaculizar la ceremonia del Grito de Independencia.

Decenas de maestros bajacalifornianos protestaron en Mexicali y Tijuana en repudio a las medidas represivas del gobierno de Enrique Peña Nieto para acallar la inconformidad por la reforma educativa.

Desde las 10 de la mañana de este viernes, cientos de docentes adscritos al subsistema de enseñanza básica pública en Tlaxcala cerraron los tres principales accesos a la capital del estado, en demanda de la abrogación de la reforma educativa promulgada por el presidente Peña Nieto.

Contingentes de miembros y simpatizantes de la CNTE y del autodenominado Digno Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala bloquearon las carreteras federal Tlaxcala-Puebla, la autopista a México, en el tramo San Martín Texmelucan-El Molinito, y la vía corta Santa Ana Chiautempan-Puebla.

En Veracruz, maestros bloquearon el acceso al aeropuerto de Minatitlán, en el sur de la entidad, provocando que algunos pasajeros no pudieran abordar sus vuelos en el horario que tenían programado.

FUENTE: LA JORNADA
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Lecciones en las calles
por Bernardo Bátiz V.

La propaganda en contra de los maestros –que defienden sus derechos, de paso los nuestros, los de los niños de hoy y de mañana– es perversa e implacable; se les presenta como holgazanes que no quieren trabajar y abandonan aulas y alumnos, como si dormir en el duro cemento del Zócalo, en tiendas de campaña, soportar el agua, el sol, el viento fuera lo más placentero del mundo; como si marchar, ser repelidos y empujados por los escudos de los granaderos fuera una especie de sofisticado deporte con el que se divierten y entretienen.

Y ¿quiénes les echan en cara ésto? Elegantes conductores de televisión y gritones de la radio, que cobran, y mucho, por la campaña indigna, por la guerra sucia en contra de uno de los sectores peor pagados en la absurda estructura de nuestra sociedad, que premia con riqueza y honores a futbolistas, estrellas de espectáculos y políticos atildados, y deja un punto por arriba de la miseria a quienes, con cierta ironía y conscientes de la realidad, se autonombran pobresores, debido a lo poco que reciben por desempeñar el importatísimo y duro trabajo de educar, en las más difíciles condiciones pensables, en las aulas más pobres y abandonas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entre otros estados.

La emperifollada y perfumada señora, peinada en salón y que toma cajeta latte, critica que el Zócalo huele mal, sin haber estado por ahí; el yupi de Santa Fe, que dice despreocupado: Ya, que se pongan a trabajar, mientras escoge con que bastón le pegará a su pelotita que le espera en la grama del campo de golf.

Los maestros, los profesores del Zócalo y de las marchas causan molestias sin duda, su didáctica es dura, nos enseñan con sus ropas modestas, a veces empapadas por la lluvia, con sus gargantas adoloridas de gritar sus lecciones en las calles de la gran ciudad, nos recuerdan que somos ciudadanos dueños de nuestras ciudades, nuestras plazas y nuestras avenidas y no súbditos dóciles dispuestos a callar frente a leyes absurdas e injustas que nos imponen.

Las lecciones que nos dan son de civismo y de dignidad; en primer lugar, que el artículo 123 constitucional sigue vigente, que es, como se sabe, una conquista de la Revolución Mexicana y que garantiza a los trabajadores derechos frente a sus empleadores.

Nos recuerdan también que en México aún están vigentes la garantía de libre manifestación de las ideas y de libre opinión, que tenemos derecho de asociarnos y reunirnos pacíficamente con cualquier objeto lícito; que no podrá ser disuelta ni debe considerarse ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta contra actos de las autoridades y que sigue vigente el derecho de libre tránsito y el principio de la igualdad de todos ante la ley, igualdad entre quienes hacemos uso de la vía pública, que por supuesto, no está destinada sólo para los automovilistas, sino que puede ser usada por los que caminan y marchan y con más razón cuando defienden valores tan importantes como los de la educación de la infancia y los derechos de los trabajadores.

Sólo transcribo, casi textualmente, artículos constitucionales. Los maestros en sus lecciones en las calles de la ciudad de México nos enseñan que debemos recordarlos y tenerlos presentes cuando las autoridades se olvidan de la historia de México, del bien común de los mexicanos y de los derechos fundamentales y pretenden imponer leyes que sólo benefician a los que ya están en el sector privilegiado de la sociedad.

Lean, dicen con su ejemplo los maestros, los artículos primero, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno y los demás de nuestra Carta Magna. Cuando escribo esto, los docentes están rodeados en su campamento del Zócalo y no sabemos si los desalojarán con violencia o no, lo menos que podemos hacer por ahora es agradecerles sus esforzadas lecciones y solidarizarnos con su lucha.

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Los de Abajo
Golpes a la democracia

por Gloria Muñoz Ramírez

Sin un espacio para el respiro, el autoritarismo del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto le asestó dos golpes a la ya violentada vida democrática de este país: la negación de la libertad al profesor tzotzil Alberto Patishtán, y el desalojo, violencia y desconocimiento de las justas demandas del magisterio democrático.

Los dos sucesos no pueden leerse aislados, pues vienen de la misma mano, es decir, de un gobierno impuesto que está decidido a no dejar espacio a la movilización ciudadana, a la protesta, a la oposición, a la denuncia de quienes defienden lo que queda de este país.

Este viernes, a las 5 de la tarde, el Zócalo capitalino representó la imagen del abandono de la política y el desmantelamiento de la nación. Cual postal de campo de batalla, con la bandera a media asta (en paradójica alusión a los Niños Héroes), este 13 de septiembre colmaron la plancha principal del centro de la ciudad de México decenas de zapatos sin su par, braseros aún humeantes con la cazuela de la sopa arrojada, fruta pisoteada, cobijas, trastes, mantas, carteles, cepillos de dientes que dan fe de la vida del plantón instalado el pasado 19 de agosto por maestros y maestras que defienden no sólo sus derechos laborales, sino la soberanía nacional. Aquí la lucha es por un proyecto de nación.

Apenas un día antes, los pueblos indios recibieron la noticia de que el primer tribunal colegiado de circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, negó el recurso de reconocimiento de inocencia al profesor Patishtán, hombre inocente de todo cargo que ya bastante ha sido lastimado con 13 años de injusta prisión. El Estado mexicano decidió, no obstante las pruebas que demuestran las irregularidades de un proceso plagado de injusticias, que el indígena tzotzil debe permanecer tras las rejas otros 47 años. Ni más ni menos.

Ánimo y gracias por creer en mi inocencia y luchar por mi libertad, expresó Patishtán apenas unos días antes de conocerse el fallo. Y esa fue la consigna este viernes por la noche cuando, lejos de rendirse y dejar caer la toalla, la gente que lucha por la justicia volvió a tomar aire y decidió redoblar esfuerzos para lograr su libertad.

Unas horas después del desalojo, el Zócalo capitalino lució limpio. Miles de foquitos tricolores se encendieron como preámbulo de la próxima fiesta patria con desfile militar incluido. Mucha gente, es verdad, volvió a caminar las calles como si nada. Pero mucha otra, también es cierto, se concentró de nuevo. El Comité por Patishtán en el Ángel de la Independencia, y los maestros en el Monumento a la Revolución. Aún no está dicha la última palabra.

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MEXICO

Un día después de que le ratificaran condena de 60 años, el zapatista Alberto Patishtán insiste en que no solicitará indulto

“Ellos deberían pedir perdón por lo que me han hecho”
Tal vez negaron mi libertad porque no soy güero, dijo el maestro, acusado de asesinato de policías

por Elio Henríquez

Sábado 14 de septiembre de 2013, p. 33
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas., 13 de septiembre.

Un día después de que el Poder Judicial de la Federación le ratificara una sentencia de 60 años de cárcel, el maestro tzotzil Alberto Patishtán Gómez reiteró que no solicitará el indulto presidencial para ser liberado, porque es inocente.

Siempre he dicho que no voy a recurrir al indulto porque, ¿de qué voy a pedir perdón?; al contrario, ellos deberían pedirme perdón por lo que han hecho conmigo; sólo espero que se haga justicia y nada más, declaró en conferencia de prensa realizada en el penal de esta ciudad.

–Si le ofrecieran el indulto, ¿lo aceptaría aunque no lo pidiera?

–Repito: sólo quiero que me liberen porque soy inocente; sólo pido que me liberen y punto.

Sostuvo que los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, le negaron la liberación tal vez por el color, porque soy indígena; a lo mejor porque no soy extranjero ni güero para hablar otras lenguas, o porque no tengo el poder económico para hacer otras cosas.

Señaló que recurrirá a tribunales internacionales para lograr su liberación. Tristemente podría decir que debemos salir de México para buscar justicia, lo que no debería ser. Tenemos que ir a Amnistía Internacional.

He dicho mi verdad, la cual no puede ser infundada

Acompañado por su hija Grabriela Patishtán Ruiz y su nieta Génesis, de apenas tres meses, indicó: como sabrán, ayer todos estábamos esperanzados de que las autoridades demostraran un poco de justicia, pero no fue así sino todo lo contrario, aseveró.

Los magistrados dicen que está infundado (el incidente de reconocimiento de inocencia), y yo afirmo que he dicho mi verdad, la cual no puede ser infundada, está fundada en base a la palabra de Dios; no estoy mintiendo, manifestó el maestro originario del municipio de El Bosque, situado en el norte de Chiapas.

Tengo la conciencia limpia, dijo Alberto Patishtán ayer en conferencia de prensa en el penal de San Cristóbal de las Casas. En la imagen, con su nieta Génesis Foto Elio Henríquez
Las autoridades no ven como yo lo veo; si les prestara mis ojos creo que serían las cosas diferentes; si les prestara la conciencia que tengo, las cosas serían diferentes, expresó, al tiempo de subrayar: “no me voy a quedar callado, seguiré luchando y la verdad  tiene que saberse algún día. Estoy tranquilo, un poco indignado por lo que pasó, pero aquí estoy echándole ganas para buscar la libertad.

Tengo la conciencia limpia, y eso me da tranquilidad, ánimo y fuerzas para seguir viviendo; no importa dónde esté, lo importante es que estemos vivos, aseguró.

Cuando se le preguntó qué piensa de los magistrados que le negaron su liberación, respondió: yo sólo voy a orar por ellos, porque los delincuentes no somos nosotros. No le guardo rencor a ningún magistrado, si lo hacen es porque no tienen conciencia. Ojala un día les toque sus corazones y vean las cosas como las quiero ver, con un México diferente, donde estemos todos en paz.

En tanto, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, afirmó que es injusto que el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito haya negado la liberación a Patishtán Gómez, y dijo que ahora debe proceder el indulto.

Patishtán lleva 13 años preso, acusado de homicidio calificado y lesiones, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego  prohibidas, por su presunta participación en una emboscada ocurrida en 2000 en El Bosque. En aquella agresión, murieron seis policías estatales y uno municipal.

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NACION MAPUCHE
URGENTE FUERZAS POLICIALES Y PETROLEROS RODEAN A COMUNIDAD MAPUCHE EN NEUQUEN

Viernes, 13 de Septiembre de 2013 18:06
Los hermanos mapuches temen acciones violentas contra la comunidad

(AW) La comunidad mapuche de WinculNewenesta rodeada por personal policial y grupos patoteros afines a las empresas petroleras, así lo informa la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, que recibió un dramático mensaje de Martín Maliqueo , desde Portezuelo Chico. Estamos a la espera de más informaciones.

Comunicado urgente desde Neuquén: Comunidad Mapuche rodeada por policías y petroleros__

Difundimos la situación de la comunidad de WinculNewen, que se viene viviendo desde hace algunas horas atrás.

“Lamentamos y repudiamos con todas nuestras fuerzas el accionar que se está llevando a cabo contra el LofWinculNewen de nuestros hermanos mapuches.

A continuación transcribimos textual mensaje recibido:

“Mari marikompu che, estamos rodeado x petrolero, policía y parapoliciales”

“Pasar la info. Mensaje de MaritínMaliqueoLofWinculNewen. Portezuelo chico.”

“Opera Apache.”

Exigimos detener estas acciones contra nuestros hermanos de la tierra, esperamos que no haya que lamentar consecuencias indeseables y que la sociedad conozca el nombre de el o los responsables.

Queremenos vivir en paz.

En defensa del agua pura NO al “fracking”.

Neuquén, setiembre 11 del 2013

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua”

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COLOMBIA

Lanzamiento Cumbre Nacional Agraria


12 Septiembre 2013

Con el sol llegaron cientos de delegados y delegadas al Lanzamiento de la Cumbre Nacional Agraria y Popular propuesta por las organizaciones, plataformas y movimientos que participaron del Paro Nacional que aún ondea sus banderas en los lugares que durante 21 días se presentaron tomas de carreteras y concentraciones.

En buses, chivas y a pie los rostros campesinos, indígenas y voces del campo se sumaron al lanzamiento de un escenario que le apunta a “contribuir a la definición de las rutas estratégicas de unidad que determinen acciones políticas desde los sectores sociales y populares de Colombia” y se opone al Pacto Agrario que paralelamente se organiza desde Presidencia de la República.

“Hoy estamos aquí los verdaderos representantes del campo, los que sabemos que es un azadón, los que sabemos que es labrar la tierra. Estamos acá los que durante décadas y generaciones hemos dignificado el campo y los que hoy le decimos a Santos que no estamos de acuerdo con su dichoso pacto agrario y su mentado ministro de agricultura”  arengó una de las lideresas campesinas del departamento del Huila mientras se ondeaban banderas de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) y del Coordinador Nacional Agrario (CNA).

Hacia las 10am y con la participación del Representante a la Cámara Iván Cepeda, la Senadora Gloria Inés Ramírez y el Representante a la circunscripción indígena  Hernando Hernández Tapasco se dio inicio al acto de apertura del lanzamiento de la cumbre.

En el acto de apertura fueron recurrentes los llamados al Gobierno Nacional a  tener en cuenta que un pacto nacional agrario no se puede hacer entre empresarios y gobierno. También se ratifico que el paro nacional agrario y popular continua y que se espera que el “Gobierno cumpla con lo pactado y se siente seriamente a trabajar sobre los puntos expuestos en los pliegos nacionales de petición”.

VIDEO PRESENTACIÓN CUMBRE AGRARIA

Declaración política, Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular

13 Septiembre 2013

Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.

El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.

Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros líderes,  con la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos  de  violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en  todo el país, 262  detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil  en diferentes departamentos del país.

El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en general generada por políticas que han empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios. Como si fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.

Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos  indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos  de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria,  insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.

En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas  para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo anterior solo se lograra con la  adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.

Exigimos   que   el   Estado   fije   precios   de   sustentación   para   la   producción   campesina,  que se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.

En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.

Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del Estado.

Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el campesinado colombiano.

Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.

Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este momento histórico.

Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que haya terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que confluimos en este espacio

Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso organizativo.

Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores populares y sociales, que permitan construir las propuestas, soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.

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COLOMBIA
El segundo tiempo de la lucha agropecuaria y popular

11 Septiembre 2013
La firma de un acuerdo entre la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gobierno en cabeza de Angelino Garzón, inauguró –desde el punto de vista de los medios de comunicación ofíciales– el fin del Paro Nacional Agropecuario y Popular iniciado el pasado 19 de agosto, ya que el vicepresidente junto con los gobernadores participes en el encuentro de Popayán, garantizaron que el campesinado despejara las vías.

Lamentablemente, la realidad dice lo contrario. Los campesinos se mantienen en las orillas de las carreteras, esperando el cumplimiento del acuerdo logrado con Garzón: tras el despeje de las vías viene la instalación de una mesa entre la MIA y una comisión del alto gobierno. Por lo tanto, y como lo expresó Jorge Espítia, caficultor de Dolores-Tolima y participe de la reunión con el vicepresidente, “estamos en asambleas permanentes, discutiendo todo el pliego de exigencias que tenemos para presentarle al gobierno nacional”.

Al respecto, los campesinos concentrados en Castilla-Coyaima, el casco urbano de Rovira y otros puntos, demuestra su apuesta por prepararse para interlocutor con el gobierno, en tanto se reúnen constantemente y procuran ganar el máximo apoyo social.

HACIA LA CUMBRE NACIONAL AGRARIA Y POPULAR

IMG-20130910-00100.jpgDanilo López –caficultor de Ibagué– señaló que el campesinado también se esta preparando para reunirse en un evento opuesto al pacto por el agro convocado por el gobierno de Juan Manuel Santos el próximo 12 de septiembre: “nosotros también convocamos a nuestras fuerzas sociales para el mismo 12 en un evento nacional que se va a hacer en Bogotá, donde vamos a llegar todos los actores en conflicto y todos los sectores que reclamamos nuestros derechos, que somos excluidos del desarrollo económico en el campo y del derecho de tener precios de sustentación y condiciones al menos medianamente favorables para nuestra vida. Entonces, vamos a hacer nuestro propio pacto”.

Esta decisión, la cual es la determinación de la MIA-Nacional, se soporta en una lectura critica del espacio gubernamental. Según López, “el pacto convocado por el gobierno esta convocando es a su clase, a la clase que  ha generado la miseria, la pobreza, que ha despojado a todos los campesinos de sus tierras”. “Entonces es imposible que nosotros estemos en medio de semejantes actores que lo que esta haciendo es reestructurar sus posturas para impedir la reforma agraria, los cambios sociales que se reclaman y el derecho que tenemos los campesinos de conquistar para nosotros un mejor bienestar social”, añadió López.

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COLOMBIA

Las FARC están  con las mayorías campesinas y rurales

/La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 14 de 2013/

El paro agrario y sus ecos de indignación y de interpelación al régimen
que no cesan, ha tenido la respuesta gubernamental de siempre: prometer,
engañar, reprimir y continuar con la miserabilización  del campo y la
entrega de la soberanía patria a las trasnacionales, más recientemente
mediante los Tratados de Libre Comercio. Su despliegue con más sectores
se inició el 19 de agosto, y ha sido impresionante el flujo de
compatriotas que con sus propias reivindicaciones o con las banderas de
la solidaridad se han sumado, convergiendo finalmente en consignas
reivindicativas y con objetivos políticos, que exigen cambios urgentes
en las políticas económicas, sobre todo agrarias, que han tomado el
rumbo de la reprimarización y la financiarización de la economía en
detrimento de las mayorías.

Todas las exigencias de los manifestantes son viejas aspiraciones
postergadas que ha conducido al país al fondo de la miseria y de una
confrontación entre compatriotas que ya cumple más de medio siglo sin
soluciones. En La Habana, coetáneamente, se buscan los caminos para
alcanzar la paz estable y duradera, con la particularidad que, aunque el
discurso de paz esté en boca de los gobernantes, sus acciones son de
hostilidad económica y bélica contra los desposeídos.

No cesan los proyectos neoliberales y la represión, pero no cesa tampoco
el alzamiento de las pobrerías: los mineros  se levantan, los campesinos
lanzan su producción a las carreteras porque pierden menos así que
vendiendo el fruto de su trabajo;  los educadores paralizan sus labores
y se movilizan, los estudiantes elevan sus voces de rebeldía peleando
por una educación de calidad, por su gratuidad y la ampliación de su
cobertura; en fin, el  escenario político se agita, pero la protesta
social se desborda y el régimen en el desespero de su avaricia,  mancha
de sangre la contienda; es la sangre de los de abajo, que como héroes
descamisados reciben los balazos, las bombas aturdidoras, los gases y la
brutalidad de las fuerzas de represión, especialmente del Escuadrón
Móvil Anti-Disturbios, ESMAD.

En medio de la dramática situación Santos anuncia un “Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural” para hacer la “refundación del campo
colombiano” y lanzar luego de una reunión de encorbatados, con la
ausencia de los de ruana, decretos limosneros con los que dice que se
“satisface parcialmente las demandas” del campesinado. Y se manifiesta
que las decisiones están en coincidencia con lo que se ha acordado en la
Mesa de Diálogos de la Habana. Algo muy fácil de afirmar cuando el país
no conoce la totalidad de unos convenios en los que existen salvedades
sobre temas vitales para la sobrevivencia de la población rural y sus
economías. Ya es hora de levantar el manto de secretismo que sin razón
se ha tendido sobre estos asuntos de interés nacional.

Los indignados, los verdaderos protagonistas del paro, han tenido que
hacer su propia mesa alternativa, mientras se aumenta la burocracia del
viceministro del desarrollo rural, mientras se dice que habrá control
para fertilizantes y plaguicidas, que se eliminan aranceles para algunas
partidas de insumos para el agro, que se elimina el contingente para los
lacto-sueros, etc, etc, pero nada se dice de ponerle punto final a los
apátridas Tratados de Libre Comercio que son lo que más ruina traen al
campo, y nada tampoco se dice de parar la extranjerización de la tierra,
o de su redistribución a partir de la culminación del latifundismo, que
son problemas de fondo en esta larga noche de abandono al campo, que
jamás gobierno alguno ha querido tocar para no incomodar a las clases
pudientes de nuestro país, que ya están devorando la Altillanura
colombiana, pero que ahora, aprovechando el paro, logran acomodarse con
más gabelas que el gobierno entrega a partir de un supuesto equilibrio
razonable, que según sus cuentas también debe beneficiar a los empresarios.

El problema no se resuelve con oportunismo y paños de agua tibia que han
podido colocarse sin que para ello hubiese que esperar a que la gente se
rebote. Las migajas no valen los muertos, los heridos y los
judicializados que han dejado por centenares las recientes
movilizaciones, ni es por las miserias del tal Pacto por lo que la
guerrilla se ha alzado en armas. A nadie se debe engañar diciendo que
estas medidas intrascendentes, que no se corresponden con los anhelos de
la población rural, son la concreción de lo que la insurgencia ha
planteado en La Habana.

Unos 2500 representantes de las comunidades rurales y populares en paro
se reunieron el jueves en una cumbre que ratifica las medidas de lucha y
exige una verdadera reforma agraria, repudiando el pacto nacional de los
empresarios, que precisamente han sido cuestionados por los
manifestantes en la medida en que nadie quiere que se reedite el viejo
pacto de Chicoral que impida la reforma agraria necesaria; nadie quiere
que con el cuento de la asociatividad entre estos empresarios y los
campesinos, se le abra paso a una forma legal de despojo. Nadie quiere,
el pacto del zorro con la gallina.

Las FARC están  con las mayorías campesinas y rurales, y si en la Habana
se avanza en la discusión del punto de Participación Política, son las
organizaciones sociales y populares las que deben llevar la voz cantante.

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COLOMBIA

*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

LAS OCHO PROPUESTAS DE LAS FARC
QUE LLEGAN DESDE LA HABANA

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 11 de 2013
Ocho propuestas mínimas de estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América

En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al punto sobre “Estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América”:
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana frente a los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.
7. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración.
8. Promoción de un nuevo orden económico internacional democrático y participativo.
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.

Se proveerán los diseños constitucionales a que hubiere lugar para garantizar que la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, además de basarse en la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, se fundamenten en el respeto efectivo a los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación, así como en el diseño de mecanismos de participación, consulta y control social y popular. Las facultades que tienen los poderes públicos serán redefinidas en consideración al necesario reconocimiento constitucional del Poder popular, al cual se le concederán funciones en esta materia.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.

Los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrados constitucionalmente serán objeto de control social y popular y de veeduría ciudadana. Los tratados de libre comercio, los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, así como los acuerdos de integración, previa suscripción, deberán ser sometidos a procesos de consulta con el Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa y con el máximo órgano del Poder Popular, sin perjuicio de las facultades que en esa materia le corresponden al Congreso y a la Corte Constitucional. En todo caso, no podrán suscribirse tratados que afecten la producción y el ingreso de pequeños y medianos productores, el trabajo, y la soberanía alimentaria. Una vez suscritos lo tratados o acuerdos, se creará una Comisión técnica de control y seguimiento de sus impactos, que deberá contar con la participación social y popular. Tal comisión deberá producir informes anuales vinculantes, que incluirán acciones tendientes a la denuncia, la suspensión o el establecimiento de salvaguardas, según el caso. Sin perjuicio del trabajo de la Comisión, se estimulará la veeduría ciudadana.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.

Se reconocerá y garantizará la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrado constitucionalmente a través del mecanismo de la consulta popular.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.

Mientras se surten los trámites de denuncia o suspensión de tratados que vulneren los derechos de la población, o afecten la pequeña y mediana producción, y la soberanía alimentaria, se dispondrán medidas de salvaguarda y compensación para los grupos poblacionales o las comunidades afectadas. Tales medidas deberán ser concertadas con los afectados e incluirán la disposición correspondiente de recursos del presupuesto nacional
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.

Las políticas de internacionalización privilegiarán los procesos de integración de Nuestra América, siempre y cuando éstos posean un carácter integral, político, económico, social y cultural, contribuyan al fortalecimiento regional frente a los poderes trasnacionales estatales o corporativos, al hermanamiento, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y sus economías. En el entendido que la verdadera integración es esencialmente entre los pueblos, se estimulará la participación social y popular en los procesos de integración, especialmente en la UNASUR y la CELAC. Para tal efecto, se creará una instancia nacional de la participación social y popular y se promoverá un diseño correspondiente en el orden regional. En el caso de la participación política en el Parlamento Andino o en nuevos órganos o instancias de elección popular que se conformen, se establecerá una circunscripción especial para garantizar la representación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Procesos de integración reducidos al libre comercio se consideran impropios y excluyentes por contemplar exclusivamente los intereses de empresas transnacionales y poderosos grupos económicos, por promover inserciones en la economía mundial que acentúan la dependencia externa, y menoscabar los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación.
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.

Con miras a fortalecer la participación en los procesos de integración de los pueblos de Nuestra América, se garantizarán y estimularán iniciativas sociales y populares de carácter político, económico, social, cultural. Se apoyarán articulaciones o trabajos en red, congresos o encuentros de organizaciones sociales y populares, de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país con organizaciones de los países hermanos de la Región. Especial atención merecerán los intercambios económicos directos entre economías sociales y populares, basadas en la cooperación, la solidaridad y el intercambio justo y equitativo.
7.Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América.

Se promoverá el control social y popular y la veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América. Para tal efecto, se conformará una Comisión de la Participación social en procesos de integración, integrada con representantes de las organizaciones sociales y populares y de las comunidades organizadas; cumplirá funciones de evaluación de los procesos y, en especial, de la participación social en ellos, incluidas las acciones a emprender para garantizarla de manera efectiva. La comisión funcionará sin perjuicio de iniciativas de veeduría ciudadana.
8.Promoción de un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo.

La función principal de la participación social y popular en los procesos de internacionalización en los diferentes ámbitos consiste en contribuir a promover un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo, basado en el internacionalismo, la solidaridad, la cooperación, la justicia social y el intercambio equitativo; orientado a superar las relaciones de dominación y explotación impuestas a escala planetaria por poderes imperiales, transnacionales, corporativos, militares y financieros; y garante efectivo de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población mundial.En defensa de la soberanía nacional se procederá a retirar las bases o instalaciones militares extranjeras que por concepto de cualquier tratado o convenio estén asentadas en territorio colombiano.
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PARAGUAY

Campesinos resisten a la militarización de Paraguay

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) de Paraguay inició el martes el corte de rutas en protesta por la militarización del país y las precarias condiciones de vida. El reclamo campesino desnuda la realidad tras el golpe parlamentario que sacó a Fernando Lugo del poder.
Los campesinos paraguayos iniciaron así una serie de marchas y cierres de rutas en el norte del país para rechazar la militarización de la zona y reclamar medidas sociales de combate a la miseria.

Los primeros cortes registrados ayer fueron en los departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción, pero hoy tienen prevista una movilización en el centro de la capital del país, Asunción. La MCNOC reclama medidas para salvar al agro paraguayo pero también protestan contra la militarización y la criminalización de la lucha social. De hecho, señalaron que se han producido detenciones de varios militantes que luchan por la tierra, acusados de tener vínculo con el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Elvio Benítez, concejal municipal en San Pedro, aseguraba ayer que “lo que mata es el hambre, no el grupo armado”.

El lunes, antes de comenzar la protesta, se reunieron decenas de representantes de organizaciones y comunidades de San Pedro, Concepción y Amambay, los tres departamentos militarizados con la disculpa de combatir al EPP.

Salomón Ruiz, uno de los líderes de la MCNOC llamó también a frenar el avance de lo que denominó agricultura genocida empresarial con la liquidación de las siembras familiares y anunció se ejecutarán como protesta ocupaciones de terrenos de grandes latifundistas.

En una entrevista concedida a Prensa Latina, el ex presidente Fernando Lugo vaticinó que el movimiento campesino del norte será contagioso: “Eso se irá repitiendo, no será solamente en el norte, porque programas sociales presupuestados para el 2012 no se cumplieron y otros que habíamos iniciado, continuado o profundizados en nuestro gobierno tampoco se siguieron”.

El problema de fondo

El Gobierno y las fuerzas de seguridad de Paraguay insisten en que la militarización del norte del país es indispensable y presentan al EPP como una fuerza agresiva que tiene control sobre la zona. De hecho, el Gobierno de Horacio Cartes ha dado un giro en el tratamiento del EPP al calificarlo oficialmente como guerrilla. El presidente envió urgentemente al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. En su exposición, plantea agregar un inciso al artículo 56 de esa ley con un texto que pretende perseguir las acciones del EPP como terrorismo: “En los casos calificados como terrorismo, de conformidad a la Ley Nº 4024/10 que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación Terrorista y financiamiento del terrorismo”.

Pero hay otra realidad oculta. Clyde Soto lo ha señalado en un artículo publicado por EA. Feminista y activista de derechos humanos, investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE) y representante institucional ante la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Soto asegura que hay “un patrón represivo irrespetuoso de los derechos humanos” promocionado por el Estado.

Ese patrón pasa por la “identificación (y, a veces, generación) de un enemigo”, “instalación de un argumentario que justifique la represión”, “deshumanización y demonización de las eventuales víctimas del patrón represivo” y “desactivación de la capacidad de defensa ante las violaciones”. En el caso de Paraguay hay que sumar la “invisibilidad” informativa mundial sobre lo que allá acontece.

“El proceso de militarización de la seguridad interna en el Paraguay anda siguiendo los caminos de este circuito, por demás conocido en este país donde una larga dictadura nos enseñó en la propia piel lo que significa vivir bajo un autoritarismo represivo. Dictadura que dejó huellas potentes y muy actuales en mentalidades sujetas a los supuestos de este sistema autoritario”, explica Soto.

La activista también denuncia como la élite mediática está haciendo el trabajo sucio de señalar a los defensores de derechos humanos como enemigos: “el editorial de ABC Color del 1 de septiembre de 2013, digno de la más rancia escuela represora de cuño stronista, debe ser entendido como un importante ejemplo de este tipo de discurso. La mención explícita de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), de su secretario ejecutivo Enrique Gauto, del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) y del activista Abel Irala, a más de organizaciones y actores políticos, son veladas amenazas que se ciernen sobre el conjunto de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos del Paraguay”.

Clyde Soto anuncia que Paraguay está volviendo a lo “más profundo del pozo autoritario”.

Fuente: Otramérica
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PARAGUAY

Soja expulsó a 900 mil campesinos en 10 años, según estudio rural

Existe una relación inversa entre producción de alimento y cantidad de población consumidora, porque las ciudades están cada vez más pobladas, pero hay menos productores en la agricultura familiar campesina, según un estudio de los investigadores Quintín Riquelme y Elsy Vera.

El estudio lleva por título “La otra cara de la soja – El impacto del agronegocio sobre la producción de alimentos y la agricultura familiar campesina en el Paraguay”, bajo el patrocinio del Proyecto Acción Ciudadana contra el Hambre y por el Derecho a la Alimentación.

En el Departamento Central había en 2002 aproximadamente 1,3 millones de habitantes; actualmente hay unos 2,2 millones, algunos de los cuales forman el cinturón de pobreza. En diez años, unas 900.000 personas se sumaron a la población de los centros urbanos.

La población rural del Paraguay en 2002 fue de 2,2 millones de habitantes (43,3% del total del país); pero hubo una rápida disminución relativa de la población rural con respecto a la urbana. Diez años atrás la proporción era de 49 a 51; sin embargo, en solo una década la misma bajó a 43,3 contra 56,7, según la investigación.

Datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 –todavía en proceso de elaboración– estima en 6.672.631 habitantes la población paraguaya actual, de los cuales el 41,1% corresponde al sector rural y 58,9%, al urbano.

El investigador también indica que muchos distritos (de Alto Paraná en particular) llegan ya a casi un 70% de su superficie cultivada con sojales, y otros departamentos estudiados (Caazapá, Caaguazú, San Pedro y Paraguarí) van hacia esos niveles por el avance de la frontera agrícola.

También dice que de 2008 a 2011 la importación de alimentos se elevó 50%; mientras que la cebolla de cabeza se importa ahora en un 86% de Argentina y 4% del Brasil; en tanto que la papa se importa en un 97% de ambos países, lo mismo que otras hortalizas.

Fuente: Última Hora

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